Violencia ensombrece primera elección judicial en el país
José Luis Ramos y Christian García Muñoz
Los procesos electorales en México suelen acompañarse de hechos violentos que empañan los ejercicios democráticos, entre 2018 y el 6 de mayo de 2025 se registraron más de 2 mil 400 ataques, asesinatos, atentados y amenazas contra figuras políticas, o que ostentan cargos relacionados con la seguridad y la justicia en contextos electorales.
De acuerdo con la base de datos del reporte “Votar entre Balas: Entendiendo la violencia político criminal en México”, elaborado por la asociación civil Data Cívica y el centro de análisis México Evalúa, al menos el 5 por ciento de las agresiones registradas en dicho periodo durante contextos electorales se realizaron en contra de personas juzgadoras y magistrados del Poder Judicial.
El próximo 1 de junio se elegirán cerca de 881 cargos judiciales, entre los que figuran nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), además de mil 458 cargos públicos en los estados de Durango y Veracruz, entidad donde la violencia ya se hizo presente en el actual proceso electoral.
No obstante, los miembros del Poder Judicial no se han librado de la violencia. En marzo pasado, tres magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Morelos (TSJM) recibieron presuntas amenazas por parte del crimen organizado, tras la colocación de una lona que acusa a los magistrados Manuel Díaz Carbajal, Rolfi González Rodríguez y Cecilia López González de haber liberado a criminales a cambio de “jugosos pagos de dinero”.
Posteriormente, los magistrados del TSJM que fueron señalados en el supuesto narcomensaje indicaron que esta acción podría “obedecer a un movimiento o sesgo político”, por la crisis que atraviesa el Poder Judicial de dicha entidad.
“Los datos de ‘Votar entre balas’ nos empiezan a decir algo sobre la capacidad que el crimen organizado ya comienza a tener en el aparato de justicia. Ya vimos ataques a algunos jueces, a policías ministeriales y de investigación que conjuntamente ya representan el 5 por ciento de los ataques del crimen organizado que tenemos registrados” explicó a Reporte Indigo Sandra Ley, especialista en Ciencia Política y violencia criminal, y profesora distinguida del Tecnológico de Monterrey.
Solo en marzo de 2025 se documentaron 50 ataques de violencia político criminal en México, según Data Cívica, lo que representó un aumento del 25 por ciento con relación a los registros de febrero. Durante ese lapso, las entidades más afectadas fueron Guanajuato, Sinaloa, Guerrero, Veracruz y Morelos.
En Veracruz, uno de los principales focos rojos, la violencia político criminal ya obligó a dos personas candidatas a renunciar en el presente proceso electoral, y también se suscitó el homicidio de Yesenia Lara, quien era candidata de Morena a la alcaldía de Texistepec, este 11 de mayo durante un mitin en las calles del municipio veracruzano, ataque que dejó un saldo de cinco muertos —incluida Lara— y por lo menos tres heridos.
Según los registros de “Votar entre balas”, entre 2018 y el 6 de mayo de 2025 se registraron 2 mil 458 casos de violencia político criminal en México, siendo 2024 el año con más víctimas, con 661; seguido por 2023, que registró 570.
Mientras que entre enero y marzo de 2025 la investigación documentó 145 casos de violencia política criminal, y estados como Sinaloa, Morelos, Jalisco, Guerrero y Veracruz registraron la mayor incidencia.
‘Crimen intenta capturar al Poder Judicial’
Para la también doctora en Ciencia Política por la Universidad de Duke, en Estados Unidos, quien además coordina la metodología y clasificación de datos de “Votar entre balas”, la elección judicial aún presenta interrogantes sobre la violencia que se pudiera desencadenar en el futuro.
De acuerdo con la profesora distinguida de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tec de Monterrey, el aparato de justicia es uno de los pendientes que tiene por infiltrar el crimen organizado; sin embargo, aclaró que la elección del Poder Judicial abre la puerta para las organizaciones delictivas siembren su influencia.
“Ahorita es el primer punto de entrada que tiene el crimen organizado para ejercer su influencia y que si después los pactos de colusión o de protección que se puedan alcanzar en esa esfera, seguramente empezaremos a ver violencia ejercida en esas elecciones si no hacemos algo al respecto, y si no blindamos esos procesos electorales”, subrayó.
