Sinaloa: una decisión acertada: alianza social y no confrontación
Alfonso Carlos Ontiveros Salas
La sociedad tiene todo el derecho para manifestarse cuando así lo considere y exigir que el gobierno cumpla con sus obligaciones.
Un gobierno que no se desempeñe con probidad y lealtad al pueblo que lo eligió y con las instituciones, es válido que se pronuncie exigiéndole que resuelva sus ineptitudes y se ponga a trabajar.
Después del voto que elige candidaturas y los convierte en gobierno, el pueblo solo puede expresarse manifestándose y alzando la voz para que se escuche su inconformidad o en su caso recurrir a los medios que la ley le otorga como sería la revocación de mandato.
Gobierno y sociedad confrontados no es la mejor estrategia para la gobernabilidad. Es un error político de graves dimensiones. La inconformidad social debe ser atendida con oportunidad y disolverla con las mejores ofertas políticas y de solución de conflictos.
Manifestarse no es actuar con fines de provocar el desorden público. Quien organiza ese tipo de eventos cuida los detalles de la no confrontación. Los gritos del manifestante no quitan a ningún gobierno, pero deja en esa exclamación el coraje y la frustración de que el gobierno no está cumpliendo con la función política para el que fue elegido.
Que una manifestación rebase los límites de la exigencia pública a la violencia, no siempre será responsabilidad de quien convoca a la marcha, porque son eventos en los que más de alguno de los participantes tratará de violentar los fines de la protesta.
Lo ocurrido en Palacio de Gobierno en la manifestación el pasado jueves 23 de enero, no fue una acción provocada sino una consecuencia del dolor de muchas familias ante la pérdida de seres queridos por homicidios o desaparición de los mismos, sin que el gobierno tenga la capacidad para evitar o resolver ese flagelo delincuencial.
No será ninguna justificación recurrir a la violencia en ese tipo de protestas. Exigir no es violentar, es generar conciencia en el gobierno de que no hace lo suficiente para recuperar la paz y la tranquilidad perdida.
Que bien que ante el malestar popular surja el compromiso de construir alianzas para establecer compromisos conjuntos y hacer mucho más de lo que el veredicto social ha resuelto. Hay que quitar la estigmatización de toda colusión del gobierno con la delincuencia si queremos avanzar.
Si hay complicidades entre delincuencia y el gobierno, que las autoridades federales lo investiguen y lo castiguen. Una sociedad debe ser conducida por el gobierno con responsabilidad política y apartada de toda sospecha con poderes fácticos que ha nada bueno lleva y tampoco beneficia a nadie.
Los males que deja el comportamiento delictivo deberán ser desterrados para que el tejido social se fortalezca y recupere su vigor social y productivo. Ya basta que sigamos creciendo en una sociedad plagada de sospechas de estar coludida y en complicidad con el narco.
Tiene que admitirse, que como sociedad hemos contribuido para que los males que ahora se sufren sean consecuencia de una permisibilidad originada desde la propia familia y consecuentada también en el gobierno por conveniencias y compromisos políticos con miembros de la delincuencia organizada. Se creo un monstruo de mil cabezas y que ahora habrá demasiadas dificultades para poderlo destruir.
No hay que voltear hacia atrás, nos quedaríamos fríos, hay que ver hacia adelante para poder corregir lo que no hicimos a tiempo y en orden como grupo social organizado y políticamente unido. Las diferencias políticas deben ayudar a construir gobiernos y sociedades sanas.
La confrontación social tampoco ayuda a construir mejores familias y gobiernos confiables. Por ello, vale decir, ya basta de inseguridad e impunidad. Por nuestras familias y nuestra paz social, demandemos respuestas prontas de un gobierno que debe dar mucho más.
¿Usted qué opina?