La UAIM, nueva etapa negra. Campos de exterminio y las zonas de matanza
Álvaro Aragón Ayala
La mafia que domina la Universidad Autónoma Indígena de México celebró la imposición de Jesús Rodolfo Cuadras Sainz, ex comandante de la Policía Ministerial y ex operador de quien fuera director de la corporación Jesús Antonio Aguilar Iñiguez -Chuy Toño-, vinculado en no pocas ocasiones a grupos de narcotraficantes, como su séptimo Rector, abriendo otra etapa de retroceso en la institución.
Cuadras Sainz asume la rectoría “por las pistolas” de su compadre el ex Rector Ignacio Flores Ruiz, quien sumió a la casa de estudios en el desprestigio y el caos. La designación representa una afrenta a la comunidad universitaria y a los indígenas que ven con frustración y desespero como la UAIM los relega y se convierte en una institución burocratizada y popof.
El nuevo Rector, que fungió como “guardaespaldas” de su compadre, Ignacio Flores, carece de la capacidad y experiencia para fortalecer los programas académicos, impulsar la investigación científica, mejorar la infraestructura universitaria y consolidar la vinculación con la comunidad. Por sus antecedentes se espera que durante su gestión destierre a los indígenas de los mandos directivos de la Universidad.
La comunidad universitaria de la UAIM recibió al nuevo Rector con el temor de que se convierta en un represor que quiera solucionar los conflictos con la pistola fajada en la cintura o blandiéndola en su diestra. Su imposición significa una de las etapas más negras de la historia de la institución, pues aparte de su ADN policial, ligado al de “Chuy Toño”, carece de prestigio académico y de compromiso con la formación de profesionales capacitados para contribuir al desarrollo de la región.
CAMPOS DE EXTERMINIO
Es cuestión de terminología aderezada con narrativas, unas que precisan que en México hay campos de exterminio y otras que niegan su existencia y la naturaleza criminal de los grupos de narcotraficantes que operan en México. La discusión llega al borde del paroxismo y se da en los planos gubernamentales que defienden lo indefendible y en los medios de comunicación, unos pegados a la ubre de la causa cuatroteísta y otros libres o posados en la línea opositora.
La escaramuza pública sobre si hay o no campos de exterminios se suma al registro diario de más y más desaparecidos y “levantados” y más y más asesinados en las zonas de muerte en que se han convertido algunas ciudades, sindicaturas y rancherías a todo lo largo y ancho de la República. En todos los estados hay territorios donde se registran matanzas. Es obvio que el gobierno descalifique a quienes revelan el Estado profundo, el narcoestado o el estado de desmadre.
Los campos de exterminio, cuya existencia rechaza el gobierno, trae a la memoria la matanza de estudiantes perpetrada por el ejército mexicano el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, en donde, testigos presenciales, luchadores sociales y universitarios y la prensa, no oficial, reportaron cientos de muertos, en tanto que el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz y el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Marcelino García Barragán, abuelo de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública Federal, reducía a 50 el número fallecidos.
El abuelo Marcelino es memorizado por su participación en la matanza de estudiantes del ‘68 cuando era titular de la Sedena. Días posteriores al 2 de octubre, amenazó con actuar de la misma manera (matando) si seguían más alborotos, contradijo que los francotiradores que se ubicaron en los edificios de Tlatelolco hubiesen estado armados y justificó la presencia del ejército en este suceso.
