Trabajadoras del hogar: su incorporación a la seguridad social
Verónica Ruiz González Luna
El Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, que se conmemoró el 30 de marzo, tiene el propósito de reconocer la lucha histórica de las trabajadoras del hogar por el acceso a derechos laborales y visibilizar un trabajo que ha sido sistemáticamente invisibilizado y precarizado.
Es un día para reconocer, también, la articulación de movimientos y organizaciones de trabajadoras del hogar, especialmente en América Latina, que han impulsado cambios legales, políticas públicas y el reconocimiento social del trabajo del hogar.
Esta fecha es, finalmente, un recordatorio sobre la importancia de reconocer el trabajo del hogar como generador de valor y como un trabajo con derechos. Por ello, también es la ocasión para revisar qué ha ocurrido con la agenda de derechos de las trabajadoras del hogar.
Recordemos que, en 2019, el Estado mexicano puso en marcha la primera política pública para la incorporación de las personas trabajadoras del hogar al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). La medida no surgió de la nada. Fue resultado de años de exigencia de organizaciones de trabajadoras, de la presión internacional —particularmente tras la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo— y, sobre todo, de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que reconoció la exclusión histórica e injustificada de este sector del sistema de seguridad social.
El programa piloto que inició ese año fue presentado como un paso decisivo para saldar una deuda estructural. Por primera vez, se abría la posibilidad de que millones de personas trabajadoras del hogar accedieran a servicios médicos, incapacidades, guarderías y, eventualmente, a una pensión. Se trataba, en términos formales, de una transformación profunda en el reconocimiento de derechos laborales.
Sin embargo, a más de seis años de su implementación, la evidencia obliga a revisar con cuidado esa medida. Lejos de consolidarse como una política pública expansiva y eficaz, la incorporación de las trabajadoras del hogar al IMSS muestra signos claros de estancamiento e incluso retroceso.
Los datos oficiales son contundentes. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (INEGI), en 2025 había alrededor de 2.3 millones de personas trabajadoras del hogar en México. Sin embargo, registros del IMSS muestran que apenas cerca de 60 mil estaban afiliadas al sistema de seguridad social, lo que representa aproximadamente entre 2% y 3% del total.
Más allá de las variaciones puntuales, la tendencia general es bastante clara: la política no ha logrado incrementar la cobertura de seguridad social para las trabajadoras del hogar. En otras palabras, la enorme mayoría de las trabajadoras del hogar sigue sin acceso a seguridad social, a pesar de que, desde 2022, la afiliación es obligatoria para las personas empleadoras.
El incumplimiento generalizado no puede explicarse únicamente por desconocimiento o por la complejidad administrativa del proceso. De hecho, el trámite de incorporación al IMSS es accesible y sencillo de realizar.
La explicación del estancamiento de la política tiene que ver, más bien, con que no ha logrado incidir y transformar las relaciones sociales que sostienen el trabajo del hogar.
Históricamente, el trabajo doméstico remunerado ha sido concebido como una actividad del ámbito privado y desvinculada de las lógicas laborales formales. Esta concepción no es neutra. Está profundamente atravesada por la división sexual del trabajo, por desigualdades de clase y, en muchos casos, por marcadores étnicos y raciales.
En este sentido, la política pública enfrenta un dilema central: pretende formalizar un sector sin transformar las condiciones estructurales que producen su informalidad.
A seis años de su implementación, el balance es difícil de ignorar. La política existe, pero no ha logrado transformar la realidad que buscaba modificar. El acceso a la seguridad social sigue siendo la excepción, no la regla.
Esto no significa que la política deba abandonarse. Por el contrario, implica reconocer sus limitaciones y replantear su estrategia. Fortalecer los mecanismos de inspección laboral, generar incentivos más claros para la afiliación y simplificar aún más los procesos administrativos son pasos necesarios, pero probablemente insuficientes si no se abordan las dimensiones culturales y estructurales del problema.
