El carnaval de Mazatlán. La elección en la UAIM. Imelda Castro y sus candidatos. UAS: lo que no existió

Álvaro Aragón Ayala

Lo que parecía un día de fiesta para los alegres compadres, el Rector Ignacio Flores Ruiz y el ex comandante de la Policía Ministerial Jesús Rodolfo Cuadras Sainz, se convirtió en una pesadilla. Resulta que el proyecto para heredar a Cuadras la directiva de la Universidad Autónoma Indígena de Mexico diseñado por Flores, mediante el control de los 30 consejeros universitarios, amenaza con colapsarse.

Salió a flote, pues, la corrupción, la pestilencia en la UAIM, mutada en una cloaca por Flores Ruiz, que consideró a su compadre el idóneo para que le cuide las espaldas, sin embargo,  arribó un candidato dispuesto a rifársela: el ex diputado local morenista Martín Vega, quien, a sabiendas de que los 30 consejeros fueron corrompidos, le entró al ruedo en busca de la Rectoría.

Fue ahí cuando empezó la pesadilla para los compadres, pero viene aún lo peor: el académico y abogado Gabino Lázaro López anunció su intención de impugnar la candidatura de Jesús Rodolfo Cuadras Sainz, quien sigue operando como secretario general de la institución. Para el jurista esa candidatura resulta contraria a la normativa universitaria.

“Espero que el consejo universitario esté a la altura de las circunstancias y resuelva los diferentes medios de impugnación que se presenten porque además esto no es un capricho, esto es una cuestión de legalidad y legitimidad, en el actual proceso el pretender imponer en el cargo de Rector al secretario general violenta la normativa universitaria y voy a impugnar, el aspecto central es que no se puede ser secretario general y candidato al mismo tiempo”, dijo.

Consideró que la candidatura de Jesús Rodolfo Cuadras Sainz “en las circunstancias actuales no debió haber sido ser aceptada” y reveló que “existe una campaña de presión por parte del actual rector y su grupo de apoyo a favor de Jesús Rodolfo Cuadras Sainz”, además de que por medio de componendas han comprado anticipadamente el voto de los consejeros universitarios.

Leer nota relacionada: CUADRAS SAINZ, DEUDOR ALIMENTICIO

Mientras las familias de Culiacán y Mazatlán viven sumergidas en una escalada de sangre y muerte, la Senadora de la República, Imelda Castro Castro, localizó los municipios en los que en el 2027 Morena, por razones de equidad de género, designará a hombres o mujeres como candidatos o candidatas a las presidencias municipales. En esas jurisdicciones, la legisladora concentra sus esfuerzos y dibuja planes ambiciosos.

En Ahome, en donde lo más obvio es que se nombre a una mujer como la abanderada de Morena, promueve a la diputada local Juana Minerva Vázquez y a la diputada federal Ana Ayala, y si el tiro le falla y por alguna razón se designa a un varón, ya trae colgado del reboso al diputado César Ismael Guerrero, un panista arrepentido convertido al morenismo. En Guasave, en donde despacha la alcaldesa Cecilia Ramírez Montoya, apodada Lady Desorden, Imelda trae alborotado al hocicón de Manuel Luque.

Las muertes, los “levantones” y desaparecidos, los hallazgos de cadáveres en fosas clandestinas, el robo de vehículos, los asesinatos de menores, el cierre de comercios, la Senadora se los pasa por el arco del triunfo, no le interesa ese tema, pese a que ella y su familia sufrieron en carne propia en septiembre del 2009 la privación ilegal de la libertad y el homicidio de Fortino Castro Castro, cuyo cuerpo fue localizado un año 2 meses después en la morgue del Servicio Médico Forense.

ooo….ooo….ooo….ooo

A como se desplazan las amenazas, unas públicas y otras “privadas” o secretas y ocultas por el miedo, si fallan los operativos de prevención de delitos, el Carnaval de Mazatlán podría convertirse en el Carnaval de la Muerte. Por primera vez en la historia, las fiestas del rey momo, son envueltas por la incertidumbre y el temor a atentados criminales.

Ciertamente. La seguridad en Mazatlán está en “punto ciego”. Días atrás, un grupo criminal colocó en un puente de Tijuana, Baja California, una narcomanta con amenazas dirigidas al Grupo Firme y su vocalista Eduin Caz. Junto a este mensaje, autoridades localizaron una cabeza humana.

El mensaje contenido en la narcomanta advirtió: “Grupo Firme, si tocan en el Carnaval de Mazatlán los vamos a matar a todos. Recuerden que ustedes viven en Tijuana. Hasta el que pone las luces lo vamos a matar”, lo cual causó alarma entre la comunidad artística con contratos o planes de participar en las fiestas carnestolendas.

Dentro de los planes del festival, programado del 27 de febrero al 4 de marzo, está el incluir presentaciones de artistas como Plácido Domingo y Alejandro Sanz. El show de Jorge Medina y Josi Cuén, fue cancelado, y aunque no se vinculó con las amenazas, todo hace suponer que no participarán en el carnaval por miedo a una agresión mortal.

ooo…ooo…ooo…ooo

El director jurídico de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Alfonso Carlos Ontiveros Salas, fue entrevistado por Ismael Bojórquez, director del semanario Ríodoce, y le precisó la ruta que llevó a la conclusión del diferendo UAS-Gobierno del Estado (Fiscalía General). Ismael le planteó, sobre este tema varias preguntas:

IB—¿Cuáles fueron las claves del acuerdo?

ACOS—Se partió de dos preceptos, uno, ¿hubo daño patrimonial? No. Ríodoce estuvo presente en las audiencias, tomó nota, y quedó claro en los dictámenes que no hubo daño patrimonial…

IB—Pero no en todos los casos.

ACOS—La denuncia acusaba un hecho, y decía “por no haber licitado”, y el no haber licitado es una causa de forma, una formalidad exigida en una ley de adquisiciones, no hubo carpeta de investigación porque haya habido fraude, administración fraudulenta, no hubo desvío de recursos públicos, eso no fue el motivo del proceso penal, en todos, en los once, uno porque no permitimos a la ASE, los otros por los servicios que debieron haberse licitado.

“Entonces, para darle salida a través de la suspensión condicional, teníamos que acumular todos los procesos; así, los de abuso de autoridad quedaron eliminados, de los otros nueve, de los comités de adquisiciones, se emite un solo acuerdo. Una de las condiciones para la suspensión condicional del proceso es que no haya delito”.

IB—En algunos casos sí, pero que la sentencia no pueda ser mayor de cinco años, me parece…

ACOS—Bueno, cuando los hechos que se están procesando y que el delito no sea mayor a la ley aritmética que son de cinco años, que la víctima se manifieste de acuerdo que por otro lado no haya un proceso penal diferente en los dos años anteriores; entonces, no había delito.

La realidad: La Fiscalía jamás pudo comprobar, con documentación fidedigna, que los directivos de la Universidad Autónoma de Sinaloa incurrieron en desviación de recursos y en daños al patrimonio de la UAS ni tampoco pudo fincar el delito de enriquecimiento ilícito, porque nunca existieron. Las demandas se sustentaron en montajes periodísticos, en falacias, en narrativas para desacreditar a las autoridades e intentar colapsar a la máxima casa de estudios.