La “Corte del pueblo” y su oportunidad histórica con Radilla y todas las víctimas del terrorismo de Estado
Humberto Guerrero Rosales
La verdad, la justicia y la reparación integral siguen siendo una gran deuda del Estado mexicano con la familia Radilla Martínez y con las miles de personas que fueron víctimas del terrorismo de Estado de los 70. La nueva Corte tiene hoy la oportunidad histórica de romper la impunidad.
El próximo 23 de noviembre se cumplirán 16 años de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitiera una sentencia histórica para el sistema jurídico mexicano: la del caso Rosendo Radilla Pacheco. Para reflexionar sobre la importancia de este evento, el próximo 26 de noviembre Fundar, AFADEM y el CCUT de la UNAM hemos convocado a una mesa de análisis. La historia del caso es bien conocida en el ámbito del derecho constitucional y del movimiento por los derechos humanos. Don Rosendo fue detenido y desaparecido en agosto de 1974, en Atoyac de Álvarez, Guerrero, por elementos del Ejército en uno de los muchos retenes instalados como parte de una operación desplegada por el Estado mexicano, con el fin de exterminar la guerrilla de Lucio Cabañas.
La sentencia fue histórica por muchas razones. Si bien no fue la primera condena de la CoIDH en un caso mexicano, sí fue la primera en abordar dos rasgos de contexto que imperan en la dinámica de la violencia actual de nuestro país: los riesgos de las políticas de seguridad de carácter militarizado y el rol del Poder Judicial como contrapeso de otros integrantes del poder estatal. Así, la resolución de la Corte IDH ordenó acotar el poder militar y adoptar las medidas necesarias para que juezas y jueces nacionales ejercieran un papel activo en el control de los actos de otras autoridades que pudieran vulnerar derechos humanos.
El análisis de estos temas por la Corte Interamericana generó un debate amplio a nivel interno sobre nuestro modelo de protección de los derechos humanos. El debate se abrió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de aquella época, la cual tuvo que discutir, por primera vez, la forma en que el Poder Judicial de la Federación debía dar cumplimiento a una sentencia de una Corte internacional. Posteriormente, el debate llegó al Congreso de la Unión, el cual finalmente aprobó un paquete de reformas constitucionales de gran calado para reconocer expresamente un régimen de respeto y garantía de los derechos humanos. Aunque no es su única explicación, estos cambios se lograron, en gran medida, por la presión mediática ante la denuncia de los abusos militares de la “guerra” contra el narco que iniciara en 2006 y se perpetúa hasta el día de hoy, y por la presión de las víctimas y organizaciones que impulsaron los procesos judiciales en el ámbito interamericano.
Pero a pesar de todos estos avances estructurales, a 4 años de llegar a dos décadas de este hito jurídico, la verdad, la justicia y la reparación integral siguen siendo una gran deuda del Estado mexicano con la familia Radilla Martínez y con las miles de personas que fueron víctimas del terrorismo de Estado de los 70. En este sentido, resignificar la llamada Guerra Sucia como terrorismo de Estado ya no sólo es una consigna social, es también jurídica, y se llegó a ese punto gracias también a la sentencia de la Corte IDH, cuyos resolutivos ordenaban incorporar una perspectiva de análisis de contexto y sistematicidad a la investigación penal del caso Radilla. Con base en lo ordenado por la Corte IDH, hace poco más de un año, una jueza de amparo, Karla Macías, ordenó a la FGR llevar ante los tribunales a las personas responsables de las diversas violaciones a los derechos humanos cometidas durante la llamada Guerra Sucia, conductas que la jueza calificó legalmente como terrorismo de Estado.
Las resistencias no se hicieron esperar, en una respuesta de Estado sin precedentes, diversas autoridades federales y hasta locales intentaron impugnar la sentencia de la jueza Karla Macías. Al final, sólo las impugnaciones de la FGR fueron aceptadas para ser analizadas. La decisión final sigue pendiente ante la nueva SCJN.
En la llamada era de la justicia del pueblo, la resolución del caso Radilla será un buen parámetro para confirmar que esta nueva justicia merece ese nombre. Las víctimas del terrorismo de Estado fueron las más pobres y excluidas por el régimen autoritario priísta, y fueron arrasadas sin compasión por un Ejército que sigue sin rendir cuentas por sus acciones. La “Corte del pueblo” tiene la oportunidad histórica de romper la impunidad y cerrar de manera virtuosa el camino iniciado por la Corte Interamericana.
* Humberto Guerrero Rosales es coordinador de Derechos Humanos de @FundarMexico.
