La reforma administrativa que viene

Carlos Matute González

El pasado 30 de octubre se presentó en la Cámara de Diputados el proyecto de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), que sólo es una adecuación a la estructura dependiente directamente del Poder Ejecutivo Federal, con una tendencia centalizadora de facultades, especialmente, aquellas que provendrán de la eventual desaparición de los órganos con autonomía constitucional, que se pretende llevar a cabo conforme a la reforma de simplificación orgánica.

Los principales cambios que propone el proyecto de reforma a la LOAPF son:

• Crear tres nuevas secretarías, a saber, Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, Secretaría de las Mujeres y Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación. 
• Modificar la denominación de la Secretaría de la Función Pública, que será la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno y fortalecer sus facultades normativas en el control interno, desarrollo administrativo, prevención y combate a la corrupción, fiscalización y evaluación del desempeño y confiabilidad de los servidores públicos y asumir la competencia de transparencia, acceso a la información pública, transparencia proactiva y protección de datos personales en la Administración Pública Federal (APF). 
• Regresar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la facultad de nombramiento y supervisión de los titulares de las Unidades de Administración y Finanzas de las dependencias y entidades de la APF. 
• Concentrar la estrategia de seguridad pública de las tres instancias de gobierno con más facultades normativas, financiera y operativas para la robustecida Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. 

Por otro lado, se propone continuar con el proceso de acumulación de atribuciones en la Administración Pública Centralizada y, por ejemplo, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes podría asumir la construcción directa de infraestructura en educación, en autotransporte de personas, en reciclamiento de desechos sólidos, en cultura y recreación, entre otras, asi como de la operación de sistemas de transporte de personas.

También se identifica un cambio de estrategia respecto a la participación de servidores públicos en el ámbito internacional, puesto que se propone agregar a varias de las secretarías facultades para participar en congresos y foros internacionales, asi como establecer relaciones permanentes con organizaciones supranacionales para marcar un rumbo distinto al aislamiento de los administradores mexicanos del mundo por la austeridad anoréxica del gobierno anterior.

El proceso de aprobación de este tipo de iniciativas, que implica la propuesta de reorganización del aparato subordinado al Poder Ejecutivo, suele estar libre de cualquier oposición e incluso, tradicionalmente, las legislaturas las votan favorablemente sin mayores observaciones. En realidad, es parte de la autonomía de gestión de los gobiernos, que son responsables de la forma de estructurar su acción y repartir los asuntos de su competencia entre las distintas secretarías.

Un elemento para considerar es que la LOAPF ya va a cumplir 50 años y requiere una cirugía mayor para integrar con mayor claridad las nuevas funciones y áreas administrativas y por la necesidad de organizar mejor las relaciones de los órganos gubernamentales, subordinados al Ejecutivo, y los no gubernamentales de los otros poderes o las diversas entidades públicas con autonomía constitucional. 2024 es un momento oportuno para hacerlo, en razón que hay un ánimo manifiesto de reordenar el sector público ampliado, con la llamada simplificación orgánica, que implica la desaparición del INAI, la COFECE, el INE y el MEJOREDU, entre otros.

El proyecto se presenta a discusión y, en su caso, aprobación en un momento en que no se conoce con precisión el destino de los órganos reguladores coordinados en materia de energética, ya que, en el proyecto de reforma de la LOAPF, todavía se incluyen entre las dependencias, conservan su régimen jurídico autónomo, su patrimonio y personalidad jurídica. ¿Se convertirán en órganos desconcentraos de la Secretaría de Energía? Tampoco se presenta una propuesta de cambio de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, que debe modificarse para eliminar las menciones expresas al CONACHyT e Inmujeres, que son los organismos públicos descentralizados que, eventualmente, serán sustituidos por las nuevas secretarías enunciadas con anterioridad. Incluso, algo que debiera modificarse es la referencia a las empresas productivas del Estado, cuya denominación cambió a empresas públicas del Estado.

Hay un desfase legislativo que puede afectar el desempeño administrativo, en el primer tramo del gobierno de la presidenta Sheinbaum, si hubiera incertidumbre jurídica sobre la competencia que corresponde a sus dependencias y entidades. Hay duplicidades o espacios de nadie. La reestructuración propuesta de la APF deja cabos sueltos, que son muy difíciles de atar, porque no es integral, ni revisa los impactos en otras legislaciones vinculadas directamente, ni atiende a los efectos de la reforma constitucional de simplificación orgánica.

En realidad, se requiere una Nueva LOAPF. La iniciativa presentada es una solución de muy corto plazo y después la Consejería Jurídica, la nueva Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y la SHCP deberán iniciar un estudio integral de modernización jurídica, administrativa y estructural de la APF.

Profesor de la Universidad Panamericana

Con información de La Crónica