“Nos preocupan los vínculos que podrían tener ciertas candidaturas de la Elección Judicial, dado que la penetración del crimen organizado ya ha tenido consecuencias. Antes ya vimos que ha tenido la capacidad de penetrar en el aparato de seguridad”, comentó Sandra Ley, especialista en Ciencia Política y violencia criminal
La especialista en Ciencia Política y violencia criminal destacó la importancia que tendrá el seguimiento del comportamiento de jueces y magistrados, las sentencias que emiten, a quién favorecen y si estas se transforman tras los comicios del 1 de junio.
“Es algo que queda por verse y para que más o menos podamos tener evidencia del papel del crimen organizado pudiera tener para doblar ciertas voluntades, o amenazando justamente a jueces para actuar de una manera u otra”, añadió Ley.
En este sentido, la especialista recordó que la violencia político criminal en periodos electorales se ha mantenido de manera sostenida en entidades como Guerrero y Michoacán desde 2006; no obstante, ha cambiado en estados como Chihuahua, donde se redujo, o bien Guanajuato, entidad que se ha vuelto uno de los lugares con más ataques al aparato de seguridad.
“A lo mejor la violencia no necesariamente es lo que vamos a ver en esta elección, pero al abrir esa puerta para el crimen organizado, no excluye que la violencia pueda ser una herramienta para los próximos procesos electorales del Poder Judicial”, reiteró.
Ataques a juzgadores en la última década
La violencia en contra de las personas juzgadoras en nuestro país no es exclusiva de procesos electorales, pues durante la última década han sido víctimas de agresiones, amenazas, lesiones, extorsiones y homicidios.
Según el estudio “Cuando impartir justicia es peligroso. Los ataques a la integridad del personal judicial en México”, de la organización México Evalúa, entre 2012 y 2023 se documentaron 23 muertes de personas trabajadoras del Poder Judicial en México (seis actuarios, 15 de personas juzgadoras a nivel estatal, y dos personas juzgadoras a nivel federal).
Dicha investigación obtuvo datos —a través encuestas respondidas por mil 483 personas de 19 poderes judiciales del país— como que el 73 por ciento de los jueces reportó haber vivido sólo un acto de agresión y el resto entre dos y cinco en la última década.
Asimismo, se halló que entre las agresiones que más resienten los trabajadores del Poder Judicial, está que el 32 por ciento ha sido víctima de amenazas de lesiones; 12 por ciento de amenaza de homicidio; 11 por ciento son amenazados con causarle daño a sus familiares; y el 11 por ciento es víctima de extorsión.
Por otra parte, el 51 por ciento de las personas actuarias del Poder Judicial reportó haber experimentado más de una agresión durante el ejercicio de sus funciones desde 2012.
Según México Evalúa, la principal razón por la que las personas juzgadoras son víctimas de actos en contra de su integridad es el sentido de sus resoluciones. El centro de análisis refiere que dichos actos se perpetran como represalia ante una resolución desfavorable o ajustada.
Los datos arrojan que los responsables de las agresiones suelen ser las partes no favorecidas por las resoluciones judiciales; las personas imputadas por la comisión de delitos; y las personas no vinculadas a un juicio, entre las que pueden figurar integrantes de la delincuencia organizada, o de la delincuencia común asociados a contextos de violencia.
Sin embargo, los juzgadores también señalaron al Estado como un actor que ejerce violencia en su contra a través de detenciones arbitrarias dictadas por gobernantes locales que tuvieron fallos contrarios a sus intereses, como el caso de la jueza de Veracruz, Angélica Sánchez Hernández, detenida en junio de 2023.
Proceso electoral de Veracruz enciende alertas
La sombra de la violencia se posa sobre Veracruz, luego del asesinato de Yesenia Lara Gutiérrez, candidata de Morena a la presidencia municipal de Texistepec, al sur del estado. Se trata de la segunda aspirante muerta durante las campañas.
