La “defensa” de Jorge; el silencio de CEDH y SEMUJERES y los robos de vehículos

Álvaro Aragón Ayala

Por instrucciones superiores, la coordinadora de Comunicación Social del Gobierno de Sinaloa, Adriana Margarita Ochoa del Toro, mueve todas sus “influencias” para obstaculizar la defensa de la honra de las autoridades de la Universidad Autónoma de Sinaloa y para impedir que se apliquen conceptos del derecho laboral contemplados en el Código de Ética, la Ley Orgánica Universitaria, la Ley Federal del Trabajo y el Contrato Colectivo de Trabajo, a su amigo Jorge Ibarra Martínez, profesor de la Facultad Estudios Internacionales y Políticas Públicas.

En la triada académico, dirigente y activista del grupo Civitas-Universidad y “comunicador”, Jorge Ibarra descargó en Noroeste dos artículos difamatorios, calumniosos – “Autoridades de la UAS en posible asociación delictuosa” y “Los tentáculos del Narco alcanzan a la UAS”, cuyo contenido criminaliza a los directivos de la UAS. A Ibarra, de acuerdo a la ley, se le podría cancelar su contrato laboral con la Universidad. Sin embargo, el sólo imaginar su obligado despido, enloqueció a los comunicadores que, obedeciendo la línea de Adriana Margarita Ochoa, mantienen una permanente campaña de acoso y linchamiento informativo contra los directivos de la Casa Rosalina.

Agarrados del falso argumento de defender la libertad de expresión, embisten, crítican, a las autoridades de la UAS, el Instituto Estatal de Protección de Defensores de los Derechos Humanos y Periodistas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Artículo 19 y la Red de Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos, etcétera, organismos que han guardado silencio cada vez que los periodísticas son agraviados, criminalizados, satirizados, por el propio gobernador Rubén Rocha y sus aliados o bien por los comunicadores que figuran en la nómina gubernamental.

Hay casos muy emblemáticos de atentados a la libertad de expresión que ponen en riesgo la vida de los perjudicados. Uno es el que vive el presidente de la Asociación de Periodistas de Sinaloa, Juan Manuel Partida Valdez; otro que lesiona a los colaboradores de Punto Universitario -Wilfrido Ibarra tuvo que demandar ante la FGR al gobernador-. Por órdenes de Rubén Rocha, Noroeste le cerró sus puertas, páginas y plataforma digital al académico, investigador y periodista Ernesto Hernández Norzagaray y ninguna organización elevó su voz de protesta contra éste abierto atentado a la libertad de expresión.

Ahora, como si se tratara de instrumentos antiUAS, los directivos de estas agrupaciones se lanzan en defensa de Jorge Ibarra visibilizado como activista de los grupos de choque que organizaron una marcha en la Ciudad de México con jubilados y personal de gobierno del Estado, miembros y dirigentes de Morena, funcionarios de los ayuntamientos, y académicos, personal administrativo y directivos del Cobaes, Conalep, Universidad Politécnica, Normales, y otros planteles educativos, con el propósito de romper una manifestación de la UAS en defensa de su autonomía.

El abogado Alfonso Carlos Ontiveros Salas precisó que La Universidad Autónoma de Sinaloa en materia laboral se rige por el artículo 123, apartado “A” de la Constitución Federal y su Ley Reglamentaria, la Ley Federal del Trabajo. Las obligaciones de Jorge Ibarra figuran en la Ley Orgánica, en el Código de Ética y en el Contrato Colectivo, en el artículo 134 de la Ley Federal del Trabajo, pero en particular en las fracciones III y IV.

“El trabajador tiene la obligación de cumplir cabalmente el trabajo para el que fue contratado. En el caso particular de Jorge Ibarra, el patrón no lo contrato para que ejerciera la función periodística, no lo contrató para que criminalizara a la Universidad y sus directivos, sino para realizar labores académicas, de investigación, etc. con adscripción a una Unidad Académica”, dijo.

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Ninguna organización “defensora” de la libertad de expresión se ha pronunciado en contra de la dirigencia estatal de Morena ni contra Enrique Inzunza Cázarez; no lo hizo en su calidad de secretario general de Gobierno menos ahora que ostenta el rango de Senador de la República, por los atentados a la libertad de expresión de los colaboradores del programa “Punto Universitario”, transmitido por Radio UAS, quizá porque fueron calificados por Inzunza como “enemigos del Estado”.

En efecto: ningún protector de la palabra, de la voz pública, ha apoyado -tal vez porque no lo ha ordenado Rubén Rocha o su jefa de prensa, Margarita Ochoa del Toro, ante la intentona de Morena y Enrique Inzunza por encajar a Wilfrido Ibarra, José Luis López Duarte y quien esto escribe (Alvaro Aragón Ayala), un delito electoral porque tuvieron la osadía, el atrevimiento de denunciar, en plena campaña, que sobre Enrique Inzunza obran cuatro denuncias por acoso, hostigamiento sexual, pornografía, etc.

Tampoco la Comisión Estatal de Derechos Humanos ni la Secretaría de las Mujeres ha alzado la voz en defensa de la Jueza Ana Karina Aragón Kutiño, autora de esas demandas penales enderezadas contra quien fungió como presidente magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Sinaloa, secretario general de Gobierno, quien goza actualmente de fuero como Senador de la República. Los organismos que se supone “protegen” los derechos de los ciudadanos contra funcionarios públicos ofrecen la lectura de que sólo actúan por consigna gubernamental.

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La jornada violenta del jueves 29 de agosto pasado ocasionó bloqueos vehiculares en el tramo de la carretera Internacional México 15, desde La Presita hasta la comisaría de El Limón de los Ramos. El zipizape, el cruce de balas, obligó a la población de Culiacán a buscar refugio, cerrar negocios y el transporte público dejó de prestar servicio.

Bastaron cuatro vehículos incendiados, videos virales de transporte ardiendo en llamas, para que la población civil entrara en señal de alerta: los comerciantes cerraron sus negocios, las escuelas y universidades públicas y privadas suspendieron clases, los camiones urbanos dejaron de circular.

Durante los sucesos violentos y el pánico ciudadano, se registró una “oleada” de despojos de camionetas sobre la Maxipista a Mazatlán, durante el transcurso del jueves. Fueron en total 13 unidades, y al día siguiente por la mañana, se sumaron otras dos, en diversos tramos de la autopista, entre Elota y Eldorado.

Entre las unidades reportadas como despojadas de manera violenta están una JAC color negra, 2003, una camioneta SUV BMW X5, color blanca, modelo 2024, un automóvil Vento, una camioneta MG 2022, una Sierra GMC modelo 2022, entre otras de la marca Toyota y Ford.