Creación de Tribunal de disciplina al Poder Judicial representa regresar a la inquisición: Consejera del PJF
Luis Carlos Rodríguez y Enrique Gómez
Durante su participación en Diálogos de la Reforma Judicial realizado en Veracruz, la magistrada consejera de la Judicatura Federal, Lilia Mónica López Benítez, aseveró que la creación de un Tribunal de Disciplina atenta contra los principios de la independencia judicial.
“La creación de un Tribunal de disciplina no cambiaría esta obligación por ende este órgano no debe revisar el criterio jurisdiccional pues existe todo un sistema Sal con instancias y mecanismos de impugnación pretender lo contrario constituiría al Tribunal de disciplina en un órgano inquisitorio y de persecución”, afrimó López.
Además, dijo que la creación de un Tribunal de Disciplina en el Poder Judicial de la Federación (PJF) atenta “contra los principios constitucionales y tratados internacionales que establecen la obligación de los estados de garantizar la independencia judicial“.
Consideró que provocaría una etapa de inquisición y persecución en contra de juezas, jueces, magistrados y magistradas por un mal diagnóstico sobre el Poder Judicial incluido en la reforma presentada por el Ejecutivo.
Argumentó que la reforma también elige al Tribunal de Disciplina como órgano terminal, lo cual vulnera el derecho a un recurso efectivo y deja en estado de indefensión a las y los servidores públicos judiciales, principalmente por la “elección de sus integrantes por voto popular al ser inevitable general consignas y compromisos que restarán objetividad al investigar y sancionar”.
Advirtió sobre la forma de realizar las evaluaciones a pesar de la existencia de controles qué ya se realizan por el Poder Judicial.
“Lo más preocupante es que la iniciativa pretende que el Tribunal de disciplina revise si las y los juzgadores se excedieron en el ejercicio de la función jurisdiccional, no atendieron el interés público o por la percepción de que sus resoluciones invaden competencias del Ejecutivo y legislativo las personas juzgadoras estamos obligadas a resolver con fundamento en el marco constitucional legal y convencional”.
“Se carece de un diagnóstico adecuado y soporte estadístico pertinente, ya que en la mayoría de los casos se debe tomar en cuenta la complejidad de los asuntos, su volumen y el incremento de litigios que generan una exorbitante carga de trabajo que solo podrá abatirse con recursos presupuestales suficientes para instalar más juzgados y tribunales y contar con personal capacitado”, sostuvo Mónica López Benítez.
Con información de El Universal
