Tribunal de Morelos, ‘bajo la lupa’ de la Corte por extensión de mandato, acoso y violencia laboral
Teodoro Rentería
Mediante controversia constitucional y acción de inconstitucionalidad, el actuar y permanencia como magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, Jorge Gamboa Olea, está en manos del análisis de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En su momento, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, CDHEM, recurrió ante el máximo tribunal del país, la modificación constitucional que el Congreso del Estado hizo, mediante la cual se extendió la permanencia en la Presidencia del Poder Judicial de Morelos para cuatro años. De proceder esta acción de inconstitucionalidad, en mayo próximo los magistrados deberán ir a proceso electoral interno.
Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha admitido para su estudio una nueva controversia que deberá determinar si la CDHEM está facultada para investigar y en su caso, emitir recomendaciones, sobre actos u omisiones de naturaleza administrativa, provenientes del Poder Judicial. Si esta controversia constitucional prospera, el Magistrado Presidente deberá aportar información, hasta hora negada, sobre varias denuncias de acoso sexual y violencia laboral al interior del Tribunal morelense.
El plazo
Cómo se recordará en junio de 2023, el Congreso de Morelos aprobó el decreto 1230 con el que se derogan y reforman dos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, para extender el periodo de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de dos a cuatro años.
La modificación, en su artículo Tercero Transitorio, determina aplicar este beneficio para el actual titular del tribunal. El decreto fue publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” en su edición número 6206, de fecha 05 de julio de 2023.
Para la CDHM “el contenido de la disposición transitoria contraviene los principios de legalidad, seguridad jurídica, división de poderes e independencia judicial, en perjuicio de la ciudadanía y del propio Poder Judicial, debido a que, conforme a la Constitución local y los precedentes de la SCJN, la facultad para la designación de quien ocupa la presidencia del TSJ es competencia exclusiva de este y no así de algún otro poder o ente del Estado”.
En el comunicado se explica “que con dicha disposición se estaría subordinado al Poder Judicial Local a tener, por dos años más, a un presidente, sin que esa decisión resulte de un ejercicio democrático por sus integrantes, conforme lo dispone el propio texto constitucional”.
En medio de esta polémica reforma constitucional y de varios señalamientos en contra del magistrado Jorge Gamboa Olea, en sesión de pleno fue destituido por mayoría de votos de sus compañeros; la reunión no pudo culminarse al abandonar la sala el recién magistrado destituido y sus pares que le apoyan.
En las horas siguientes se conoció de la suspensión otorgada a su favor que le permitiría seguir al frente del Tribunal hasta en tanto no se resuelva el fondo de su denuncia.
De forma paralela, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dio entrada e inició el estudio de fondo sobre la modificación constitucional que le permite a Gamboa Olea concluir hasta mayo de 2026, cuando fue electo para finalizar en este 2024.
Sobre los escándalos
En julio de 2023, la Comisión de Derechos Humanos de Morelos (CDHM) inició una queja de oficio contra del presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Morelos, Jorge Gamboa Olea, acusado de acoso sexual y laboral.
La Comisión inició el expediente CDHM/1S.1/089/2023-V1 por presuntas violaciones a derechos humanos relacionados con acoso laboral contra mujeres. El ombudsman, Raúl Israel Hernández Cruz, solicitó para tales efectos “informes suficientes y necesarios” al Magistrado Presidente y a la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina. Hizo lo propio al área responsable de Recursos Humanos respecto a los hechos que motivaron el despido de varias mujeres y la posible intervención de la jueza Vanessa Gloria Carmona Viveros.
Ante esta petición, el presidente del Poder Judicial de Morelos negó la información solicitada bajo el señalamiento de que la CDHEM no está facultada para conocer de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes del Poder Judicial del Estado, de acuerdo al artículo 23-Bis de la Constitución Política de Morelos.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha aceptado para su estudio, este 17 de enero de 2024, la controversia consitucional 531/2023, mediante la cual analizará la excepción que este mandamiento tiene a favor del Poder Judicial para evitar el que sea investigada por la Comisión de Derechos Humanos.
Este tema tiene especial relevancia porque si bien es cierto que este artículo está vigente desde 2007, fue hasta 2021 que las comisiones de derechos humanos fueron facultadas para promover controversias y acciones ante la Corte. La negativa del presidente del Tribunal Superior de Justicia para entregar información solicitada por la Comisión de Derechos Humanos, quedó documentada en el Oficio número PRESIDENCIA/LJGO/426/2023 de fecha 17 de octubre de 2023.
Sobre las excepciones que marca la Constitución de Morelos para que el Poder Judicial no pueda ser investigada por actos de naturaleza administrativa, el ministro ponente, Juan Luis González Alcántara Carrancá, dio inicio a la revisión de su constitucionalidad, precisamente ante la negativa del magistrado Jorge Gamboa Olea.
Con información de El Financiero
