La Comisión Nacional de Búsqueda, ausente en medio de crisis de desaparecidos
Jorge Cisneros
Desde la salida de Karla Quintana de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) ese organismo entró en parálisis y se abandonaron las líneas de trabajo que se trazaron: la plataforma interactiva de fosas creada se desactivó, se cerró el Centro Nacional de Identificación Humana y el diálogo entre buscadores de desaparecidos con la CNB se interrumpió.
Quien hace ese recuento es José Luis González, quien fue presidente de la Comisión de Búsqueda de Sonora y luego responsable médico del Centro Nacional de Identificación (CNIH), quien participó de la creación del organismo que cotejaría las muestras genéticas de cuerpos almacenados en servicios forenses y hallados en fosas clandestinas, y luego atestiguó el desmantelamiento del organismo.
González dejó el cargo en Sonora y se integró al CNIH a invitación de Karla Quintana, la primera presidenta de la CNB.
Ante el rechazo de Quintana a la idea de hacer un “censo” por parte de personal de la Secretaría de Bienestar que redujera la cifra de desaparecidos, que superaba 100 mil y le parecía “excesiva” al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobierno pidió la renuncia a la comisionada y para suplirla llamó a Teresa Guadalupe Reyes.
Reyes es una política sin experiencia en materia de desaparecidos que pasó de la Secretaría de Bienestar al Instituto Nacional para la Educación de los Adultos y luego trató sin éxito de ser consejera del Instituto Nacional Electoral (INE).
Trabajo abandonado
En entrevista con La Silla Rota, González Olivarria relata que en 2022 comenzaron los trabajos para crear el CNIH y así enfrentar la crisis forense que provocó la acumulación de 53 mil cuerpos en forenses.
La comisionada Quintana consiguió, mediante donación, que llegaran al CNIH tres equipos para obtener muestras genéticas, que se habían usado en Estados Unidos para identificar a víctimas del atentado terrorista en el World Trade Center del 11 de septiembre de 2001.
Los equipos del Centro comenzaron a colaborar con fiscalías que ya tenían muestras genéticas y, en Colima, lograron identificar a más de 20 personas. Sin embargo, vino el cambio de titular y esos trabajos quedaron en el limbo.
Un diagnóstico de la Secretaría de Gobernación al que La Silla Rota tuvo acceso corrobora la versión de González: reconoce que una de las primeras decisiones de la comisionada entrante fue frenar los trabajos y señalar presuntas fallas administrativas dentro del CNIH.
Eso provocó que 3 mil 711 muestras genéticas recopiladas durante 2023 no se procesaran en sus laboratorios y fueran enviadas a la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, que durante algún tiempo asesoró al organismo mexicano.
González cuenta que tras la salida de Quintana y un proceso de auscultación, el personal se enteró de que Reyes era el remplazo y supieron que no tenía experiencia ni en búsqueda de personas y tampoco en asuntos forenses, sino como brigadista de Morena y diputada por el PT.
“La gota que derrama el vaso es cuando los directores del Centro Nacional de Identificación Humana fueron relegados y se les remplazó con un contador público. Creo que esos puestos deberían ser para personas con conocimiento, experiencia en análisis de contexto para dar con el paradero de las personas, no había ni uno ni otro”.
En sus primeros días en el Centro, Reyes hizo saber a forenses, antropólogos, odontólogos y geógrafos que los perfiles de quienes trabajaban ahí no eran los más idóneos y se buscaría integrar a quienes sí cumplieran con esos requisitos. Entendieron que el trabajo de un año se abandonaría y habría que comenzar desde cero.
A principios de 2024, los especialistas del Centro fueron despedidos, sacaron del lugar los equipos para pruebas e identificación y la instalación quedó semiabandonada.
“Ella ni habla, ni dice nada, ni sale en medios ni sale a la luz públicamente, ¿por qué? Porque es una persona que no tiene conocimientos ni la forma de expresar cómo se debe hacer la búsqueda, localización e identificación de personas. Este trabajo debe estar alejado de la política, debe ser un proceso en el que participen expertos en campo.
Identificaciones, a un paso
Con esa decisión se echaron por la borda los trabajos realizados durante cinco años para enfrentar la crisis y se desperdició la oportunidad para reducir de una manera correcta la cifra de personas desaparecidas, dice González Olivarría.
La cifra de 124 mil desaparecidos que provocó la molestia del gobierno anterior podía reducirse de manera correcta si la comisionada Reyes Sahagún hubiera seguido la ruta de su antecesora y se concluyera la identificación de personas que están en los forenses o fosas comunes.
“Si buscaran en las fosas comunes, habrían ajustado el registro correctamente, como lo hizo el CNIH. En aquel tiempo, Encinas dijo que iba a construir cinco centros de identificación, pero sólo uno está operando. Hay gente que ha fallecido, que pasa por los Semefos, que tiene nombre y apellido y una credencial de elector. Nunca fueron reclamados y siguen en el forense, correspondería a las fiscalías darse a la tarea de seguir el rastro y dar con el paradero de los familiares y estos andan en el monte exponiéndose a todo lo que venga, cuando su hijo está localizado o en una fosa común. Hay casos documentados de personas que ya están identificadas y la gente lo sigue buscando”.
La reforma planteada por la presidenta Claudia Sheinbaum para que todas las fiscalías cuenten con un área de búsqueda de desaparecidos es un paso correcto, pero no tendrá éxito si estas no contratan al personal especializado como antropólogos, arqueólogos, geofísicos y criminalistas, considera el especialista en medicina forense.
Los pendientes de la comisionada
Colectivos y especialistas en búsqueda de desaparecidos han reprochado a Teresa Guadalupe Reyes Sahagún su falta de experiencia en la materia y su nula interlocución con familiares de víctimas.
Además de esto, en sus antecedentes resalta una observación por manejos irregular de cientos de millones de pesos cuando tuvo a su cargo la contratación de “servidores de la nación” en el año 2019. En ese año se crearon los padrones de beneficiarios de programas sociales mediante encuestas levantadas por esos empleados públicos.
La Auditoría Superior de la Federación encontró que la unidad de coordinación de delegaciones, que encabezaba Reyes Sahagún, contó con un presupuesto de 2 mil 762 millones de pesos para la contratación de los “servidores” pero no registró contratos de estos, por lo que se erogó el dinero pero no pudo comprobarse a quién se entregó y cuál fue el trabajo desempeñado.
De acuerdo con la auditoría 2018/ 240-DS, esa área recibió un aumento presupuestal de 640% respecto a lo autorizado en el presupuesto de 2019 “sin que en la Plataforma de Transparencia del gobierno federal fuera posible localizar los contratos suscritos por la Secretaría de Bienestar con los prestadores de servicios profesionales por honorarios y personal de carácter eventual denominados “servidores de la nación” (…) No fue posible conocer las características, importes, esquema y proceso de contratación, ni localizar información oficial vinculada con las actividades específicas realizadas durante el ejercicio 2019”.
La ASF recomendó que el Órgano Interno de Control investigara y, de ser el caso, iniciara un proceso de sanción administrativa “por las irregularidades de los servidores públicos que no cumplieron con la obligación de registrar en el Sistema de Registro de Contratos de Servicios Profesionales por Honorario (SIREHO) los contratos suscritos en 2019 con los prestadores de servicios profesionales por honorarios”.
A la fecha, se desconoce si se siguió esta recomendación, pero quien encabezó el área fue premiada con la presidencia de la CNB.
Con información de La Silla Rota
