Riesgos de la orden de Trump de eliminar la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos
Eunice Rendón y Janeth Moreno.
El anuncio de la orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos para eliminar la ciudadanía por nacimiento ha generado un amplio debate político, legal y social. Esta medida pretende reinterpretar la 14ª Enmienda, negando la ciudadanía automática a hijos de madres indocumentadas o con estatus legal temporal, como turistas y estudiantes. Esta política desafía un principio democrático que ha sido un pilar de Estados Unidos durante más de un siglo.
Diversas organizaciones, como AILA, ACLU y Abogados por los Derechos Civiles (LCR), han interpuesto demandas para bloquear la orden ejecutiva. Un total de 18 estados, junto con el Distrito de Columbia y San Francisco, encabezados por Nueva Jersey, han denunciado esta acción como “extraordinaria y extrema”, mientras que otros estados como Arizona, Illinois, Oregón y Washington han presentado demandas separadas. Los fiscales argumentan que el presidente carece de autoridad para reescribir la Constitución y advierten que esta medida pone en riesgo la estabilidad legal y social del país.
Hace unos días, un juez federal en Seattle, John C. Coughenour bloqueó temporalmente la orden, calificándola de “manifiestamente inconstitucional”. La suspensión inicial es de 14 días mientras se evalúa una posible extensión. Los demandantes señalan que, de implementarse, esta política afectaría gravemente a miles de niños, negándoles acceso a servicios esenciales como Medicaid y CHIP, y exponiéndolos al riesgo de apatridia. El Departamento de Justicia, en contraste, sostiene que la interpretación actual de la 14ª Enmienda es incorrecta, argumentando que los hijos de extranjeros con estatus temporal no están sujetos a la jurisdicción estadounidense. Esta acción ejecutiva seguramente seguirá un tortuoso proceso en las cortes y llegará a la Corte Suprema para definir su constitucionalidad. La 14ª Enmienda, primera sección, cláusula primera y cuarta establece “Todas las personas nacidas y naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetos a la jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos y del Estado donde ellos residen”. Esta enmienda es clara sobre los derechos constitucionales de todos los ciudadanos en ese país.
Expertos legales enfatizan que ni el presidente ni el Congreso tienen autoridad para modificar la 14ª Enmienda sin pasar por el proceso formal de enmienda constitucional, reforzando la ilegalidad de la medida. Además, esta acción viola el debido proceso protegido por la 5ª Enmienda y la Ley de Procedimiento Administrativo, que prohíbe actos arbitrarios o abusos de poder. También existen precedentes de la Corte Suprema, como el caso Trop v. Dulles (1958), que equipara la privación de ciudadanía con la “destrucción total del estatus de un individuo en una sociedad organizada”.
Según estimaciones, la propuesta afectaría a 150,000 recién nacidos anualmente, incluidos hijos de madres con estatus legal temporal. Los afectados pueden ser madres que entraron al país sin ninguna documentación quienes estarían dando a luz en los próximos meses, así como madres que están bajo visas no-inmigrantes como visas de turismo, estudiante así como de trabajo H1b (entre otras). Por ejemplo, Juana embarazada de seis meses y beneficiaria del estatus migratorio especial TPS, menciona que desde el anuncio de esta medida, no puede dormir bien y esta intranquila con mucha angustia e incertidumbre de lo que pueda pasar y sobre el riesgo de que su hijo sea apátrida.
La comunidad latina, que representa el 19.5% de la población estadounidense, es particularmente vulnerable a estas políticas. Este grupo ha demostrado ser esencial para la economía del país, generando un PIB de 2.6 billones de dólares, lo que equivale a la quinta economía más grande del mundo si fueran una nación independiente. Su poder adquisitivo, de 3.7 billones de dólares, crece 2.5 veces más rápido que el promedio global. Además, los latinos representan el 78% de la nueva fuerza laboral en Estados Unidos y son la población más joven del país, con una edad promedio de 12 años. Más allá de sus contribuciones económicas, los latinos tienen un impacto cultural y político significativo. Actualmente, 4 de cada 5 latinos son ciudadanos estadounidenses o residentes legales, y el 84.4% habla inglés. Su participación electoral sigue creciendo, representando el 14.7% en las últimas elecciones.
El intento de eliminar la ciudadanía por nacimiento no solo representa una violación a la Constitución, sino que también amenaza los valores democráticos y derechos fundamentales de millones de personas al tiempo de subrayar los tiempos difíciles que se vienen en la nueva era Trump.
Eunice Rendón (PhD) es experta en migración y seguridad, coordinadora de Agenda Migrante y ex directora del Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Janeth Moreno es abogada experta en migración en Estados Unidos.
Con información de Aristegui Noticias
