El costoso repunte de la inseguridad
Samuel García
En la economía, las percepciones también cotizan. Y la inseguridad pública es una de las principales primas de riesgo que enfrentan los ciudadanos y la inversión en México.
El viernes pasado, seguramente ante el aluvión de información, pasaron desapercibidos los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) al cuarto trimestre de 2025.
Los datos del INEGI son contudentes. La percepción de inseguridad en el país subió a 63.8%, desde 63.0% de septiembre, el mayor nivel registrado para los últimos tres años; disparándose el indicador entre las mujeres a 69.4%, desde el 68.2% de hace tres meses. Lo preocupante es que en 2025 la percepción de inseguridad se aceleró en más de dos puntos porcentuales.
Lo malo es que la población cree que la situación de inseguridad no mejorará, todo lo contrario. Ahora el 59.3% cree que la condiciones de seguridad pública seguirán igual de mal o empeorarán en 2026. Hace un año ese porcentaje era de 52.5%. Más aún, quienes creen que la situación empeorará pasó de 21.6% a 25.6% en 2025, el mayor nivel desde diciembre de 2022.
En términos económicos, estas cifras implican expectativas adversas que afectan decisiones de gasto, de inversión en micronegocios, y de horarios de operación. No es casual que sectores intensivos en presencia física -como comercio, servicios, o logística- muestren mayor cautela.
Y si bien la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario Omar García Harfuch han dado golpes efectivos a las organizaciones criminales, con resultados reconocidos por la gran mayoría de sectores en el país, más allá de la presión de Donald Trump, lo cierto es que a nivel de calle la percepción sobre la inseguridad es otra.
La ciudadanía percibe y constata diariamente más inseguridad en sus casas y colonias. En un tercio de los hogares (32.3%) hay víctimas de robo, extorsión o fraude; el mayor nivel desde 2019. Y la extorsión se disparó en el último trimestre de 2025 a un nivel no visto (14.1%) desde que existen estadísticas sobre este delito.
El diagnóstico empresarial coincide. La Coparmex ha reiterado que la inseguridad es uno de los dos factores que inhiben la actividad empresarial y la inversión, después de la incertidumbre económica. Su última encuesta muestra que sólo 39.5% de las empresas considera que existen condiciones para invertir, un nivel comparable al observado durante la pandemia. Más aún: casi la mitad de las empresas encuestadas, 46.8%, fue víctima de algún delito, con la extorsión como uno de los fenómenos más corrosivos.
Empresarios de Morelos, Estado de México, Puebla, Guerrero y Guanajuato, además de Sinaloa y Michoacán, entre otras regiones en donde operan mafias coludidas con las autoridades, han advertido que la inseguridad no sólo frena nuevas inversiones, sino que pone en riesgo las operaciones existentes. Incluso la Marina y el Ejército tocaron en 2025 niveles mínimos en la percepción de su desempeño, no vistos en los últimos nueve años.
La agenda mediática ha estado dominada por temas geopolíticos y la incertidumbre global, además de las presiones de Trump, que distraen la atención. Pero la avalancha de inseguridad en calles, carreteras y empresas sigue presente. Y más allá del costo político que Sheinbaum y Harfuch podrían enfrentar si deciden ir a fondo, crece la presión sobre la prima de riesgo que se exige para invertir en México.
La inseguridad es uno de los mayores lastres para la inversión y el crecimiento -como lo confirman los empresarios de Coparmex- y será uno de los problemas más espinosos de enfrentar para la presidenta Sheinbaum y su gobierno.
