La amenaza al Infonavit

Gerardo Gutiérrez Candiani

Tanto desde el sector sindical como desde el empresarial se alzó la voz y, afortunadamente, no se consumó, por la vía legislativa expedita que se vuelto la regla en el Congreso, lo que habría sido un severo golpe contra la integridad del patrimonio de millones de mexicanos. Pero el riesgo persiste y pone de relieve que el embate contra las instituciones del Estado mexicano sigue.

En el sexenio pasado, el Ejecutivo Federal liquidó fideicomisos creados y/o se gastó todo o buena parte del dinero que había en muchos, ahorros de años para emergencias, como desastres naturales, o propósitos específicos, como cobertura de prestaciones de trabajadores de algún organismo, inversiones o programas públicos.

Precisamente para lo que son los fideicomisos: para que los recursos destinados a un fin queden reservados y sean administrados para ello, en lugar de, en el caso de los creados al amparo del Estado, sujetos al arbitrio de políticos o funcionarios, así sea para pagar gasto corriente o algún proyecto de inversión.

Ahora se abría ese escenario de riesgo en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Que, como otros fideicomisos desfondados en los últimos años, es responsable de recursos que no son del Gobierno. Que, en todo caso, son del Estado mexicano, y varios de ellos constituidos con aportaciones privadas y sociales, como precisamente el Infonavit.

De acuerdo con un estudio reciente de México Evalúa, el Gobierno pasado se gastó más de 80% de los fideicomisos creados para sostener la estabilidad financiera del país y dejó a los 10 principales fideicomisos, en general, entre ellos, de salud, con 45% de los recursos con que los recibió en 2018.

El Infonavit administra un patrimonio de 2.4 billones de pesos que es de los trabajadores del sector formal en México, con cuentas con nombres y apellidos.

Con la contrarreforma, por ahora detenida, estos recursos podrían haber pasado del control tripartito –representación gubernamental, de trabajadores y de empleadores–, el cual está en la base de la conformación de la institución en 1972, a uno sujeto a la discrecionalidad de los gobernantes.

Era otro paso en el socavamiento de capital institucional de la nación a cambio de concentración de poder y disposición discrecional de recursos, en este caso, poniendo con ello en riesgo capital de los trabajadores.

La clave sería otorgar mayoría al Gobierno en los órganos de control de la gestión de ese capital de los trabajadores, y por ende, “manga ancha” para su disposición, sin contrapesos efectivos. En concreto, en las comisiones de Vigilancia, Auditoría y Transparencia. Además, el Director, designado por el titular del Ejecutivo Federal y en este caso el ex Director de Pemex, podría tener derecho de veto sobre las decisiones tripartitas.

Se autorizaría al Instituto el construir viviendas mediante una empresa filial gubernamental, a la que podría destinar fondos de ese patrimonio, lo cual no sólo rompe con el esquema tripartita en la toma de decisiones de éste y sobre las inversiones, sino que puede dejar grandes pérdidas y corrupción. Aparte de menoscabo para el mercado y el sector de la construcción de vivienda.

La iniciativa es puntual en cuanto a que, por sí mismo o por conducto de su empresa filial, la administración del instituto podría destinar los recursos bajo su administración a inversiones propias para construcción, adquisición y mantenimiento de inmuebles en terrenos de su propiedad y destinarlos a vivienda de los derechohabientes. El fin puede ser loable, pero eso no hace menos riesgosa y aun injusto el otorgamiento de facultades unilaterales.

Como dijeron representantes obreros, todo esto implicaría el fin de su capacidad de intervención efectiva en la gestión de lo que es propiedad de sus agremiados y de todos los trabajadores.

No por nada algunas de las principales organizaciones sindicales se declararon en contra. 23 de ellas, incluyendo el Congreso del Trabajo, CTM, Conasim, CROM y ASPA, señalaron, en un desplegado, el riesgo de vulnerar o reducir el tripartismo a una presencia testimonial: contra la fortaleza de los mecanismos de vigilancia de las inversiones, los consensos para la implementación y buena marcha de los programas y el ejercicio de una política pública integral. Además de un escenario de deterioro en los ratings de agencias de calificación de crédito.

Lo que pidieron es preciso y claro. Que en todos los órganos colegiados de gobierno del instituto se mantenga la paridad Gobierno, trabajadores, patrones: mismo número de votos por sector. Así también debe seguir haciéndolo el sector empresarial el próximo año, cuando se reanude la discusión.

Máxime porque es el empleador quien aporta los recursos que sostienen al Infonavit y a su propósito: el 5% del salario diario integrado de sus trabajadores. Dinero que se abona a la Subcuenta de Vivienda de cada trabajador, administrado por el instituto, que no es dueño de ese dinero para disponer de éste a su arbitrio, sin tomar en cuenta a quienes lo pagan ni a sus dueños finales.

Efectivamente, el tripartismo es el “elemento que da vida al diálogo social que gobierna al Instituto”. Porque, de otra manera, lo que habrá, dando mayor peso a un solo sector, son las imposiciones, sin rendición de cuentas.

Y todo esto, nuevamente, por una decisión desde el poder político concentrado, sin tomar en cuenta a los más directamente afectados, en este caso, los trabajadores y los empleadores. Sin la organización de un proceso de parlamento abierto. Sin mesas de diálogo. Sin siquiera análisis y debate de los propios legisladores del oficialismo.

Legislaciones que pueden concretarse en un solo día, por decisión de unos cuantos, pero con consecuencias con potencial de largo plazo y para millones. Los mexicanos debemos tener claro que construir un patrimonio como el Infonavit toma años. Hay que cuidar a nuestras instituciones.

Con información de El Sol de México