Extorsiones del Bienestar
Roberto Remes Tello de Meneses
El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, nos ha dado una lección clara: no solo de cómo se ejecuta una extorsión, sino de cómo se teje la complicidad entre el sector público y el privado.
En su narrativa, Armenta actuó como extorsionador profesional: o Grupo Proyecta dona dos hectáreas, o el gobierno les expropia cuatro. Desde la perspectiva de los accionistas o del director de esta desarrolladora inmobiliaria, las opciones parecen ser tres, aunque en realidad es una sola:
Primera. Donar las dos hectáreas y quitarse de encima el problema.
Segunda. Ampararse ante la amenaza de expropiación, con el riesgo de que el gobierno obstaculice sus operaciones en el futuro.
Tercera, que en realidad es la única: Donar las dos hectáreas… y, de paso, aceitar la maquinaria: pagar sobornos al gobernador y/o a su círculo cercano.
Armenta puede alegar que sus motivos son justos, que “esas empresas ya ganan demasiado”, una frase típica del populismo disfrazado de izquierda. Pero tras una extorsión como esta, la tercera opción —la de la corrupción— se convierte en la única viable para sobrevivir en el juego del poder.
¿Cuánto ganan los accionistas de Grupo Proyecta? ¿Cuánto deberían pagar en impuestos para compensar a la sociedad por los beneficios que obtienen? ¿Son suficientes los impuestos existentes? Estas preguntas deberían responderse con datos objetivos. Pero cuando domina la percepción en lugar de los indicadores, lo que rige es una lógica torcida: “¿qué tanto es tantito?”
Para Grupo Proyecta, la forma más eficaz de recuperar el valor de esas dos hectáreas no será acudir a los tribunales, sino alinearse con el poder. A partir de ahora, cualquier empresa extorsionada sabrá que no basta con cumplir la Ley del ISR, el Impuesto sobre Nómina o cualquier otra obligación fiscal. En el nuevo orden subjetivo, el pago se realiza en especie: financiar campañas, camiones con servicios médicos rotulados con nombres de aspirantes sin ética, pagar los caprichos de los poderosos —desde gastos personales hasta favores políticos—, todo, a cambio de seguir operando.
Plata o plomo. Corrupción o injusticia.
El Poder Judicial, desmantelado. Y en las calles, una farsa: abogados de medio pelo promoviendo la “reforma judicial“, una pantomima más del oficialismo. La extorsión de Alejandro Armenta a Grupo Proyecta no es un caso aislado, es el síntoma de un sistema que ha institucionalizado la subjetividad, la amenaza y el chantaje como método de gobierno. Es la cancelación de cualquier intento por construir un país con políticas basadas en datos, en evidencias, en reglas claras y decisiones técnicas.
¿Hay antídoto? Sí: legalidad, técnica, democracia real, certeza jurídica, y castigo a los extorsionadores. Hoy no existen, pero son el horizonte al que debemos aspirar cuando termine esta pesadilla demagógica.
Y mientras tanto, felicidades, señora Presidenta, por su 83% de popularidad. Ese porcentaje, al final, es un cheque en blanco para las extorsiones del bienestar. Para Armenta, para Andrea Chávez, y para todos los que gobiernan con amenazas, con intercambio de favores, y no con principios.
Con información de La Silla Rota
