Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno: a esto se enfrentará si suple al INAI

21 de octubre de 2024

Linaloe R. Flores

Los cuatro comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) acordaron una mesa de diálogo con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, para evitar la desaparición del Instituto, en una reunión el pasado 16 de octubre.

Pero, en paralelo, la Secretaría de la Función Pública (SFP) inició su proceso de transformación en Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno. La nueva dependencia tendrá la facultad de asumir las funciones del órgano autónomo y estará a cargo de Raquel Buenrostro Sánchez, según anunció la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el martes 15 de octubre en su conferencia matutina.

México se enfrenta a esta bifurcación con un nivel de opacidad de 90 mil 33 expedientes reservados tanto por las entidades públicas como por los sindicatos y los partidos políticos. En el Poder Ejecutivo, es justo la SFP la segunda dependencia con más asuntos velados por este recurso con mil 135, después de la del Trabajo que tiene 16 mil 534.

Si se cumple el escenario de la fatalidad y luego el del renacimiento, la SFP deberá hacerse cargo de la liberación de asuntos que hasta ahora han tenido reservas de más de 10 años como el diagnóstico de la guerra en contra del narcotráfico que entregó el expresidente Felipe Calderón al concluir su gobierno, el cierre de Luz y Fuerza del Centro que dejó a miles de electricistas sin trabajo o por qué Mario Aburto Martínez, el “asesino confeso” de Luis Donaldo Colosio Murrieta en 1994 no ha vuelto a ser presentado de manera oficial, según una búsqueda de Reporte Índigo en los índices de expedientes reservados de las entidades públicas.

En el Poder Ejecutivo entre las veinte entidades con más reservas están Prevención y Readaptación Social, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la Procuraduría Federal del Consumidor, Pemex Exploración y Producción y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Por su parte, el Legislativo tiene 935 asuntos con el candado de la reserva y el Judicial, 2 mil 116.

Los organismos autónomos acumularon 4 mil 303 expedientes en los baúles de este recurso. Los sindicatos tienen 111 y los partidos políticos, 135.

Las deudas sin cobrar que acumuló la Secretaría de la Función Pública

No será lo único a lo que la SFP le deba hacer frente. Como instancia central en el combate a la corrupción tiene su propia carga de asuntos acumulados a través de los gobiernos. Más de mil sanciones que implicaron multas se encuentran en sus archivos. Hasta ahora, la cantidad por las sanciones no cobradas desde 2001 es de más de 886 millones de pesos, según el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados de la misma dependencia.

Conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la dependencia está obligada a imponer multas a las empresas infractoras y el Servicio de Administración Tributaria a realizar su cobro.

Una deuda que quedó en el letargo y que a través de los gobiernos la dependencia no ha sido cobrada es la amonestación para la Guardería ABC donde en junio de 2009, un incendio le arrebató la vida a 49 niños y le causó heridas a otros 79, en una de las mayores tragedias de México.

Con estos contratos operó la Función Pública en sus últimos años

Fundada en 1983 como Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, transformada en Función Pública en 2003, la SFP ha sido la dependencia central en contra de la corrupción de la administración pública federal. En 2013 estuvo a punto de desaparecer para ser sustituida por una Comisión, pero el proyecto no fue aprobado por el Congreso.

En el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, con dos secretarios, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros y Roberto Salcedo Aquino, la dependencia gastó en contrataciones públicas en promedio por año 394 millones 808 mil 278 pesos, según lo publicado en CompraNet.

Se trata de servicios cibernéticos, seguridad para los inmuebles, alimentos para el comedor institucional que incluyeron carne, pescado y pollo, así como frutas y verduras; servicios externos para auditoría de contrataciones públicas y cumplir metas de control presupuestal, así como subcontrataciones para limpieza.

Deja más de 7 mil contrataciones publicadas en esa plataforma. De mayor a menor, tres de los 10 más grandes fueron firmados con vigencia hasta el último día de 2024; es decir, en las fechas en que será decidido tanto su destino como el del INAI.

Se inició el diálogo, pero no hay compromisos para mantener al INAI

En la reunión del miércoles 16 los comisionados Adrián Alcalá Méndez, Blanca Lilia Ibarra Cadena, Josefina Román Vergara y Norma Julieta del Río Venegas hablaron durante una hora y 45 minutos con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez. Volvieron a proponer una serie de medidas de austeridad que implicaría un ahorro de 300 millones de pesos. Ofrecieron, incluso, reducir al pleno hasta tres comisionados.

El comisionado presidente, Adrián Alcalá Méndez, expresó: “Haber tenido esta reunión permitió instalar una mesa de diálogo permanente a través del cual analizaremos cómo el INAI puede modernizarse y fortalecerse, atendiendo los principios de responsabilidad, ética, eficiencia y austeridad”.

Pero del encuentro no se desprendió ningún compromiso para evitar la extinción.

Con información de Reporte Índigo

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