De Adriana Ochoa, la estatua de El Camarón, la UAS, la violencia y los diputados cínicos
Álvaro Aragón Ayala
Quizá Adriana Margarita Ochoa del Toro, coordinadora de comunicación social, sea la única firme en el gabinete de Rubén Rocha Moya, quizá. Conoce secretos, infidencias y confidencias y el grado de “prostitución” de los medios de comunicación y periodistas. Le hace falta al gobernador. Soltarla sería un riesgo porque sabe demasiado.
Aunque en un principio se creyó que renunciaría por el “ritmo” de los planes gubernamentales, Ochoa del Toro se acopló al carácter de Rubén Rocha y pese a que no se siente muy tranquila con la cercanía de Enrique Inzunza Cazarez, secretario general de Gobierno, también se sincroniza con él para armar jugadas que antes jamás creyó que se atrevería cursar.
No se sabe todavía cual será la calificación de Adriana Ochoa al final de la jornada rochista, si es que logra llegar al 2027, ni tampoco como se valorará su paso – ¿histórico? – por la función pública-periodística, si se toma en consideración que brega con los medios de comunicación que han renunciado a la difusión de la verdad a cambio de millonarios contratos de publicidad.
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Son persistentes los intentos de los diputados de Morena por tomar por asalto la Universidad Autónoma de Sinaloa. No les funcionó la fabricación de la Ley Estatal de Educación Superior, violatoria a la autonomía universitaria, y ahora pretenden, a “chaleco”, por sus pistolas, reformar la Ley Orgánica de la institución.
Ante la nueva asonada, el encargado del despacho de rectoría, Robespierre Lizárraga Otero, pidió la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador en el conflicto que existe entre el Gobierno de Sinaloa y la UAS, para evitar que el Congreso del Estado al margen de la Constitución modifique la Ley Orgánica de la Universidad.
“…estos nuevos excesos del Congreso local deben cesar de manera inmediata, por lo que respetuosamente reiteramos nuestra solicitud de su respaldo y acompañamiento, para que se recupere el espíritu de la Ley que usted promovió y que hicimos nuestra cada uno de sus principios, como la universalidad de la inclusión, y por ser respetuosa de la Autonomía Universitaria”, planteó Robespierre.
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No se les ocurrió a los mazatlecos que siempre exigen que todos los recursos estatales y federales de apoyo a la actividad turística se concentren en el puerto. La idea de levantar una Estatua del Camarón surgió de un grupo de empresarios acuacultores de Ahome. El proyecto fue abrazado por el alcalde Gerardo Vargas Landeros y ya es noticia a nivel nacional.
El camarón gigante que será donado por empresarios acuacultores no sólo será un monumento, sino que contará con escaleras internas que conducirán a un mirador, convirtiéndolo en una zona turística más de la ciudad de Los Mochis. El lugar de la instalación de la estatua aun no se define. Mientras aterriza este proyecto ya se piensa incluso en otro: en la creación del Museo del Camarón.
El presidente municipal explicó que la escultura formará parte del proyecto de embellecimiento de Los Mochis, donde en estrecha coordinación con el sector empresarial se contempla una arborización total, así como la rehabilitación de los puntos más emblemáticos, como la Plazuela 27 de Septiembre, el Cerro de la Memoria y la habilitación de las diferentes fuentes.
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En la época de la petrolización de la economía del país se fortalecieron las finanzas de los gobiernos de los estados y los municipios que contaban con recursos para la construcción de obras, algunas incluso innecesarias. El auge no duró muchos años.
Hoy el panorama es crítico. La deuda de Pemex es de 105 mil millones de dólares y no tiene manera de pagarla. Existe el riesgo de que el gobierno federal la convierta en deuda pública una vez que el Congreso de la Unión le quite la etiqueta de Empresa Productiva del Estado.
Alcaldes y gobernadores no tendrán pues oportunidad de que se fortalezcan o aumenten sus presupuestos en el 2025 con la aparente riqueza que “genera” Pemex, pues no hay tal; por el contrario, si la deuda de Pemex se decreta como pública, será una deuda de todos y se socializará el desastre financiero, algo así como el Fobaproa de la 4T.
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¡Qué cínicos! Diputados de Morena y dos que tres traidores del PRI y del PAN que sembraron un discurso de odio y criminalizaron en vida al fundador del PAS y ex Rector de la UAS, Héctor Melesio Cuén Ojeda, guardaron un minuto en homenaje a su memoria y legado.
