Los pasos de Rocha contra la UAS; la destitución de Robespierre, parte de la conjura

Álvaro Aragón Ayala

Luego de zambutir en el infierno de la violencia a Sinaloa y atrapado por dos investigaciones federales, una por sus presuntos vínculos con el narco y otra porque se le atribuye la autoría intelectual del asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda, el gobernador Rubén Rocha Moya ordenó “reventar” o cuando menos desestabilizar a la Universidad Autónoma de Sinaloa, en un intento más por tomarla por asalto. Ordenó a un Juez Local destituir temporalmente al encargado de despacho de la Rectoría Robespierre Lizárraga Otero.

Obsesionado, interesado en ejercer el control de la UAS, el gobernador orquestó en el 2023 una conspiración contra los directivos de la Casa Rosalina que se ha extendido hasta el 2024. La suspensión de Lizárraga Otero es parte de esa conjura. Meses atrás, dispuso la destitución temporal del Rector Jesús Madueña Molina y mandató el acoso y la persecución de otros directivos uaseños que se negaron cederle el dominio de la Universidad. Furioso, ha venido descargado toda la fuerza del Estado contra las autoridades de la institución.

Rubén Rocha mantiene en llamas al Estado. El periodista de Proceso, Aaron Ibarra, reveló que agentes del Centro Nacional de Inteligencia y de inteligencia militar abrieron una investigación puntual contra el gobernador de Sinaloa por sus presuntos vínculos con el crimen organizado. “Dan seguimiento personal y mantienen vigilado a Rocha Moya por instrucciones del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y con el aval de la presidenta, Claudia Sheinbaum”, narró.

Otra investigación contra Rubén Rocha es por el crimen de Héctor Melesio Cuén Ojeda a quien consideraba un obstáculo para tomar el control de la UAS. Las indagatorias de la Fiscalía General de la República indican que Cuén cayó en una celada y que el gobernador ordenó a la entonces Fiscal Sara Bruna Quiñónez Estrada inventar el despojo fallido de una camioneta para borrar cualquier evidencia que condujera al móvil político como causa del homicidio.

LAS PERVESIDADES DEL GOBERNADOR

Apoyado por el entonces secretario general de Gobierno, Enrique Inzunza Cazarez, hoy Senador de la República, el otrora diputado Feliciano Castro Meléndrez, hoy secretario general de Gobierno, el titular del Tribunal Superior de Justicia, Jesús Iván Chávez Rangel, la titular de comunicación social del gobierno estatal, Adriana Margarita Ochoa del Toro, entre otros funcionarios estatales, Rubén Rocha diseñó una maquiavelica conspiración para encarcelar o exterminar a los directivos de la UAS.

El primer paso fue pagar cuantiosas sumas de dinero a los medios de comunicación para desacreditar y criminalizar a los directivos de la UAS inventando que se estaban robando los recursos de la Casa Rosalina. El segundo fue elaborar la Ley de Educación Superior de Sinaloa que los jueces federales echaron abajo por inconstitucional. El tercer paso fue “pasarse por el arco del triunfo” las auditorías practicadas a la UAS por la Auditoría Superior de la Federación.

La ASF determinó que las autoridades uaseñas no han incurrido en ningún daño patrimonial a la institución, ni a la SEP ni a la SHyCP y que no han desviado ni un centavo del presupuesto universitario. Sin importarle el resultado de esas auditorías federales, Rocha Moya dio el cuarto paso fabricando denuncias penales contra las autoridades universitarias, alimentando las “carpetas de investigación” con recortes de periódicos o fotocopias de portales digitales y con dichos y mitotes de jubilados universitarios.

Los pasos quinto y sexto los marcó casi simultáneamente: con el control de la Fiscalía y del Supremo Tribunal Justicia/Jueces Locales, giró indicaciones de que con las denuncias por él inventadas se destituyera a los directivos de la UAS: el primero que fue suspendido fue Jesús Madueña; igualmente desplegó una furiosa cacería contra directivos de la Casa Rosalina. “Levantaron” al dirigente del Suntuas-académico, Juan Carlos Aceves Tamayo, y estuvieron a punto de matar al coordinador de comunicación social Arnoldo Valle Leyva.

En ese escenario se ejerció presión contra Héctor Melesio Cuén Ojeda, a quien Rubén Rocha culpaba de todas sus desgracias y consideraba, además, la barrera que tenía que demoler para poder penetrar a la UAS. El asesinato de Cuén ocurrió el 25 de julio. Cayó en una trampa. Quien ofreció las primeras pistas para sospechar de que se trataba de un alevoso crimen político fue la Fiscal Sara Bruna al intentar desviar el curso de la investigación. La Fiscalía General de la República la descubrió y tuvo que ser destituida.

El séptimo paso del plan rochista fue la elaboración de la Ley Orgánica Externa de la UAS, cuyo origen es inconstitucional porque no fue propuesta por la comunidad universitaria. Viola, pues, la Ley General de Educación Superior. El octavo paso de Rocha fue ordenar la destitución del encargado del despacho Robespierre Lizárraga Otero y amenazar con cárcel a todos los directivos si se atreven a impugnar la Ley. La represión y la persecución es el selló del régimen rochista.

AGRESIÓN CONTRA PERIODISTAS

Rubén Rocha Moya intenta por todos los medios a su alcance callar, silenciar, a los periodistas que critican las acciones que desarrolla en contra la UAS. Se ha filtrado información del Tercer Piso en el sentido de que pretende atentar contra la vida de los colaboradores de Punto Universitario, incluso en varias ocasiones ha ordenado tomar las instalaciones de RADIO UAS. Sobresale en la lista negra del gobernador Juan Manuel Partida Valdez, presidente de la Asociación de Periodistas, quien lo culpa del crimen de Cuén Ojeda.