Morena contra los derechos humanos (segunda parte)
Jacques Coste
La reforma de supremacía o inimpugnabilidad constitucional propuesta por Morena arroja luz sobre la concepción de los derechos humanos y la Constitución que impera en el bloque oficialista: los derechos humanos son viles instrumentos de las oligarquías para defender sus intereses y asegurar la continuidad del orden neoliberal, mientras que la Constitución es lo que sea que diga y mande la coalición en el poder, y quien discrepe de esta visión constitucional no tiene derecho a oponerse por medios legales. En la concepción morenista de la Constitución, no hay espacio jurídico ni político para la defensa legítima de las minorías.
Concluí con este argumento mi columna de la semana pasada . En esta entrega, buscaré rebatir algunas aseveraciones que distintos miembros de la coalición morenista han avanzado para desmontar gradualmente el aparato de defensa y protección de derechos humanos que México construyó a finales del siglo XX y principios del XXI.
Considero especialmente importante defender la importancia de los derechos humanos en el contexto mexicano en este momento de nuestra historia, en el que Morena está cambiando la Constitución a placer, retirando los contrapesos que sirven para defender a las minorías y las víctimas. Además, esta semana, el Senado aprobará la terna para renovar la presidencia de la CNDH. Luego del desastroso papel que desempeñó Rosario Piedra como presidenta de este organismo, es necesario recordar la importancia de una defensoría de derechos humanos independiente y sólida, para evitar que un personaje tan siniestro pueda reelegirse al frente de la Comisión.
Correré el riesgo de simplificar un poco el argumento que políticos, funcionarios y académicos cercanos a Morena han esgrimido para reducir los canales para la defensa y promoción de derechos humanos, así como para retirarlos del discurso oficial y las prioridades del Estado. El argumento va más o menos así: “Los derechos humanos son ajenos a las tradiciones de la verdadera izquierda en México por tres motivos principales. Primero, porque los movimientos de defensa de derechos humanos de los años setenta, ochenta y noventa redujeron las agendas de las izquierdas al concentrarse solamente en este tema y no en un programa más amplio de justicia social. Segundo, porque las instituciones de derechos humanos se construyeron al mismo tiempo que México viró hacia el neoliberalismo, por lo que éstos se pueden entender como herramientas de las élites neoliberales para disminuir el poder del Estado, al tiempo de contener las luchas sociales colectivas y empujar un enfoque individualista. Tercero, porque las élites empresariales han aprovechado la obligación de los tribunales mexicanos de utilizar criterios de derechos humanos en sus sentencias para defender intereses privados y frenar acciones del Estado en beneficio de las mayorías”.
Los argumentos morenistas no son del todo equivocados. En efecto, el excesivo énfasis en los derechos humanos redujo el campo de acción de las izquierdas en toda América Latina durante finales del siglo pasado. Al centrarse en demandas de derechos humanos, las izquierdas dejaron de formular programas políticos más amplios y ambiciosos.
Sin embargo, los morenistas parecen desechar las ganancias que los movimientos de derechos humanos representaron. En el caso mexicano, sin estos movimientos, no conoceríamos las tropelías que el Estado mexicano cometió durante la Guerra Sucia. Tampoco conoceríamos la enorme cantidad de violaciones a derechos humanos que las Fuerzas Armadas y distintos cuerpos policiales han cometido como parte de las supuestas acciones para combatir al crimen organizado.
Es decir, no sabríamos nada de la crisis de las desapariciones, las ejecuciones forzadas, las redes de tráfico de personas migrantes ni de todas las atrocidades que son lamentablemente comunes en México desde hace casi 20 años. Y no sólo es que no conoceríamos todo esto, sino que las víctimas no tendrían instancias a las cuales acudir para defenderse y encontrar apoyos en su búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación.
Los morenistas también tienen razón en señalar que, en ocasiones, las élites han utilizado los derechos humanos para fragmentar las acciones colectivas de las izquierdas en pequeñas luchas de nicho y para defender intereses privados en contra del interés público. Sin embargo, estos casos han sido más la excepción que la regla. Además, sería fácil colocar candados legales para evitar que corporaciones utilicen el marco legal de derechos humanos a su favor; no son necesarias acciones radicales como borrar por completo los derechos humanos de la Constitución para lograr este cometido.
En resumen, lo que proponen los morenistas respecto a los derechos humanos es un falso dilema que no reconoce el contexto particular de México, un país excesivamente violento y crecientemente militarizado. Seguir reduciendo el campo de defensa y protección de derechos humanos —y digo “seguir” porque el gobierno de AMLO inició el camino que Sheinbaum está continuando— es un error. Impulsar la defensa, protección y promoción de los derechos humanos no tiene por qué limitar a las izquierdas.
Por el contrario, las izquierdas pueden seguir impulsando la agenda de derechos humanos, al tiempo de empujar programas ambiciosos de fortalecimiento del Estado para contribuir al bienestar de la mayoría de la población y promover la justicia social. Un país con un número tan alto de víctimas y con un Ejército tan empoderado no puede darse el lujo de prescindir de instancias para proteger los derechos humanos. En otras palabras, se pueden conservar y aumentar los avances de derechos humanos y, al mismo tiempo, construir un Estado de bienestar. Una cosa no excluye a la otra.
Con información de Expansión Política
