México después de las reformas

7 de enero de 2025

Linaloe R. Flores

México inicia un año con una nueva escena política marcada por la desaparición de siete órganos autónomos, la ampliación de delitos del catálogo de la figura de prisión preventiva oficiosa y tres nuevas dependencias federales que conforman la impronta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Vistos a través de sus contrataciones públicas, sólo en 2024, los siete órganos autónomos gastaron en conjunto menos que Prevención y Readaptación Social (PRS) que, a cargo de los centros de reclusión de México, se encargará de atender a los detenidos por los nuevos delitos, y la Secretaría de la Función Pública, que se transformará en Anticorrupción y Buen Gobierno, de acuerdo con una localización de contratos por parte de Reporte Índigo.

Será la plataforma en la que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo gobierne después de que el Congreso de la Unión, con la mayoría aplanadora de Morena, aprobó las reformas administrativas enviadas por su antecesor, Andrés Manuel López Obrador. En su conformación, está también su decisión de instituir nuevas dependencias. Este año, antes de abril, este nuevo escenario debe quedar listo conforme a la armonización de los nuevos marcos jurídicos.

La desaparición de los autónomos

Para siete órganos autónomos llegó un consumatum est. Tras meses de resistencia y negociación, el 20 de diciembre, el Gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto para extinguirlos. A partir de esa fecha, hay 90 días hábiles para que desaparezcan y sus funciones sean transferidas a las dependencias federales.

Se trata del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, la Comisión Federal de Competencia (Cofece), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Además, debe surgir un nuevo organismo que inhiba los monopolios en todos los sectores mediante la fusión de la Cofece y el IFT.

En cuanto a la prisión preventiva oficiosa, el decreto al respecto fue publicado el 31 de diciembre pasado. Con vigor desde el primer día de este nuevo año, los jueces deberán considerar como nuevos delitos graves la extorsión, así como las actividades ilícitas relacionadas con el fentanilo y las drogas sintéticas. Pero, del listado se eliminarán el narcomenudeo y la defraudación fiscal.

En ese nuevo marco tres nuevas dependencias federales se integrarán a la función pública: la Secretaría de las Mujeres, la Secretaría Nacional de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación y la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno. Esta última, en el centro de la política para combatir las malas prácticas, asumirá la tarea del INAI de acceso a la información.

¿Adiós al gasto oneroso?

Desde que en 2023 el Ejecutivo federal mencionó la posibilidad de su desaparición por tener funciones duplicadas y ser onerosos, el gasto en contrataciones públicas disminuyó en los siete órganos autónomos hasta que en 2024 –su último año de funcionamiento– sus erogaciones sumaron mil 173 millones 544 mil 649 pesos. Sus últimas compras se concentraron en gastos de administración y mantenimiento de sus edificios.

La cifra es similar al monto del fraude detectado en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, revelado en diciembre pasado por Octavio Romero Oropeza, director general de ese organismo, en una conferencia “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Pero es apenas el 9.7 por ciento de lo que en su primer año de funcionamiento –2020– Seguridad Alimentaria Mexicana fue incapaz de comprobar, lo que generó una serie de observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación y una demanda penal por presunto desvío de dinero de la Secretaría de la Función Pública (hoy de Anticorrupción), en un episodio que aún no ha sido aclarado.

El organismo que más erogó el año pasado fue el IFT con 972 millones 261 mil 378 pesos; es decir, el 82.8 por ciento del total erogado por los siete.

Mientras tanto, PRS, el organismo que administra los centros de reclusión de México y se encargará de recibir y custodiar en su infraestructura a las personas detenidas bajo la figura de prisión preventiva oficiosa, erogó el año pasado 2 mil 77 millones 429 mil 130 pesos, casi el doble de lo que gastaron los siete órganos que desaparecerán.

Las nuevas dependencias

Las tres nuevas dependencias en el gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo resultarán de la transformación de dos organismos en el caso de la Secretaría de las Mujeres y la Secretaría Nacional de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, y de una misma secretaría en cuanto a la de Anticorrupción.

De estas, la que más gastó el año pasado fue la Secretaría de la Función Pública, que se convertirá en Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Cerró 2024 con 577 millones 667 mil 370 pesos.

Enseguida, el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, que se convertirá en Secretaría Nacional de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, erogó 152 millones 198 mil 964 pesos.

Y en tercer término quedó el Instituto Nacional de las Mujeres, que en su conversión a Secretaría de las Mujeres sumó el año pasado 46 millones 156 mil 270 pesos. La campaña “Seamos distintos. Versión Estereotipos 1 y 2”, cuyo propósito fue informar sobre cómo los roles y estereotipos afectan el bienestar de las mujeres, se llevó los contratos más importantes.

