¿De qué tamaño es el rezago ocasionado por la discusión de la reforma judicial?
Diego Badillo
El proceso de aprobación e implementación de la reforma Judicial ha ocasionado un rezago en la resolución de los casos presentados ante los jueces y tribunales federales que podría demorar hasta dos años en superarse. Se estima que tan solo en los 71 días que duró el paro de trabajadores de juzgados y tribunales federales se dejaron de emitir más de 236,000 resoluciones.
Si bien no se tiene una cifra exacta sobre los procesos judiciales afectados por las suspensiones de labores de los empleados del poder Judicial que salieron a manifestar su inconformidad por la afectación a sus derechos laborales que implica la reforma, es posible darse una idea a partir de los datos del Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal 2023, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) actualizados al 22 de marzo pasado.
En 2022, los tribunales colegiados de circuito, tribunales unitarios de circuito y juzgados atendieron un millón, 256,077 asuntos en todas las materias, de los cuales un millón 214,806 fueron resueltos.
Eso quiere decir que, tan solo en los 71 días que duró el paro de labores, iniciado el lunes 19 de agosto y concluido el 28 de octubre pasado, se dejaron de emitir alrededor de 236,304 resoluciones. Al menos de ese tamaño es el rezago hasta el momento, aunque hay que tomar en cuenta que algunas resoluciones pudieron emitirse durante las guardias que se realizaron para atender asuntos urgentes.
Si hay 1,647 jueces, entonces quiere decir que, al año, cada juez resuelve 737 asuntos, es decir 14 a la semana. En 2022, resolvieron diariamente alrededor de 3,328 casos.
El poder judicial de la federación ejerce diariamente un promedio de 214.5 millones de pesos.
Canceladas, 12,448 audiencias en 42 días
De acuerdo con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, tan solo entre el 20 de agosto y el 30 de septiembre, es decir 42 días, se cancelaron 12,448 audiencias judiciales, es decir 296 diarias.
Tomando ese dato como referencia, en 71 días de paro se habrían afectado alrededor de 21,000 audiencias. Aunque debe tomarse en cuenta que siempre hubo guardias para los asuntos urgentes.
Según la funcionaria, de 655 apelaciones que al 21 de octubre pasado estaban pendientes de resolución, 52% tenían de cuatro a 23 meses sin que se hubiera emitido la sentencia respectiva, lo que contribuye a la dilación de los procesos.
En México hay alrededor de 21 personas privadas en libertad en cárceles federales, de los cuales alrededor de 6,000 no han recibido sentencia.
La magistrada del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, María Elena Suarez Préstamo, explicó que cada tribunal está integrado por tres jueces y sesiona todas las semanas. Cada juez presenta 12 asuntos por lo que, por tribunal son 36 por semana, más los que se consideren urgentes, por lo que cada mes, cada tribunal colegiado atienen más de 150 asuntos.
Recalcó que durante las movilizaciones se trabajó en los asuntos urgentes y el catálogo de ellos es muy amplio.
Para tener una idea de qué es lo que aplica como urgente, puso como ejemplo que los asuntos mercantiles no son considerados así, a menos de que haya una pérdida económica inminente; en tanto, sí son, por ejemplo, aquellos en los que está involucrado un menor de edad o una pensión alimenticia o cuando se reclaman órdenes de aprehensión o está involucrada la libertad de una persona.
Llamó la atención en que enfrentar el rezago que se tiene y el que se está generando por las movilizaciones de los trabajadores del poder Judicial que resultan afectados por la implementación de la reforma judicial, no podrá enfrentarse de la misma manera con los nuevos jueces.
“Va a haber una tremenda curva de aprendizaje. Nosotros para poder ser jueces o magistrados pasamos muchos filtros, muchos exámenes. Hay una carrera judicial en la que vas aprendiendo y hay exámenes en diferentes fases. Difícilmente va a encontrar un magistrado que no tenga maestría y la gran mayoría hasta doctorado”.
En ese sentido comentó que los trabajadores están asustados porque van a tener que trabajar con titulares que van a estar sometidos y que no saben. “El amparo es una técnica complicada. No es cualquier cosa”.
Subrayó que, por sentido de responsabilidad, muchos de sus compañeros han decidido regresar a trabajar con el fin de que no se afecte más a las personas que acuden a jueces y tribunales en busca de justicia.
Para la juzgadora, “el rezago se puede corregir, pero el que se caiga la impartición de justicia y se termine con un poder Judicial independiente e imparcial, eso no tiene remedio”.
Por su parte Roberto Julio Chávez Delgado, integrante de la Asociación de Abogados Democráticos dijo que, debido al paro de labores habrá grabes afectaciones al sistema de justicia, debido a que hay un rezago histórico en el poder Judicial federal.
Para dar una ide del impacto, mencionó que los tribunales colegiados deberían tardar máximo tres meses en dictar una sentencia de amparo y se están tardando de ocho a 10 meses.
Desde su perspectiva, debido a las semanas que se dejó de laborar, solo se atendieron asuntos urgentes, resoluciones que debieron haber dictado en cuatro o cinco meses tardarán dos años, por lo menos.
“Hay un daño gravísimo que se le está haciendo al sistema de justicia mexicano con esta paralización de la justicia”.
Recalcó que los usuarios son los más afectados porque no tienen el acceso a la justicia.
A su vez, Francisco Torres Landa Ruffo, integrante del Consejo Directivo de UNE México y socio del despacho de abogados Hogan Lovells, opinó que independientemente de las movilizaciones de los trabajadores del poder Judicial, en México hay rezago en la impartición de justicia porque no se tiene el número de jueces que se requieren para atender la demanda que hay.
Si a eso le agregas que vamos a tener quizás menos jueces y menos recursos, no hay duda de que la impartición de justicia se va a rezagar, abundó.
Para el abogado, vamos a tener un colapso porque va a haber jueces que van a estar preocupados por dónde van a trabajar después de 2025, cuando pierdan sus empleos.
Además, muchos de los que lleguen, sin experiencia, seguramente no le van a entender a lo que se encuentren y van a tardar meses en entender y luego resolver.
El problema es que puede haber gente que, inconforme con lo que resuelvan jueces nuevos, sin experiencia, quieran hacer justicia por su propia mano. “Por eso es tan delicado esto; se está amenazando a la paz social”, abundó
También llamó la atención en que una vez que asuman los jueces electos por los ciudadanos en las urnas, la impartición de justicia responda precisamente a lo que les gusta a las mayorías y no con base a lo que dicen las leyes.
“Existe una preocupación en el sentido de que, en vez de que tengamos justicia en el sentido de una interpretación ciega y recta de qué es lo que procede de acuerdo con la ley, ahora se vuelva un tema de favorecer a mayorías o causas de gobierno. Ese riesgo sí existe”, añadió.
De acuerdo con algunas versiones periodísticas, el presidente de la Asociación Mexicana de Bancos Julio Carranza, a los banqueros sí les preocupan los efectos negativos que podría tener esta reforma que podría generar problemas de cobranza de créditos vencidos y fomentar una cultura de no pago.
Según el líder de los banqueros, citado por la columnista Maricarmen Cortés, hay 53,000 litigios o casos vigentes de toda la banca y hay una gran incertidumbre por el cierre de los juzgados que podría ser aprovechado por algunos clientes para no pagar sus créditos, y en un mayor plazo de resolución judicial.
Con información de El Financiero
