Las demandas panfletarias…
Álvaro Aragón Ayala
Las demandas contra el Rector Jesús Madueña Molina y Héctor Melesio Cuén Ojeda, presidente del Partido Sinaloense, tienen el rango de panfletarias porque las facturas en que se basan carecen de soportes legales que reflejen alguna operación turbia; las investigaciones contables-administrativas realizadas por la Auditoría Superior de la Federación y la propia Universidad Autónoma de Sinaloa indican que esos documentos no arrojan ninguna transacción ilícita.
El gobierno de Rubén Rocha Moya emprendió una batería de demandas penales contra el Rector y el comité de Compras y Adquisiciones a raíz de la oposición a la aplicación a la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa, violatoria a la autonomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Para las querellas “adultera” facturas auditadas por la ASF y los propios órganos de control de la UAS, arqueos que no han arrojado ninguna irregularidad, ningún daño patrimonial contra la Casa Rosalina.
Contra Héctor Melesio Cuén Ojeda y su hijo, Héctor, el gobierno explota y manipula facturas “viciadas” y usa el registro de propiedades y datos sustraídos ilegalmente para instalar montajes periodísticos. En el pasado reciente, Cuén fue investigado por las autoridades por los mismos delitos que ahora le atribuye el gobierno de Rocha a través de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica y el SATES. A Cuén no se le encontró nada ilegal.
El gobierno del estado no puede establecer la ilegalidad o legalidad de las operaciones comerciales o mercantiles con particulares o personas morales, en las que basa sus demandas, porque carece de elementos concretos, firmes, ya que no está facultado para realizar investigaciones contable ni administrativas al interior de la Universidad. La UIPE el SATES, la Auditoría Superior del Estado y la Fiscalía de Justicia tampoco tienen atribuciones para realizar auditorías a la UAS.
En las demandas, la UIPE está usando facturas ya auditadas, certificadas por la ASF y los organismos de control interno de la UAS, recibos o cuentas que son manoseadas para fabricar delitos en el vacío sustentados únicamente en la sospecha, en chismes o en “declaraciones periodísticas” que les sirven, además, para emprender acciones de descrédito y justificar ante la opinión pública las querellas. El restriego de facturas son parte del proceso de criminalización pública contra la UAS y Cuén Ojeda.
Por consigna del gobernador Rubén Rocha Moya, la Fiscalía General de Justicia recepciona las demandas y, violando la presunción de inocencia y el debido proceso, intenta encajar delitos panfletarios construidos con base en imaginarios “periodísticos” o con versiones truculentas tejidas en el Tercer Piso del gobierno estatal, incurriendo en graves violaciones a la Constitución, a la Ley Orgánica de la Procuraduría de Justicia y a la Ley Federal de Procedimientos Penales.
Por lo tanto, las querellas contra el Rector y Cuén Ojeda están montadas en show mediáticos, en una criminalización periodística, alejada de pruebas plenas que pueda certificar la existencia de delitos. El linchamiento público le cuesta al gobierno de Rubén Rocha Moya millones de pesos mensuales distribuidos entre quienes participan en esa conspiración informativa. Las demandas carecen, entonces, de sustento legal.
