Los autónomos del pueblo
María de los Ángeles Huerta
Los siete órganos autónomos que el poder legislativo recientemente ha reestructurado con la propuesta de reintegrar sus funciones a la administración pública de formas diversas no habían dejado, desde su calidad de autónomos y desde que fueron creados, prácticamente ningún beneficio extra para el país. Si se compara con las instancias y funciones que desde gobiernos anteriores a su creación ya existían, en realidad casi nada se ganó con su existencia y altos presupuestos asignados. De manera visible —tal vez con excepción del INAI y el CONEVAL, que mediáticamente eran los más conocidos—, el pueblo nunca se vio favorecido de manera particular por alguno de estos organismos, hoy en proceso de desaparecer.
En lo general, es difícil contabilizar más de un puñado de resultados que realmente fueran de fundamental importancia para la población de nuestro país, es decir, para el interés público general. Tan es así, que sus respectivas modificaciones y reintegración de funciones a la administración pública federal —además de un breve ruido mediático conservador, no mayor a una semana— no han tenido un efecto negativo para nadie más. Casi nadie ha argumentado a profundidad por qué era tan importante su dizque autonomía. Lo que sí sabemos es que estos organismos, además de corruptos, aparecieron ante las mayorías siempre como instancias inútiles en cuanto a su capacidad de mejorar el funcionamiento administrativo de la nación. Además de contar con un voluminoso presupuesto y, sobre todo, con empleos muy bien remunerados y considerables actos de corrupción comprobados, no es mucho más lo que de manera seria puede decirse para estos organismos a punto de desaparecer.
De hecho, fueron tan despegados del pueblo y tan aliados a las propuestas del neoliberalismo —el cual durante más de 30 años se apoderó y pretendió la total privatización de los recursos que son de todos (petróleo, energía, agua, gas, derecho a la información, etc., etc.)—, que es claro que casi nadie va a extrañar su autonomía.
Si acaso alcanzan algo, serían unas deslucidas golondrinas, que sólo algunos cuantos se atreven a entonar. La vox populi, cansada de la sistemática corrupción ahí ocurrida, apenas si emitió un silencio elocuente y amplio con el cual está quedando más que claro que, de acuerdo con la perspectiva del poder gubernamental, esos órganos nunca sirvieron de forma efectiva a los intereses del pueblo, aunque sí al contrario.
Vayamos uno por uno y con más detalle a lo que ocurrirá con cada uno de ellos:
En el caso del INAI, sus funciones de transparencia irán a varias instituciones: en el lugar más importante, a la Secretaría del Buen Gobierno y Anticorrupción —antes Secretaría de la Función Pública—, a los Órganos Internos de Control, al Tribunal de Disciplina Judicial —en el caso del Poder Judicial— y al Instituto Nacional Electoral —para el caso de los partidos políticos—. En lo que respecta al caso específico de la protección de datos personales, sus funciones las tomará la Agencia de Transformación Digital.
En cuanto a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) se fusionarán para crear otro organismo autónomo descentralizado que dependerá de la Secretaría de Economía.
Por su parte, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) formarán parte de la Secretaría de Energía; el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) será integrado a la Secretaría de Educación Pública (SEP), y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) será absorbido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Sus funciones seguirán tan vigentes como siempre, su presupuesto se ajustará dependiendo del organismo desde el cual operarán estás funciones, y ya. Nada grave pasó. Los órganos autónomos del pueblo llegaron a su fin. Sin pena ni gloria.
Con información de El Sol de México
