Colectivos piden que reformas constitucionales no limiten los DH
Jared Laureles y Jessica Xantomila
Luego de que Morena en el Senado modificó la iniciativa de reforma que presentó para que no procedan los amparos contra los cambios a la Constitución, organizaciones y colectivos de familiares de personas desaparecidas urgieron a garantizar que las modificaciones no afecten ni vulneren el principio de progresividad de los derechos humanos.
En tanto, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) saludó “la amplia, sólida y plural defensa del artículo primero constitucional”, reformado en 2011, así como la apertura para resguardar su contenido, mismo que “ha sido clave para el avance progresivo de los derechos humanos” reconocidos en normas internacionales.
En un documento, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) externaron su confianza porque se retire la propuesta de modificación al artículo 1º constitucional, ya que —advirtieron— como había sido propuesta originalmente ayer por el coordinador de Morena, Adán Augusto López, “limita la aplicación de la normatividad internacional y el control de convencionalidad”, lo que representa un “acto regresivo” que va en contra de la obligación de México con la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 2011.
El MNDM, conformado por más de 90 colectivos de familiares de personas desaparecidas de 24 estados del país, enfatizó que dicho artículo, relativo a la protección de los derechos humanos, “ha sido una herramienta que fortalece la búsqueda de personas desaparecidas en México”. Además, algunos avances en la protección de los derechos de las víctimas, es que permite a las personas y colectivos participar desde el ámbito civil, sin necesidad de vincularse con los partidos políticos, en la construcción de políticas e instituciones públicas.
Sin embargo, “de continuar en su empeño”, los legisladores federales “estarían perpetrando un claro retroceso en materia de derechos humanos”, alertó.
Los colectivos de personas desaparecidas insistieron en “abrir un diálogo amplio” con los actores sociales que podrían verse afectados en sus derechos, ya que, subrayaron, es fundamental los legisladores escuchen los argumentos que agrupaciones de víctimas, colectivos y organizaciones sociales tienen.
Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Centro Prodh) consideró “positivo” que no se reforme el artículo 1 de la Constitución.
Sin embargo, señaló que “subsiste preocupación” Por las modificaciones propuestas al artículo 107, ya que “cancelarán toda posibilidad de someter a controles mínimos, incluso respecto del procedimiento, las reformas constitucionales. Una decisión peligrosa”.
En tanto más de 300 organizaciones y colectivos, así como medio millar de personas defensoras de derechos humanos, activistas y académicos, llamaron a no aprobar la reforma constitucional propuesta ayer por Adán Augusto López, porque traería “consecuencias regresivas” y es “innecesaria”.
En una carta pública dirigida al coordinador de los senadores de Morena, al presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, entre otros legisladores, insistieron en que la reforma propuesta al artículo 1o no solamente restringiría la posibilidad de ejercer el control de convencionalidad respecto a normas constitucionales, sino de cualquier norma independientemente de su jerarquía.
“Esto significa que las autoridades quedarían atadas a aplicar mecánicamente la ley, sin poder valorar derechos, principios y criterios de justicia social, igualdad y dignidad humana reconocidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que México es parte, regresando a un viejo legalismo en el cual la forma se impone sobre los derechos sustantivos de las personas”, apuntaron.
Asimismo llamaron a considerar alternativas que permitan fortalecer tanto la estabilidad constitucional como la protección efectiva de derechos humanos.
De igual forma, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, también consideró que la iniciativa representa “un retroceso en mecanismos de exigencia”.
Recordó que en 2011, gracias a a la reforma constitucional en materia de derechos humanos, se logró incorporar el principio pro persona, impulsar legislaciones para la protección de derechos y obligar a las autoridades a prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño a las victimas de violaciones graves a derechos humanos.
Con información de La Jornada
