El prolongado conflicto entre México y Estados Unidos: migración
Instituto Mora
Estados Unidos ha sido por décadas el principal país de destino de la migración desde América Latina y el Caribe (en los últimos años también provenientes de otras partes del mundo, como África y Asia), y México el ineludible país de tránsito. El hecho de que México y Estados Unidos compartan frontera ha sido motivo de tensiones y conflictos que prevalecen y a los que no se les ha podido dar una solución satisfactoria para ambos países; entre éstos, la gestión de la movilidad migratoria y la defensa de intereses nacionales relacionados con esta cuestión. Ante esto, la mayoría de las veces México ha terminado por ceder ante las presiones del gobierno estadounidense.
En 2017, durante la primer gestión presidencial del presidente Donald Trump, Estados Unidos ejerció una especie de chantaje, pues condicionó la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, ahora llamado Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá –TMEC–) con la “gestión ordenada” de la migración, es decir, la efectividad de las medidas que tomará el gobierno mexicano para contener el paso de personas migrantes por su territorio hacia Estados Unidos.
A inicios de 2019, las presiones por parte de nuestro vecino del norte en materia mercantil colocaron al gobierno mexicano en condiciones dispares frente a la implementación de los Migrant Protection Protocols (MPP), mejor conocidos como programa “Quédate en México”, lo que influyó en las acciones emprendidas en materia de migración que México adoptó. No sólo tuvo que aceptar que las personas incluidas en ese programa fueran devueltas a nuestro país para que esperaran aquí a que se resolviera su procedimiento judicial para entrar a Estados Unidos, sino que asimismo creó la Guardia Nacional e hizo uso de este nuevo cuerpo de seguridad pública para contener la transmigración, a pesar de no tener facultades ni capacitación para ello.
Con su regreso a la Casa Blanca, Trump ha planteado graves medidas migratorias, como llevar a cabo la “mayor deportación de la historia” y cerrar la frontera sur con México. Para dar cuenta de esto, nombró a Tom Homan como “zar de la frontera”, quien fuera director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en el periodo trumpista anterior. Asimismo, se prevé que buscará restablecer los MPP, el título 42 y desaparecer los programas de permisos de residencia. La diferencia entre su primer mandato y el que está por venir es que en esta ocasión los poderes legislativo y judicial son de mayoría republicana o afines a su gobierno, lo que evitaría tener contrapesos frente a sus disposiciones.
Aunque podría resultar difícil que Trump logre concretar las mencionadas medidas, en términos de logística y presupuesto, el gobierno mexicano se debe preparar ante distintos escenarios posibles en el ámbito comercial y migratorio, y aprovechar el aprendizaje obtenido (si es que lo hubo) a partir de lo que se hizo o no se hizo de cara a la primera gestión trumpista.
La postura de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha sido fuerte y conciliadora frente a las amenazas de Trump. Empero, será importante que haya un cambio de enfoque en cuanto a las medidas que se tomen en el ámbito migratorio. Como ya se bosquejaba, en el sexenio de López Obrador se implementó una política de retención de la migración como respuesta a las políticas migratorias estadounidenses, lo que ocasionó múltiples vulneraciones a las personas transmigrantes y violaciones a sus derechos humanos.
Esta vez, debe haber, de inicio, un enfoque de prevención para evitar las mal llamadas “crisis humanitarias”, pues, cabe apuntar, que éstas no son fruto de la migración por sí misma, sino precisamente por una mala gestión de ésta. Igualmente, y sobre todo, habrá de formular medidas de atención, que no de represión, para quienes transitan por el territorio mexicano, así como aquellas que sean deportadas, sean de ciudadanía mexicana o no, y retornadas. Para llevarlas a cabo, no sólo sería relevante que las instituciones gubernamentales encargadas de implementar la política migratoria se alineen en la práctica a estos nuevos preceptos, sino que también exista una colaboración con organizaciones de la sociedad civil, quienes han terminado por ser los primeros respondientes ante emergencias migratorias.
De no hacerlo así, los únicos que podrían beneficiarse serían los miembros del crimen organizado, quienes han aprovechado los vacíos y omisiones de la política migratoria y de seguridad mexicana y han lucrado con la migración desde hace varios años. Y, por supuesto, quienes más lo resentirán son todas y cada una de las personas migrantes, pues son ellas las que son extorsionadas, secuestradas, violadas… y un deplorable etcétera.
Ahora bien, en materia mercantil, una confrontación arancelaria no favorecerá a nadie. Trump amagó con imponer 25% de aranceles a los productos provenientes de México, y Marcelo Ebrard, secretario de economía mexicano, respondió que haría lo mismo. Sin embargo, México y Estados Unidos mantienen una relación de interdependencia de gran envergadura.
Sería importante que, teniendo esto en consideración, el gobierno mexicano tenga la capacidad de negociar y no sólo de reaccionar desde un lugar de subordinación, pues pese a que Estados Unidos es el primer socio comercial de México y una de las economías más fuertes del mundo, México ha establecido otras alianzas comerciales fuertes, como con China, su segundo socio comercial. En otras palabras, Estados Unidos necesita tanto a México como éste a aquél. Además, el alcance de las relaciones mercantiles mexicanas no se reduce al país de las cincuenta estrellas, por lo que no debería agacharse y obedecer, sino hacer propuestas para llegar a acuerdos (que se hagan públicos y con transparencia) que tengan beneficios mutuos.
Con información de La Silla Rota
