Regular el espacio digital
Aurelien Guilabert
Los espacios digitales son espacios públicos. Cada vez más personas convergen, interaccionan, trabajan, se divierten, aprenden o se informan. La falta de regulación ha propiciado que se hayan vuelto cada vez más violentos, opacos, manipuladores sin control, y ahora sin moderación contra discursos de odio. ¿Será una solución abandonar algunas como lo han anunciado personalidades públicas, instituciones o empresas con la red X?
En Brasil la Ley de Fake News obliga a las plataformas, combate la desinformación, el discurso de odio, exige transparencia en los algoritmos y establece sanciones para quienes promuevan contenidos que inciten al odio o la violencia. En la Unión Europea el Digital Act también contempla esas obligaciones para las plataformas haciéndolas responsables por el contenido que alojan, reforzando los mecanismos contra la desinformación, discursos de odio y productos falsificados. Busca también equilibrar el poder de los gigantes tecnológicos, imponiendo reglas estrictas para frenar prácticas monopolísticas.
Estas leyes fortalecen la confianza, la democracia en el espacio digital y defienden los derechos de las personas usuarias, bajo una narrativa muy poderosa: lo que no está permitido en el espacio físico, tampoco lo está en el espacio digital. La actualización del Acuerdo Global entre México y la Unión Europea es una oportunidad para intercambiar y sumarse a la lista de países que regulan la esfera digital.
La complicidad silenciosa entre la política y el gran capital en materia digital violenta los derechos humanos de la gente. Es fundamental garantizar la transparencia y auditoría algorítmica: que los algoritmos no prioricen contenido divisivo, polarizante o que promuevan el odio para maximizar interacciones y ganancias. Sin coartar la libertad de expresión, el Estado debe fijar estándares de moderación eficientes que garanticen los derechos de todas las personas. Las plataformas deben tener la obligación de contar con procesos rápidos para detectar y eliminar contenido de odio o violento y garantizar la existencia de mecanismos accesibles para denunciar el contenido violento o de desinformación.
En paralelo, el Estado junto con la sociedad civil deben fomentar la educación y el activismo digital. En Europa, iniciativas como “Safer Internet Day” involucran a comunidades educativas para mejorar la seguridad en línea. Se han ido creando redes de vigilancia digital, observatorios ciudadanos digitales, o la figura de una “Defensoría Digital”, un ente público enlace entre las personas usuarias, las plataformas y el gobierno para garantizar la implementación de políticas justas y efectivas.
En México la Ley Olimpia estableció un precedente en la regulación de contenidos y difusión de imágenes íntimas compartidas sin consentimiento, pero aún no regula como tal a las plataformas ni a la inteligencia artificial. La Comisión de Derechos Digitales del Senado, presidida por Luis Donaldo Colosio, las personas legisladoras y el Gobierno de México tienen la responsabilidad de regular sin amenazar la libertad de expresión, garantizando la paz y el bienestar digital. Para ello, el conocimiento y las aportaciones de la Agencia de Transformación Digital, coordinada por Pepe Merino pueden ser claves.
Con información de El Sol de México
