Exigen justicia al ser presentado informe sobre la ‘guerra sucia’

Jessica Xantomila y Jared Laureles

La exigencia de justicia retumbó de nueva cuenta en el Centro Cultural Universitario (CCU) Tlatelolco. Fue la voz de las víctimas y sobrevivientes de la guerra sucia perpetrada por el Estado mexicano entre 1965 y 1990, tras la presentación del informe final respecto a estas graves violaciones a derechos humanos que presentaron los comisionados Abel Barrera, David Fernández Dávalos y Carlos Pérez Ricart, integrantes del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH) de la Comisión para la Verdad.

Frente a decenas de víctimas y sus familiares que llenaron el auditorio Alfonso García Robles, entre ellas Tita Radilla, Alicia de los Ríos y algunos miembros de la familia Cabañas, Abel Barrera señaló que el contenido de la colección Fue el Estado (1965-1990), que consta de seis volúmenes, no son simples palabras, son historias, vidas, sangre, dolor y esperanza.

La exposición se inició con un minuto de silencio por quienes sufrieron atrocidades como la desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial, así como por aquellos que fallecieron en su lucha por verdad y justicia.

Barrera, Pérez Ricart y Fernández Dávalos detallaron los hallazgos: la documentación de 8 mil 594 víctimas, así como 11 mil 743 violaciones graves a derechos humanos, 46 masacres y 123 mil 34 personas desplazadas forzadamente.

Expusieron casos particulares, como la desaparición de las comunidades El Salto Chiquito y La Peineta, en Guerrero, que bombardeó el Ejército y que ya no están. Asimismo, la masacre en Monte Chila, en Jolapa, Puebla, en 1970, que dejó 50 víctimas, y la violencia contra personas guatemaltecas refugiadas en el país.

Sobre este punto, Fernández Dávalos reveló que en la finca Puerto Rico, en Ococingo, Chiapas, hay alrededor de 300 personas inhumadas clandestina o irregularmente, de las cuales hemos solicitado su exhumación. Dijo que si bien algunas fallecieron por muerte natural, otras por incursiones del Ejército guatemalteco en territorio mexicano.

Los comisionados mencionaron también que su indagatoria contiene listas de nombres de 4 mil 482 víctimas de la guerra sucia y de 591 perpetradores.

Fernández Dávalos aseguró que con la presentación del informe de ninguna manera se cierra la investigación de la verdad y la justicia, que tiene que seguir en el futuro, para que se esclarezca el pasado y se castigue a los responsables.

Advirtió que en la actualidad no hay garantías suficientes para que no se repita lo ocurrido en ese periodo, porque las estructuras de represión, de violencia (y) de procuración de justicia, están intactas, no se han desmantelado.

Indicó que la investigación arrojó que el Estado fue el que instrumentó y operó esta violencia estatal de una manera sistemática y generalizada en distintos contextos. Lo anterior, agregó, confirma que no fue una casualidad, que no fueron algunas manzanas podridas, como se dice ahora del Ejército; sino que había un plan realmente y la estructuración de un Estado para cometer estas violaciones.

En la presentación, el grupo de expertos expuso además algunas de las más de un centenar de recomendaciones que dejan para dar continuidad a su mandato que se inició en diciembre de 2021 y concluye el 30 de septiembre próximo.

Entre ellas, que el Presidente ofrezca una disculpa pública y reconozca la responsabilidad del Estado en estas violencias perpetradas entre 1965 y 1990. También, que se conforme un mecanismo de seguimiento a las recomendaciones y hallazgos, y la creación de un centro nacional de memorias para los derechos humanos.

Igualmente, que desaparezca la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, para dar paso a un nuevo organismo de atención, ya que en su estado actual no sirve, no funciona.

Durante la emotiva presentación, algunos de los asistentes exclamaron consignas como: ¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos! y ¡por el amor a México, no repetición! Asimismo, Alicia de los Ríos, Tita Radilla y Denisse Valverde leyeron testimonios de víctimas de violaciones graves de derechos humanos cometidas en la época.

Por su parte, el representante adjunto de la oficina en México de la ONU-DH, Jesús Peña, alentó a las próximas autoridades a reforzar el compromiso y su alianza con las víctimas. Sólo una voluntad infranqueable permitirá que el esfuerzo no haya sido en vano.

A la exposición no asistió la comisionada Eugenia Allier, encargada de otra parte de la investigación del MEH, que será hecha pública en próximas semanas.

Con información de La Jornada