La intrincada y polémica transformación judicial, el round final

29 de enero de 2025

Rubén Zermeño

El proceso de selección de ministros, magistrados y jueces se complica todavía más y el proceso de selección de los nuevos integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF) despierta más dudas que certezas y genera más polémica.

El proceso, actualmente, se encuentra polarizado y el encono, la controversia y los giros de tuerca están a la orden del día.

En el más reciente episodio de la “novela” judicial, renunciaron masivamente los cinco integrantes del Comité de Evaluación del PJF. Su argumento fue “imposibilidad jurídica” para continuar su tarea de seleccionar a los candidatos para la elección judicial programada para el 1 de junio.

“Por medio de este escrito, presentamos nuestra renuncia con carácter inmediato e irrevocable al Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior debido a la imposibilidad jurídica de continuar con el proceso que fue encomendado a este cuerpo colegiado”, señalaron en la carta de renuncia.

La renuncia de los integrantes del Comité ocurrió en un momento de mucha tensión entre los poderes Legislativo y Judicial, luego de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinara que el Senado de la República asumiera las tareas de selección que estaban a cargo del Comité.

El Senado cumplirá con el mandato del TEPJF que ordenó la insaculación sin un filtro adicional de idoneidad. Foto: Especial

Esto luego del desacato del Comité a una sentencia que les ordenaba reanudar sus actividades.

El argumento del TEPJF fue que era “inadmisible” que el Comité continuara retrasando el proceso, especialmente porque afectaría los derechos de los aspirantes que ya habían cumplido con los requisitos iniciales de elegibilidad.

El Tribunal Electoral también estableció que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no aprueba las listas resultantes del sorteo, la Cámara podrá enviarlas directamente al Instituto Nacional Electoral (INE) como candidaturas definitivas del Poder Judicial.

Previamente, la SCJN otorgó medidas cautelares para proteger a los miembros del Comité de Evaluación en caso de que quisieran ser sancionados por no cumplir con la sentencia del TEPJF, es decir, los integrantes estaban blindados para no enfrentar multas económicas o amonestaciones.

Validación desde Presidencia, Claudia respalda al Tribunal

Al ser cuestionada sobre la renuncia de los cinco integrantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación, la presidenta Claudia Sheinbaum recordó que la última palabra la tiene el Tribunal Electoral.

“Me parece muy bien que el Tribunal Electoral diga cómo salvaguardamos los derechos de estas personas que están participando, que decidieron inscribirse y participar en el Poder Judicial. La Constitución dice que es hasta el 31 de enero para tener los nombres de las personas que van a participar en la elección.

“Entonces me parece muy bien que el Tribunal Electoral diga: ‘si la Corte no quiere (entonces) que se vaya al Legislativo o Ejecutivo‘. Es un mecanismo que permite que se salvaguarden los derechos de las personas que se inscribieron en el Poder Judicial y que después no tengan un pretexto de decir que la elección no fue correcta o tuvo un problema”, dijo Sheinbaum.

La presidenta además reconoció el trabajo previo que hizo el Comité.

“¿Qué resolvió el Tribunal Electoral? Que los tres mil y tantos que quedaron en la primera selección de ese comité, el Senado de la República va a hacer una selección al azar de esas personas y esas son las que van a participar como parte del Poder Judicial en la elección del primero de junio.

*”Las personas que se inscribieron en el Poder Judicial ya pasaron el primer filtro que es que cumplan con lo que establece la Constitución. De acuerdo con las personas que tenía ese Comité, ya revisaron que todos los aspirantes tengan 8 de promedio, que tengan cartas de recomendación, que su ensayo esté bien hecho, etcétera, que es lo que establece la Constitución. Qué es lo que valora el Tribunal Electoral, pues quedan tres días y en esos tres días difícilmente van a poder hacer una revisión de esas tres mil personas”, justificó la tómbola que se llevará a cabo en el Senado.

Duelo entre ministras y Poderes

Previo a la decisión del Tribunal y a la renuncia de los miembros del Comité, la ministra Yasmín Esquivel acusó a la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, de “violar la independencia y autonomía” del Tribunal Electoral.

Esto luego de que la ministra presidenta emitiera una medida cautelar para impedir cualquier acción ilegal contra el Comité de Evaluación del Poder Judicial.

