Prisión preventiva oficiosa aumentó la población penitenciaria

24 de julio de 2024

Facundo Rosas

Como era de esperarse, a casi 3 años de haberse incrementado el catálogo de delitos que se sancionan con Prisión Preventiva Oficiosa (PPO), la población penitenciaria también aumentó.

Así se desprende del más reciente Censo Nacional del Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2024 del INEGI, cuyo análisis aún puede arrojar mayor claridad sobre los factores que contribuyen en el clima de inseguridad que prevalece en el país.

Sobre el particular habrá que considerar que el 19 de febrero de 2021 entró en vigor la reforma al Artículo 19 Constitucional mediante la cual el catálogo de delitos que se sancionan con PPO se amplió de 6 a 16.

Los delitos agregados a dicho catálogo fueron abuso o violencia sexual contra menores, feminicidio, trata de personas, robo a casa-habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción (enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones), robo a transporte de carga, delitos en materia de hidrocarburos, delitos en materia de desaparición forzada y delitos en materia de armas de fuego.

No debe perderse de vista que la prisión preventiva (oficiosa o justificada) es una medida cautelar de varias que existen y su objetivo es garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado este siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por un delito doloso.

Cabe recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante acción de inconstitucionalidad bajo el número 130/2019 declaró como inconstitucional la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa (Artículo 19 constitucional) y que en enero de 2023 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) resolvió que México debe adecuar sus leyes, incluyendo la Constitución, para que sea eliminada la prisión preventiva oficiosa por ser inconvencional (Caso García Rodríguez y otro vs México), lo cual no ha surtido efecto.

Pero ahora vayamos a los números, entre 2020 (último año con el catálogo de 6 delitos con prisión preventiva oficiosa) y 2023 (tercer año con el catálogo de 16 delitos), la población penitenciaria total se incrementó en 10.5%, al pasar de 211 mil 154 internos a 233 mil 277; a nivel estatal el aumento fue de 9%, al pasar de 194 mil 826 internos a 212 mil 425, mientras que a nivel federal el incremento fue de 27.7%, al pasar de 16 mil 328 internos a 20 mil 852, es decir que aumentó más la población penitenciaria federal, aunque en los penales federales no solo hay procesados o sentenciados por delitos federales.

Sin embargo, el ámbito en el que se aprecia mejor el aumento es en los penales estatales, donde los ingresos registrados entre 2020 y 2023 se incrementaron 38.7%; comportamiento similar se observa al sumar la población penitenciaria estatal y federal, que registró un aumento del 34%.

El rubro en el que se observó un descenso en el número ingresos entre 2020 y 2023 fue en la población penitenciaria federal, con un 50.5%, aunque por su reducido número en comparación con la población estatal, este no impactó en el total nacional.

No obstante el incremento en la población penitenciaria en los últimos 3 años, entre las reformas constitucionales enviadas por el ejecutivo federal al Congreso el 6 de febrero del año en curso, destaca una que propone aumentar hasta 22 el número de delitos que se sancionan con PPO. En dicha iniciativa se agregan los delitos de extorsión, narcomenudeo, defraudación fiscal, contrabando, expedición y compra de facturas, así como preparación, enajenación, adquisición, importación, exportación, almacenamiento y distribución de drogas sintéticas, en particular el fentanilo, aunque lo más relevante de la propuesta de reforma es modificar la redacción del Artículo 19 Constitucional de “el juez ordenará la prisión preventiva oficiosa” por la de “el juez debe ordenar la prisión preventiva oficiosa”, razón por la cual se dice que se trata de una forma de “prisión automática”. Pese a la premura de la iniciativa, su impacto lo veremos dentro de 3 años.