Los trinquetes de Enrique Inzunza en el Tribunal Superior de Justicia

Álvaro Aragón Ayala

Durante 10 años, de manera ininterrumpida, Enrique Inzunza Cázarez, actual secretario general del gobierno del Estado, convirtió en un negocio particular, en funciones de magistrado titular del Tribunal Superior de Justicia, el manejo del presupuesto y el Fondo para la Administración de Justicia del Tribunal, ya que “jineteó” los dineros, los manoteó o los invirtió a corto, mediano o largo plazo o de manera “temporal”, sin rendir cuentas a nadie sobre el destino de las utilidades de sus obscuros negocios. Los dineros que surgen del pago de multas y fianzas no deberían de quedar en la administración judicial para provecho de magistrados y jueces, puesto que sus salarios los paga el pueblo a través de la hacienda estatal.

El Congreso Local le asigna puntualmente su presupuesto anual. Las multas no se pagan por agravio al Poder Judicial, sino al conjunto de la sociedad con las conductas reprochables que castigan las leyes elaboradas por el Poder Legislativo.

Una prueba al canto: una auditoría interna a Enrique Inzunza en el Tribunal Superior de Justicia, realizada en el 2020 por el despacho Integridad Patrimonial, S.C. con la firma del Socio Senior Esaú Iribe León, encontró al 31 de diciembre de ese año “en efectivo y equivalente” un total 538 millones 605 mil 937 pesos en documentos.

El ejercicio contable administrativo determinó que, de ese dinero, 531 millones estaban en “inversiones temporales”, con un reporte de cero pesos en caja.

De acuerdo al resultado de la auditoría, 7 millones 605 mil 937 pesos estaban en bancos, con un rubro que llama la atención dentro del total de fondos de terceros en administración y en fondos inversiones a corto plazo: 50 millones de pesos 186 mil 486 pesos aparecieron como “fondos pendientes de identificar”.

Interpretando la auditoría, se desprende que Inzunza Cázarez operó los recursos del Tribunal Superior de Justicia y usó para hacer negocios personales 531 millones de pesos con la etiqueta de “inversiones temporales”.

El arqueo contable aplicado a la STJ por Integridad Patrimonial, S.C, revela un gasto relevante en el rubro de “servicios personales”, en los que se aplicaron un total de 24 millones 389 mil 295 pesos por concepto de “remuneraciones adicionales y especiales”, seguridad social y “otras prestaciones sociales” y una erogación de casi 12 millones de pesos en pagos de estímulos y a servidores públicos, sobresueldos o “prestaciones especiales”, para expresarlo mejor.

Quedarse con el dinero de las multas y los rendimientos bancarios es incurrir en raterías, en abuso de confianza equivalente a la misma conducta gandalla del gestor de negocios que no rinde cuenta de su encomienda. Si tuvo a su alcance los recursos de las multas y de otros ingresos, fue con motivo de su encargo, pero “se hizo de mulas Pedro”.

Fue voraz, pues, además, la función de presidente del Tribunal Superior de Justicia le fue remunerado por el pueblo, que también paga los de centros penitenciarios y los costos de las reaprehensiones, recapturas o detenciones.

De los montos de las cauciones, fianzas, multas, es grave, penoso y punible su “jineteo” y manoteo; no son recursos públicos, sino pagos que cubren los gobernados, probablemente culpables -en la ruta del debido proceso y la presunción de inocencia-, que, en caso de ser exonerados, el Poder judicial les debe de regresar todo el dinero depositado en los juzgados considerando la devaluación y/o los rendimientos generados.

En funciones de titular del Tribunal Superior de Justicia, Enrique Inzunza Cázarez, se dio el lujo de manejar como si fuera de su propiedad riquezas acumuladas en el Fondo para la Administración de la Justicia que no surgió -ni surge- de la Hacienda Pública; el propósito de esos dineros no son invertirlos como si fueran propiedad privada, sino aplicarlos al gasto corriente y, de no utilizarse, deberían de reintegrarse al erario.

Por ser un Fondo, no alimentado con recursos del Estado ni de la federación, el presidente del Tribunal motivó su no fiscalización por la Auditoría Superior del Estado con la complicidad de gobernadores y de Rubén Rocha, quien en aquel entonces fungía como Senador de la República; no cumplió entonces con las normas de rendición de cuentas ni de transparencia. El manoteo, “jineteo”, desaparición dinero y todas las “inversiones” alcanzaron en manos de Enrique Inzunza la categoría de “ropa sucia que se lava en casa”.

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