Es el panorama dibujado por la primera presidenta de México a una semana de cumplir 100 días de gobierno y cuando su aceptación ciudadana oscila entre el 78 y 90 por ciento, según todas las encuestas.

Anticorrupción: ¿Y ahora qué?

La nueva Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, a cargo de Raquel Buenrostro Sánchez, hereda 2 mil 197 millones de pesos en multas por cobrar a empresas que incurrieron en corrupción y fueron sancionadas por la otrora Secretaría de la Función Pública (SFP).

En octubre pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que su política de combate a la corrupción implicaría la transformación de la SFP en una nueva dependencia. La secretaría está en funciones desde el 1 de enero de este año.

Se trata de una cifra sumatoria de las sanciones económicas impuestas a proveedores del Gobierno federal que cometieron actos de corrupción al ser postores de los contratos gubernamentales o una vez que los tuvieron. El abanico de estas prácticas va desde proporcionar datos falsos, colusión con funcionarios públicos para desviar dinero hasta negligencia que ocasionó tragedias.

De acuerdo con los datos abiertos del Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, hay 2 mil 332 expedientes que se le siguen a compañías que fallaron al brindar sus servicios a la administración pública federal. El organismo que tiene más procedimientos, con 457, es el Instituto Mexicano del Seguro Social; después está la antigua SFP con 308 y en tercer sitio, la Comisión Federal de Electricidad con 158.

Es dinero que por malas prácticas se le debe al Estado mexicano y que mediante juicios de amparo, las empresas sancionadas han dejado de pagar ante el Sistema de Administración Tributaria, conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

No obstante, el registro de la multa ha quedado como pendiente en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados. La penalidad más antigua data de 2001, cuando gobernaba Vicente Fox Quesada (2001-2006), y le fue impuesta a Alstom International por 341 mil 100 pesos por supuesta información falsa durante una licitación pública.

En la lista que ahora toma la nueva dependencia federal, el monto mayor lo tiene el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado con mil 306 millones 247 mil 635 pesos; es decir el 59.5 por ciento del total. En este organismo hay 119 expedientes de multas por cobrar.

En tanto, el número más grande que hasta ahora está impuesto –de 100 millones 243 mil pesos– lo tienen las empresas DAI Servicios S.A de C.V, Impromed S.A de C.V, Int-Per S.A de C.V, Proyectos en Procesos de Recursos Humanos S.A de C.V, Servad Promo Asistencial S.A de C.V y Servicios de Mínima Invasión S.A de C.V.

En esta herencia sobrevive la multa que se le impuso en 2009 a la Guardería ABC S.C por 1 millón 644 mil pesos después de que un incendio en su interior matara a 49 niños. La entonces Secretaría de la Función Pública determinó que como empresa, la guardería incumplió obligaciones contractuales.

Los secretos de México, ¿en dónde pararán?

Aun con la aprobación y decreto de la reforma que ordena su eliminación, integrantes del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) desconocen qué ocurrirá con los asuntos que los gobiernos, partidos políticos y sindicatos pusieron bajo reserva a través de los años desde 2002, cuando el organismo inició funciones.

Así lo constató Reporte Índigo en momentos en que el INAI es desmantelado, un proceso que debe concluir antes de abril.

En momentos en que se conforma un nuevo escenario político en el que no actuará más el órgano de la transparencia, hay 90 mil 33 asuntos que se encuentran en la secrecía con el argumento de que su revelación pondría en riesgo la seguridad del país, según el Índice de Expedientes Clasificados como Reservados de los sujetos obligados del ámbito federal. No obstante, se trata de información requerida con frecuencia por los ciudadanos, según las solicitudes de información en la Plataforma Nacional de Transparencia.

En las últimas dos décadas, durante las cuales tuvo vigencia el marco normativo que rigió al INAI, los ciudadanos tuvieron derecho a “solicitar, investigar, difundir y buscar información”, pero las entidades públicas ostentaron también el permiso de negar la información mediante el recurso de la reserva.

Así, en ese cúmulo de asuntos se encuentran documentos cruciales sobre tramas de corrupción como la que rodeó a la empresa brasileña Odebrecht, las decisiones para iniciar la llamada guerra en contra del crimen organizado cuyas operaciones avivaron una crisis de violencia, según varios especialistas; el homicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato del Partido Revolucionario Institucional a la Presidencia de la República en 1994; o la administración del dinero público recibido por los sindicatos.

Las dependencias y organismos de la administración pública centralizada con más reservas son la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; Prevención y Readaptación Social y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Las dos primeras entidades tienen decenas de miles, en tanto que la tercera, miles.

De los partidos políticos, Acción Nacional es el que más expedientes reservados acumuló con 69, después está Morena con 34 y luego, el de la Revolución Democrática con 22. De los sindicatos, el Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales es el que más guarda con 50.

Con información de Reporte índigo

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