La ‘normalización’ de la violencia e impunidad
Víctor Piz
En medio de la crisis de violencia en Sinaloa y de la discusión legislativa sobre la reforma constitucional para que la Guardia Nacional se incorpore a la Secretaría de la Defensa Nacional, el INEGI publicó la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2024, que genera vasta información sobre la victimización delictiva durante 2023.
La Envipe, como se le conoce, revela la fotografía de los últimos años: el alto nivel de impunidad que impera en el país, pues nueve de cada 10 delitos que se cometen en México no son denunciados o no son investigados.
De acuerdo con la encuesta de victimización, la ‘cifra oculta’ o ‘cifra negra’, es decir, la tasa de delitos no denunciados o que, a pesar de haber sido denunciados, no iniciaron una carpeta de investigación, fue de 92.9 por ciento a nivel nacional en 2023, casi la misma de un año antes.
La Envipe estima que en 2023 se denunció el 10.4 por ciento de los 31.3 millones de delitos del fuero común ocurridos en el país, para los cuales el ministerio público o la fiscalía estatal abrieron una carpeta de investigación en 68 por ciento de las denuncias.
Según la encuesta anual, el número de delitos registrados el año pasado estuvo asociado a 21.9 millones de víctimas, lo que equivale a una tasa de 33 mil 267 delitos por cada 100 mil habitantes.
Esto arroja una tasa de concentración promedio de 1.4 delitos por víctima, mayor a la de 1.3 en 2022.
Por cierto que el número de delitos cometidos en 2023, 31.3 millones, registró un cambio estadísticamente significativo respecto a los 26.8 millones del año anterior, además de ser el más elevado desde 2018.
En 2023, el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en los hogares representó un monto de 282 mil millones de pesos, que representa 1.15 por ciento del PIB nacional.
Dicho monto económico es el más elevado desde 2018 y tal porcentaje del PIB es el más alto desde el 2020.
De los 282 mil millones de pesos, las medidas preventivas representaron un gasto estimado para los hogares de 91.7 mil millones de pesos, mientras que las pérdidas por victimización absorbieron los 190.3 mil millones restantes.
Del costo total, que equivale a un promedio de 6 mil 853 pesos por persona afectada, 63.4 por ciento se perdió a consecuencia de haber sido víctima del delito, 32.5 por ciento se gastó en medidas preventivas en los hogares y 4.1 por ciento se destinó a reparar los daños en la salud de las víctimas.
Entre los delitos del fuero común que más afectan a los mexicanos están el fraude, incluido el bancario y al consumidor; el robo o asalto en la calle o el transporte público, así como la extorsión, que en conjunto representaron más de la mitad del total, pero el que más genera pérdidas es el robo total de vehículo.
En 2023 las víctimas de robo total de vehículo tuvieron una pérdida promedio anual de 31 mil 481 pesos, que además de que se incrementó 27 por ciento respecto al año previo, fue 3.8 veces mayor que la pérdida experimentada por las personas que sufrieron fraude, con 9 mil 684 pesos.
El ambiente de violencia y delincuencia, expresado en los daños causados en el patrimonio y la salud, se ve reflejado en la percepción de inseguridad pública, pues en el periodo marzo-abril de 2024 el 73.6 por ciento de la población dijo sentirse insegura en el lugar donde vive.
Aunque esta proporción ha ido bajando relativamente desde 79.4 por ciento en 2018, sigue siendo más alta para las mujeres que para los hombres, con 77.3 por ciento para ellas contra 69.3 por ciento para ellos.
Morelos es el estado donde hay una mayor sensación de inseguridad, seguido de Guanajuato y Zacatecas, donde quedan en evidencia las omisiones de los gobiernos locales y del federal para atender la crisis de violencia.
La amplia encuesta de victimización del INEGI deja claro que entre los retos y desafíos del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum debería estar, en primer lugar, fortalecer el Estado de derecho y las instituciones de seguridad.
¿Las reformas constitucionales al Poder Judicial (sin reformar las fiscalías) y la que incorpora la Guardia Nacional a la Sedena serán la solución? ¿Vendrá un cambio en la política de seguridad? Veremos.
Con información de El Financiero