Cuén Ojeda fue integrante del Poder Legislativo en el periodo 2013-2016 y se preparaba para asumir el cargo de diputado federal plurinominal. Fue asesinado de manera cobarde el jueves de la semana pasada por lo que parece ser la simulación de un asalto para despojarlo de su vehículo.
Diputados de Morena que le deseaban la muerte y que constantemente lo atacaban furiosamente ofrecieron un grotesco espectáculo al guardar de pie un minuto de silencio en honor a Cuén. Manuel Luque, Sergio Mario Arredondo, Juana Minerva Vázquez González, Feliciano Castro Meléndrez, de plano, volvieron a demostrar que son unos cínicos y desvergonzados.
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De 1990 a 2022 la violencia del narcotráfico acumuló 27 mil 463 homicidios en Sinaloa, más de cuatro veces las muertes civiles contabilizadas en la guerra de Ucrania. Hasta el ’22 había también, 5 mil 681 personas desaparecidas oficialmente. Falta contabilizar y sumar los asesinatos y las desapariciones del 2023 y 2024. El régimen rochista aún no termina.
Con Antonio Toledo Corro, gobernador de Sinaloa de 1981 a 1986, el narcotráfico se consolidó en Sinaloa. Luego vino Francisco Labastida, quien gobernó de 1987 a 1992. Durante su sexenio fue detenido Miguel Félix Gallardo en un operativo ordenado por la PGR. Era abril de 1989 y tres de los funcionarios de seguridad de Sinaloa aparecieron presentados como cómplices de Félix Gallardo.
Vino después el ingeniero agrónomo Renato Vega Alvarado, que gobernó Sinaloa de 1993 a 1998. Durante su gobierno sucedieron 1.6 asesinatos diarios y fue particularmente relevante la desaparición de tres jóvenes que acudieron a una fiesta en la colonia Las Quintas. Nunca aparecieron. Con Renato Vega prevaleció el disimulo en materia de seguridad pública.
Luego vino Juan S. Millán, gobernador de 1999 al 2004. Al final de su sexenio sucedió el asesinato de Rodolfo Carrillo Fuentes en Culiacán, hermano de “El Señor de los Cielos”, que evidenció cómo la Policía Ministerial, encabezada por Jesús Antonio Aguilar Íniguez, brindaba protección al crimen organizado. En un libro sobre sus memorias, del escritor Arturo Santamaría, Millán niega haber tenido conocimiento de la situación. Su sexenio promedió 1.25 asesinatos diarios.
Durante el sexenio de Jesús Aguilar Padilla, Felipe Calderón lanzó la “Guerra contra el narco” y en enero de 2008 Alfredo Beltrán Leyva, “El Mochomo”, fue capturado en pleno Culiacán desde donde operaba. Fue un periodo sangriento. También fueron asesinados el periodista Óscar Rivera; el presidente de los ganaderos, Enrique Mendívil, y el secretario de Turismo, Antonio Ibarra. En 2010 Sinaloa promedio 6.57 homicidios diarios.
Después vino Mario López Valdez y Quirino Ordaz Coppel, cuyas administraciones también fueron estigmatizadas por la violencia. Con Quirino se redujeron los asesinatos, pero aumentaron las desapariciones a casi tres diarias. El 17 de octubre de 2019, Culiacán vivió su primer jueves negro en un operativo fallido para detener a un capo del narcotráfico. Los delincuentes reaccionaron con acciones de narcoterrorismo en Culiacán y en ellas murieron tres víctimas inocentes, al menos otra decena de personas, y 11 militares fueron secuestrados. La derrota se la llevó el Gobierno Federal y Ordaz Coppel dijo no estar informado.
A poco más de un año de gobierno, Rocha Moya se enfrentó a un segundo jueves negro. Esta vez el operativo fue en la comunidad de Jesús María, Culiacán. El narcoterrorismo ahora tuvo escala estatal y hasta regional: se registraron 19 bloqueos y 250 despojos e incendios de vehículos desde Los Mochis hasta Escuinapa. Fueron abatidos 19 civiles y murieron 10 militares, cuatro civiles resultaron heridos. El estado entero fue paralizado y la gente fue obligada a resguardarse en casa.
El gobierno federal agradeció la colaboración de las autoridades estatales, pero Rocha Moya argumentó lo mismo que Quirino: tampoco le avisaron del operativo.
Al recuento del gobierno de Rubén Rocha se le suman los 66 “levantados” y crimenes de alto impacto. El sexenio aún no termina, pues le quedan tres años de Gobierno. Los sucesos de la semana pasada lo colocan en una posición muy incómoda ….