Iniciado el proceso electoral 2024-2025, pero antes de que arrancara el periodo de proselitismo, los nombres de los candidatos de los diferentes partidos ya se conocían. Sin embargo, al iniciar las campañas, inicia también la exposición de los aspirantes debido a los recorridos y eventos que realizarán con el fin de buscar el voto de los ciudadanos.
Aunque las autoridades federales y la propia gobernadora del estado Rocío Nahle, han mencionado que la seguridad durante el proceso electoral está garantizada, los hechos reflejan lo contrario, pues además 20 candidatos a presidentes municipales han solicitado protección.
Dos candidatos asesinados
El candidato de Morena a la alcaldía de Coxquihui, Germán Anuar Valencia, fue asesinado el 29 de abril, apenas 11 horas después de iniciadas las campañas proselitistas. El hecho ocurrió cuando sujetos armados ingresaron a la casa del morenista y dispararon contra él y las personas que se encontraban ahí. Aunque Valencia fue trasladado de inmediato al hospital, no logró sobrevivir.
Yesenia Lara Gutiérrez, de 49 años, candidata de Morena a la alcaldía de Texistepec, fue asesinada la noche del pasado domingo 11 de mayo. El crimen ocurrió durante pleno mitin político, cuando aún había decenas de simpatizantes, por lo que tres personas más también murieron y al menos tres resultaron lesionadas.
El ataque quedó registrado en video, debido a que varias personas grababan el encuentro de la candidata con los ciudadanos, e incluso desde la cuenta de Facebook de Lara Gutiérrez se transmitía en vivo el evento.
Durante los dos ataques armados que se han registrado en contra de candidatos de Veracruz, también han resultado personas heridas de bala. En Coxquihui, quedaron lesionados un bebé de 10 meses y dos mujeres, y en Texistepec, murieron tres hombres y tres personas resultaron lesionadas.
Tras el asesinato de la candidata, la gobernadora Rocío Nahle, a través de la red social X, declaró:
“Ningún cargo o puesto vale la vida de una persona. Vamos a dar con los responsables de este cobarde asesinato a la candidata y simpatizantes de morena en Texistepec; 4 personas fallecidas y 3 heridos. He instruido a la Fiscalía General del Estado y a seguridad no parar hasta encontrarlos”.
La Fiscalía General del Estado informó en un escueto comunicado que, a través de la Fiscalía Regional Zona Sur Coatzacoalcos, se ha iniciado una carpeta de investigación con motivo de los hechos en los que perdieran la vida cuatro personas, entre ellas, la candidata Yesenia Lara, “fiscales, peritos y policías ministeriales se encuentran realizando las diligencias de ley correspondientes para esclarecer los hechos”.
Contexto de inseguridad e incertidumbre política
A finales de abril, el secretario de Gobierno de Veracruz, Ricardo Ahued Bardahuil, informó que 20 aspirantes a presidencias municipales habían solicitado medidas de protección. Por su parte, el Organismo Público Local Electoral (OPLE) el registro de sólo 11 solicitudes formales de seguridad.
Reporte Indigo informo el pasado 29 de abril que, tras el inicio oficial de las campañas electorales, permanecía en Veracruz el antecedente de un proceso electoral violento en 2024. En marzo pasado, Movimiento Ciudadano dio a conocer que varios de sus candidatos estaban amenazados. Fue el primer partido político que levantó la voz frente a la inseguridad, por lo que ocho candidatos de MC recibieron seguridad por parte del gobierno del estado.
El OPLE de Veracruz dio a conocer, 12 días antes de que iniciaran las campañas, que 129 candidatos a presidentes municipales, sindicaturas, regidurías, así como suplentes de al menos 50 municipios del estado , renunciaron a la contienda, pese a estar oficialmente inscritos ante ese organismo.
El Partido Acción Nacional (PAN) fue el que registró más renuncias, al salirse de la contienda 47 de sus candidatos. Del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) fueron 21, de Movimiento Ciudadano (MC) 16.
Tanto Morena como el Partido Revolucionario Institucional (PRI) registraron 18 renuncias y finamente el Partido del trabajo (PT) tuvo 9 aspirantes que se retiraron, así se dio a conocer a través del Acuerdo OPLEV/CG157/2025.
Con información de Reporte índigo
