Desintegración electoral
Jorge Alcocer V.
Estamos viendo cambios que bien podemos considerar como una desintegración electoral, cuyo objetivo último es sentar las bases que permitan la perpetuación del poder de la 4T.
Entre 1990 a 2014 sucesivas reformas condujeron a sustituir el concepto “elecciones libres y justas” por el de “integridad electoral”, entendida por tal la existencia, en cada etapa del proceso comicial, de condiciones jurídicas, institucionales y procedimentales que aseguran la pluralidad, la competencia con equidad y la vigencia de los principios constitucionales en la materia. Condición sine qua non de la integridad electoral es la existencia de autoridades imparciales.
Hasta 2021 la integridad fue la característica del sistema electoral y de sus 2 instituciones centrales. Fue en ese año que Andrés Manuel López Obrador arreció el asalto contra el INE y el TEPJF, para someterlos al control del gobierno. En 2023 intentó un cambio constitucional para debilitar al INE y socavar la integridad electoral (“Plan A”). Esa iniciativa fue rechazada. Entonces el hoy expresidente presentó otra, con los mismos propósitos, pero solo con reformas legales. Pese a sus evidentes violaciones a la Constitución, Morena y aliados la aprobaron. Sin embargo, la SCJN la invalidó por graves violaciones al procedimiento legislativo. Gracias a esa sentencia las elecciones de 2024 pudieron aún ser realizadas, en términos formales, bajo condiciones de integridad electoral.
La inconstitucional sobrerrepresentación que el INE y el TEPJF otorgaron en 2024 al partido del gobierno y sus dos aliados, sumado a la compra y coacción de senadores electos bajo las siglas opositoras, permitieron al expresidente hacer aprobar casi todas las iniciativas de reformas constitucionales que presentó el 5 de febrero de ese año, incluyendo la que destruye al actual Poder Judicial, para colocar bajo control de la 4T al que surja de la elección extraordinaria del 1º de junio próximo.
Sin respeto por lo que aprobaron llevar a la Constitución y las leyes, desde el gobierno y su partido han usado su influencia sobre la mayoría de los magistrados y consejeros electorales para destruir la integridad electoral, aprobando reglas y procedimientos para la elección judicial que hacen ver los abusos de la Comisión Federal Electoral (1988) como un juego de párvulos. Cabe la hipótesis de que también estamos viendo un ensayo para extender esas prácticas a las elecciones ordinarias, federales y locales, en 2027 y 2030.
En la columna que entregué en este espacio hace dos semanas (“Repudio”) referí algunas de las barbaridades que el INE aprobó y el TEPJF validó para la elección judicial del próximo 1º de junio. Esas medidas destruyen la integridad electoral y prefiguran lo que desde ahora cabe calificar como fraude. Que en una elección se pida a los ciudadanos ir a votar sin saber lo que están eligiendo y quiénes están compitiendo por el voto, es una farsa. O, mejor dicho, es un fraude. Sólo que, hagan lo que hagan, aprueben lo que aprueben, la elección judicial es imposible de realizar.
La elección es imposible porque imposible es que un ciudadano reciba y utilice, en un tiempo razonable y sin cometer errores, las 6 boletas nacionales para el Poder Judicial federal y además las boletas locales. En 18 estados y en la CDMX, cada elector recibirá entre 4 a 8 boletas adicionales, relativas a la elección de los respectivos poderes judiciales locales
No es humanamente posible que un ciudadano reciba entre 10 a 14 boletas diferentes, con cientos de nombres, de los que cada elector deberá escoger colocando el número de cada uno de los escogidos en los recuadros que contendrán cada una de las boletas. Suponiendo que cada elector pueda culminar su voto, eso debería ser en un tiempo razonable, entendiendo por tal el que permite el funcionamiento normal en cada casilla, sin provocar demoras de horas en la fila. No será así. Los simulacros realizados con las 6 boletas nacionales arrojaron un tiempo promedio mayor a 40 minutos por elector.
Las casillas reciben votantes durante nueve horas. Si cada elector tarda 40 minutos, podrán votar alrededor de 14 en total. Si en cada casilla hay dos mamparas, habrá 28 electores que pueden votar. En un total de 84 mil casillas, serán 2 millones 352 mil electores, de un total de 100 millones. Supongamos que, por un milagro, el tiempo promedio empleado por cada elector en la casilla se redujera a 10 minutos, siguiendo el cálculo anterior podrían votar un total de 9.4 millones.
En el INE las previsiones -extraoficiales- de participación fluctúan entre el 5% al 8% de 100 millones, aunque algunos consejeros afines a la 4T esperan el 15%. En el mejor escenario serán 15 millones los que votarían en todo el país, que utilizarán 90 millones de boletas del INE. Habrá que triturar los 510 millones no utilizadas, más las que sobren de nivel local en cada estado. No es descabellado imaginar que el resultado puede ser decidido por el gobierno y su partido entregando a los votantes cautivos (en su enorme mayoría beneficiarios de programas sociales) plantillas impresas con los números que deberán copiar en cada boleta, nacional o local, o usando las boletas sobrantes. Lo de menos es cuantos voten.
Posdata: Como en película futurista, en la mañanera del miércoles 19 de marzo vimos a la secretaria de Gobernación en su papel de presidenta del INE.
Con información de Aristegui Noticias
