Sinaloa y la teoría de la conspiración
Álvaro Aragón Ayala
A PUNTA DE BALA: Del atentado a balazos registrado hoy en Culiacán contra un grupo de agentes de la Policía Estatal Preventiva, operada por Gerardo Mérida Sánchez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública, se desprende la pregunta del por qué están matando policías municipales, ministeriales y estatales si mantienen un papel marginal en los operativos de seguridad y combate al crimen. Son la Guardia Nacional, la SEDENA y la Marina quienes, mediante labores de inteligencia, las que ubican a los objetivos prioritarios para procesar detenciones claves.
Para efectos, cierto, de sembrar y cultivar, en medio de esta crisis de seguridad, la confianza de la sociedad todos discursivamente ponderan la “coordinación” de los cuerpos de seguridad en las tareas contra los grupos delictivos, pero la realidad es otra. No se entiende entonces porque se asesina a los agentes municipales y estatales si no han capturado ningún capo o jefe delictivo de gran calado que pudiera provocar una reacción criminal de alto tonelaje contra las corporaciones policiales.
VECINOS DISTANTES: Gerardo Mérida Sánchez, en conferencia de prensa confirmó que Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, que está en Culiacán para “coordinar” los esfuerzos contra el crimen organizado, no había solicitado, hasta hoy por la mañana del 6 de diciembre, la colaboración a las fuerzas estatales para el ejercicio de los operativos de seguridad y detención de personas, limitándose a requerir “información específica”.
¿Qué tipo de información específica”? No lo dijo Mérida. Sin embargo, confesó que “el apoyo directo aún no lo han solicitado; están en su segundo día de trabajo y, por ahora, sólo nos pidieron información, la cual ya fue proporcionada en tiempo y forma. La estrategia de seguridad que implementa Harfuch proviene directamente de la Ciudad de México, a través de fuerzas de tarea especializadas que trabajan de manera independiente”.
El MODELO MICHOACÁN: El escritor y periodista Julián Andrade, autor de la Lejanía del desierto y Asesinato de un cardenal, compara la presencia-estancia de Omar García Harfuch en Sinaloa, como una “intervención del gobierno federal”, aunque no se le quiera llamar así para guardar las formas y no perturbar a los apoyos políticos con los que cuenta el gobernador Ruben Rocha Moya, entre ellos los de la dirigencia de su partido, Morena.
Es parecido -dijo- a lo que ocurrió en el primer tramo del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, cuando se creó la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán con Alfredo Castillo como su titular. “Lo que ocurrió en Michoacán tuvo sus claroscuros. Se logró desmembrar a las estructuras criminales, pero se hizo de la mano de grupos de autodefensa, algunos de los cuales terminaron pasándose el grupo de los bandidos”
DE CLOUTHIER PARA QUIEN LE VENGA EL SACO: “La seguridad está colapsada porque el País se encuentra controlado en gran parte de su territorio por el crimen organizado, con los correspondientes costos de vidas, económicos y sociales que este cáncer genera”.
LAS UTILIDADES DEL NARCO: La gentrificación -aristocratización, en buen cristiano- es un proceso de renovación urbana que implica la llegada de personas con mucho dinero que desplaza a los habitantes más pobres. Se produce en zonas urbanas populares o deterioradas y se caracteriza por la construcción o remodelación de inmuebles para personas de ingresos altos y la llegada de nuevo comercio.
La gentrificación se produce cuando se reestructuran las relaciones sociales en el espacio, se apropian espacios urbanos con cualidades buscadas por el capital inmobiliario, como áreas verdes, buena ubicación, equipamiento, infraestructura y zonas culturales, etc.
En Culiacán, la riqueza generada por el capital narco o por la llamada narcoeconomía obligó a la construcción del concepto de la narcogentrificación. El flujo de dinero sucio, el “lavado de dinero” o la narcoinversión en las diferentes ramas de la economía convirtió en zonas caras a la capital del estado y otros municipios de Sinaloa. El crimen organizado enrareció y encareció la vida.
La narcogentrificación generó otro fenómeno: la narcoinflación. Los costos de bienes y servicios básicos se elevaron y la desigualdad económica se profundizó. Todo es sumamente caro en Culiacán: servicios médicos privados, ropa, supermercado, restaurantes, automóviles, vivienda y más. Los involucrados en actividades delictivas elevaron su poder adquisitivo y quienes no forman parte de esta élite delictiva forzosamente tienen que adquirir todo a precios inflados, lo que impacta negativamente en su calidad de vida y aumenta las disparidades económicas y sociales.
Es obvio que quienes se mueven en el sector comercio y en otras actividades económicas afectadas por la crisis de seguridad extrañen las grandes ganancias que les genera vender todo más caro y que estén sumamente molestos porque sus negocios están al filo de la quiebra o no tienen las grandes utilidades generadas por la dinámica de la narcoeconomía y la “pax narca”. Los voceros de la Canaco, la Canirac, la Coparmex y de otros organismos privados claman apoyo federal poniendo el grito en el cielo. Extrañan los tiempos de bonanza….
