El penoso estado de los derechos humanos en México
Jacques Coste
El 10 de diciembre se conmemoró el Día Internacional de los Derechos Humanos, por lo que es un momento propicio para reflexionar sobre el estado actual de los derechos humanos en México desde una perspectiva histórica.
En mi libro Derechos humanos y política en México , analizo una contradicción del proceso de institucionalización de los derechos humanos en nuestro país. Por una parte, desde los años 90 hasta los primeros lustros de este siglo, el Estado mexicano construyó un andamiaje legal e institucional robusto, complejo y capaz para respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, así como para investigar y reparar las violaciones a éstos. Sin embargo, por otra parte, este proceso de institucionalización ocurrió al mismo tiempo que el crimen organizado y las acciones del Estado para combatirlo exacerbaron terriblemente la violencia en múltiples regiones del país.
Por un lado, el Estado creó organismos para proteger los derechos fundamentales, como la CNDH y las comisiones estatales de derechos humanos, o instituciones para garantizar derechos específicos, como el INE (en el caso de los derechos políticos) o el INAI (para los derechos de acceso a la información). Por otro lado, el propio Estado declaró la guerra contra las drogas y decidió combatir militarmente a los grupos criminales, lo que desencadenó una escalada de violencia y violaciones graves a derechos humanos, tales como desapariciones, tortura y ejecuciones extrajudiciales.
La cúspide de esta contradicción fue la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, que, a grandes rasgos, se puede entender como un ajuste legal para establecer en la Constitución la protección de los derechos humanos como la obligación primordial del Estado México. En otras palabras, la reforma legal más ambiciosa para proteger los derechos humanos se promulgó en el sexenio de Felipe Calderón, quien también tomó la decisión política de declarar la guerra abierta contra el narcotráfico y, con ello, hizo estallar la violencia que seguimos padeciendo hasta hoy en día.
En mi libro caracterizo estas contradicciones como “avances institucionales y retrocesos materiales” o “los claroscuros” del régimen de la transición.
Por ejemplo, gracias a la reforma de 2011 y a su propio desarrollo institucional, la Suprema Corte de Justicia de México se convirtió en una de las más progresistas de América Latina y sus sentencias contribuyeron a salvaguardar derechos como el libre desarrollo de la personalidad, el debido proceso y el aborto libre y seguro.
De manera similar, la CNDH emitió recomendaciones valientes, que revelaron los rasgos autoritarios, militaristas y violatorios de derechos humanos de gobiernos de distinto signo político, y pusieron en el centro a las víctimas. Uno de los momentos estelares de esta institución ocurrió en 2010, cuando emitió la Recomendación 45/2010, en la que desenmascaró el asesinato de los estudiantes del Tec de Monterrey a manos del Ejército mexicano y el posterior intento por parte de los militares para encubrir su crimen. Sin la actuación de la CNDH, hubieran triunfado la impunidad y la narrativa calderonista —y ahora obradorista— de los “daños colaterales” o “andaban metidos en las drogas”.
Al mismo tiempo, gracias a la presión de distintas organizaciones de la sociedad civil, el Estado se tuvo que abrir al escrutinio internacional en materia de derechos humanos, lo que favoreció que instituciones internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch monitorearan la situación de los derechos humanos en México e informaran al respecto a la opinión pública internacional. Esto también contribuyó a fortalecer las propias instituciones mexicanas de defensa y protección de los derechos humanos, como el famoso Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (mejor conocido como Centro Prodh). Con ello, las víctimas de derechos humanos encontraron redes de apoyo para articular sus luchas en favor de la verdad y la justicia.
Sin embargo, mientras todo esto ocurría, los homicidios, las desapariciones, las detenciones arbitrarias y las ejecuciones extrajudiciales aumentaban. Además, el crimen organizado se hacía del control territorial de grandes porciones del país, al tiempo que el Ejército y los grupos delictivos se disputaban otras regiones del territorio nacional.
Por eso, utilicé la expresión avances institucionales con retrocesos materiales para resumir esta disparidad entre el andamiaje jurídico-institucional y la realidad material de los derechos humanos en México durante el régimen de la transición.
Durante este gobierno, ocurrió algo muy grave: los avances institucionales se detuvieron, pero los retrocesos materiales continuaron e incluso se acentuaron. Por un lado, tenemos una CNDH que abdicó a sus responsabilidades y se volvió una vocería más del gobierno federal; escuchamos a un presidente que tilda de “traidoras a la patria” o “parte de la derecha” a las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos; y vemos a un partido oficialista que se quiere apropiar de la Suprema Corte. Por otro lado, el crimen organizado sigue extendiendo su control territorial, el gobierno le ha dado más poder a los militares, las desapariciones siguen aumentando y los homicidios permanecen en niveles inadmisibles.
Ése es el penoso estado actual de los derechos humanos en México.
