Fuera de la ley juicios contra funcionarios de la UAS
Álvaro Aragón Ayala
La Fiscalía General de Justicia y el Supremo Tribunal de Justicia incurren en graves violaciones a la ley al atender y ajustar juicios penales con pruebas prefabricadas, falsas de toda falsedad, contra el Rector suspendido Jesús Madueña Molina y el encargado del despacho de la Rectoría Robespierre Lizárraga Otero. Los jueces locales violan el derecho a la presunción de inocencia y el debido proceso y no acatan las resoluciones de los Jueces Federales.
Contra las carpetas de investigación y las medidas cautelares emitidas por los Jueces locales de consigna, Jueces federales han liberado una serie de amparos para que se paren las indagatorias hasta que no se resuelva el fondo de la litis en los tribunales federales. Un Colegiado de Distrito exigió la cancelación de la destitución de Madueña como medida cautelar lo que conlleva a su restitución en el cargo. El juez local no hizo caso y cayó en desacato.
Los jueces locales que obedecen indicaciones del gobernador Rubén Rocha Moya violan el derecho a procesos apegados a la ley al negar a Jesús Madueña y Robespierre Lizárraga, 1.- Admitir todas las pruebas relevantes, cuyo contenido revela que las acusaciones son falsas, 2) El derecho a una valoración racional de la prueba -tanto individual como de conjunto- y 3) El derecho a la motivación de las decisiones probatorias.
Las denuncias penales inventadas en la Fiscalía General del Estado contra Jesús Madueña Molina, y Robespierre Lizárraga son sustentadas en “papel periódico”, en recortes de medios de comunicación y versiones de redes digitales, por lo que no llenan los requisitos legales de la prueba plena para abrir carpetas de investigación.
La trama conspirativa para criminalizar y exhibir como delincuentes a los funcionarios de la UAS
se apoya en una narrativa falsa, en “ataques” periodísticos armados en el Tercer Piso del Gobierno del Estado y el Congreso Local y transferidos a algunos medios para su publicación.
El gobernador Rubén Rocha Moya desató una persecución política sin cuartel contra el Rector de la UAS a raíz del rechazo a la aplicación de la Ley de Educación Superior del Estado, cuyo contenido abre las puertas a funcionarios del Gobierno Estatal para irrumpir en la Casa Rosalina y manufacturar una Ley Orgánica Foránea violatoria a la autonomía universitaria.
No hay pruebas verdaderas ni de abuso de autoridad ni de saqueo de recursos universitarios ni de ningún otro delito contra Madueña Molina ni contra Robespierre Lizárraga. Lo que sí existe es una instrumentalización de algunos medios de comunicación basada en información adulterada y tergiversada para facilitar la construcción de demandas sin sustento legal que sirven para la criminalización y el linchamiento público.
Con las denuncias penales que armó la Fiscalía de Justicia del Estado y que “certifican” los jueces locales, se está incurriendo en graves violaciones a la administración de justicia, al debido proceso y a la presunción de inocencia, pues inventaron pruebas que no son pruebas.
Los jueces violan la ley al atribuir un grado de corroboración incorrecto a las distintas hipótesis que se desprenden de los “recortes” de periódicos, y al aplicar erróneamente las reglas sobre la decisión probatoria -en especial, presunciones, cargas de prueba y estándares de prueba- y dictar medidas precautorias extremas con estatus de sentencias.