“La Ministra Norma Piña no tiene facultades para otorgar una medida cautelar en pleno proceso electoral, que busca evitar posibles sanciones al Comité de Evaluación del PJF por incumplir una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ya que carece de fundamento legal. Es esencial que la Ministra Presidenta respete la autonomía y las facultades de los órganos jurisdiccionales, permitiendo que el proceso electoral continúe en pleno apego a la Constitución y las leyes que rigen nuestro sistema democrático”, argumentó Esquivel.

La gran controversia judicial

La decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de transferir a los aspirantes a jueces y magistrados que habían aplicado al Comité del Poder Judicial al Comité del Poder Legislativo generó diversas reacciones en contra.

Guadalupe Salmorán Villar, profesora e investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señaló en entrevista con Reporte Índigo que este es un proceso sin precedentes, ya que México será el único país en el mundo donde la ciudadanía elegirá directamente cargos jurisdiccionales federales.

Por ello, lamentó la decisión del TEPJF de ordenar a la Cámara alta suplir las funciones del comité evaluador, pues esto, advirtió, agrega mayor incertidumbre y desconfianza a un proceso que ha estado plagado de inconsistencias.

“Este proceso ha sido desordenado e improvisado en todo momento, pues a pesar de que no se cuenta con las leyes secundarias, se comenzó con la implementación de la reforma judicial”, señaló.

La académica de la UNAM sostuvo que, aunque la Constitución establece que la elección de jueces debe ser abierta y transparente, la práctica ha resultado en un proceso complejo y con turbulencias de todo tipo.

Además, precisó que desde un inicio este proceso extraordinario fue poco claro, debido a que los aspirantes debían cumplir dos requisitos: legales y de idoneidad, aunque tampoco ha quedado del todo claro cuál será el proceso de selección final.

“Tampoco es un proceso directo, porque los poderes públicos intervendrán en la selección de las candidaturas. Además, la falta de transparencia lo hace susceptible a discrecionalidades”, afirmó Guadalupe Salmorán.

La investigadora insistió en que los comités de evaluación fueron propuestos como filtros para procesar las listas de aspirantes y, en una fase posterior, calificar su idoneidad.

Sin embargo, criticó que en la práctica, se presentaron recursos legales ante jueces federales, como los amparos interpuestos en Michoacán y Jalisco, los cuales instruyeron a los comités sobre cómo implementar este proceso.

“Una de las consecuencias más graves de esta reforma ha sido la remoción masiva y anticipada de jueces y magistrados en funciones. Esto generó un desacato por parte del Poder Ejecutivo y Legislativo hacia el Comité del Poder Judicial de la Federación, creando una controversia en torno a la obstaculización del proceso”, externó la profesora.

Y es que para esta elección judicial se elegirán más de 800 cargos relacionados con la impartición de justicia, los cuales serán seleccionados por la ciudadanía el primero de junio próximo.

Polémica por la insaculación

El proceso de insaculación por “tómbola”, que se llevará a cabo el 31 de enero en el Senado de la República, genera controversia entre legisladores del oficialismo y la oposición en torno a su legalidad y transparencia.

El senador Adán Augusto López Hernández, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, asegura que la Cámara alta cumplirá con el mandato del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que ordenó la insaculación sin un filtro adicional de idoneidad.

Este procedimiento, que consiste en un sorteo o “tómbola”, se realizará conforme a lo establecido por la ley, con el objetivo de seleccionar a los aspirantes a jueces del Poder Judicial.

Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, resalta que el sorteo garantizará equidad y evitará manipulación o favoritismo.

Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado. Foto: Especial

Los partidos Acción Nacional y Movimiento Ciudadano consideran que este procedimiento representa una “invasión de competencias” del Poder Judicial.

La panista Guadalupe Murguía anunció que su bancada interpondrá incidentes de incumplimiento de suspensiones judiciales y valorará nuevos juicios de amparo.

El emecista Luis Donaldo Colosio considera que la metodología no garantiza la idoneidad de los candidatos y propone una mesa de diálogo entre los poderes Legislativo y Judicial.

“El proceso de insaculación no solo pone en peligro la calidad del Poder Judicial, sino que también afecta los derechos político-electorales de la ciudadanía”.

Con información de Reporte Índigo

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