Las implicaciones de la reforma judicial en la justicia penal
Gerardo Álvarez
La iniciativa de reforma constitucional en materia judicial del presidente López Obrador se ha colocado como uno de los temas centrales en la actual conversación pública. La propuesta busca transformar radicalmente al Poder Judicial de la Federación y, eventualmente, a los 32 poderes judiciales locales.
De aprobarse, supondría cambios profundos a la función judicial, que es compleja y diversa, afectando todas materias de impartición de justicia en México: la penal, civil, familiar, administrativo, laboral, electoral, etcétera. En este breve texto abordaremos cómo impactará específicamente a la impartición de justicia en el sistema de justicia penal, en donde se encuentran en juego la vida y libertad de las personas.
El derecho penal es la ultima ratio: el poder punitivo es el último recurso que tiene el Estado para atender un hecho social determinado. Por ello, todo cambio trascendental en el sistema de justicia penal debe llevarse a cabo con prudencia, seriedad, honestidad, así como con miras de mejora y progresividad en los derechos humanos.
Lamentablemente, la reforma planteada en sus términos actuales generará problemas graves de debido proceso y derechos humanos en el contexto del procedimiento penal. Aquí expongo tres razones:
No atiende un punto central: la impunidad
De acuerdo con el INEGI, 21.1 millones de personas mayores de 18 años fueron víctimas de algún delito en 2022, de los que sólo un 10.9 % fueron denunciados ante una fiscalía, autoridad encargada de la procuración de justicia ajena al Poder Judicial. De éste último porcentaje, la fiscalía correspondiente inició una carpeta de investigación en el 69.3 % de los casos. Es decir, durante 2022 se denunció e inició una carpeta de investigación únicamente en el 7.6 % de aquellos 21 millones de delitos cometidos.
Ahora bien: de ese 7.6 % de casos en que sí se inició una investigación, en casi la mitad de los casos “no pasó nada o no se continuó la investigación”, lo que nos remite a una cifra contundente: poco menos del 1 % de los más de 21 millones de delitos cometidos en 2022 fue atendido por el Poder Judicial.
¿Qué pasa con el 99 % restante? La reforma judicial no aborda este tema. Mejorar la justicia en México requiere necesariamente de la profesionalización de las fiscalías: fortalecer sus capacidades de investigación y litigio; contar con servicios periciales profesionales; establecer mecanismos para facilitar la denuncia; impulsar a la justicia cívica, entre otras acciones. El carácter sistémico del aparato de justicia significa que resulta imposible mejorar la justicia reformando lo jurisdiccional, sin tocar a las fiscalías.
Someter la función judicial penal a las lógicas electorales es problemático
Un aspecto preocupante de la propuesta de reforma es la elección popular de jueces y juezas, pues puede generar incentivos perversos para que las personas juezas, magistradas y ministras comiencen a tomar decisiones para obtener popularidad o apoyo político, aunque sean incompatibles con los derechos humanos. En este sentido, con tal de continuar en su puesto (o de ascender en el nuevo escalafón judicial), podrían emitir sentencias con el objetivo de que sean bien vistas ya sea por ser “de mano dura” o “tajantes contra los delincuentes”, pero no necesariamente justas o apegadas al derecho.
¿Qué va a pasar cuando un juez penal en alguna región muy conservadora sea abiertamente contrario al derecho de las mujeres y personas gestantes de decidir sobre su cuerpo cuando deba resolver al respecto? ¿Qué pasará cuando tenga criterios popularmente aceptados, pero racistas, clasistas o sexistas y eso determine su decisión sobre una persona acusada penalmente? ¿Qué sucederá cuando un juez tenga en sus manos el caso penal de un político con popularidad y aceptación pública?
Las personas juzgadoras no deberían tener que realizar un cálculo electoral al decidir sobre un asunto, especialmente cuando tienen en sus manos la libertad de una persona. Esta situación se podría prestar a graves injusticias que podrían incluso agravar dinámicas de desigualdad y discriminación.
La reforma dejaría procesos penales en el aire
En sus términos actuales, la reforma plantea destituir a todas las personas juzgadoras federales de un día para otro una vez aprobada. Esto acarrea muchos problemas: ¿qué pasará con los juicios que ya están en marcha? ¿Qué deparará a todas las personas que están actualmente en prisión preventiva (oficiosa o justificada) esperando su sentencia? ¿En dónde quedan los derechos de las víctimas?
La reforma penal de 2008 estableció que en México se cumpliría con el principio de inmediación, que dicta que la etapa de juicio oral debe ser atendida y resuelta por la misma persona juzgadora de inicio a fin, quien no puede delegar ninguna de sus funciones. ¿Vamos a renunciar a esta garantía del debido proceso?
Una reforma al Poder Judicial que en verdad mejore el sistema de justicia debería tomar acciones para atender el problema estructural de la impunidad y la inseguridad. Pero la libertad de las personas amerita que lo hagamos bien: con base en la evidencia, sin retrocesos democráticos y de manera integral.
El reemplazo de toda la judicatura actual por una electa popularmente no implicará ninguna mejora por sí misma. Al contrario, traerá diversos problemas para la impartición de justicia en el corto y mediano plazo. Al revisar la propuesta, el Poder Legislativo debe poner la lupa en estos peligrosos riesgos y hacer las modificaciones pertinentes para avanzar a una reforma viable y que efectivamente dote a las personas juzgadoras de mayor independencia judicial y garantice el derecho de todas las personas al acceso a la justicia.
* Gerardo Álvarez es investigador en la dirección de Incidencia Política de México Unido Contra la Delincuencia. Ha litigado sobre derechos humanos y derecho administrativo y regulatorio, con énfasis en el juicio de amparo y el procedimiento contencioso administrativo. Ha realizado investigación y análisis sobre seguridad ciudadana, política de drogas, militarización y control de armas.
Con información de Animal Político
