Periodistas en la mira: agreden a uno cada 14 horas
Daniel Flores
La violencia contra periodistas y defensores de Derechos Humanos en México no cesa, al contrario, en los últimos años los ataques contra la prensa se recrudecieron.
La organización Artículo 19 presentó su informe anual llamado “Barreras Informativas: Desafíos para la Libertad de Expresión y el Acceso a la Información”, donde expuso las agresiones que se han perpetrado en contra de estos dos sectores de la población mexicana.
Los registros de la organización precisan que en 2024 se registraron un total de 639 agresiones contra periodistas, es decir, un alza del 13.9% comparado con el año anterior, lo que ha generado una alerta unánime a nivel nacional.
En otras palabras, un periodista o comunicador es agredido cada 14 horas, incluidos los cinco asesinatos que se han documentado de personas dedicadas a la prensa en lo que va de esta administración federal.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México hay 44 mil 364 personas que se desempeñan como periodistas o en actividades de locución.
Para Leopoldo Maldonado, director regional de la Oficina para México y Centroamérica de Artículo 19, el contexto que viven los periodistas en México es desolador, pues aseguró que el gremio enfrenta diversas barreras informativas que han ocasionado zonas de silencio en varios estados del país.
“El derecho a la verdad no es un gesto político ni una concesión del poder. Es un reclamo ético, jurídico y humano”. Es urgente construir una narrativa pública que reconozca a la prensa como un pilar fundamental de la democracia, no como un adversario”, dijo Maldonado en conferencia de prensa.
El salario de una persona que ejerce esta profesión oscila entre los ocho mil y los 15 mil pesos mensuales, según diversos portales de empleo del país y datos del sitio Data México.
Atentan contra libertad de expresión
El informe señala que uno de los principales obstáculos que enfrenta la prensa en México es el acoso judicial, utilizado como un método para silenciar y censurar a quienes ejercen esta labor. Mientras que quienes no se someten son violentados y, en el peor de los casos, agredidos y asesinados.
El ritmo de denuncias establece que cada tres semanas se inicia un proceso contra periodistas que publican investigaciones o publicaciones diarias en los medios que trabajan.
Y es el Estado mexicano el principal agresor al contabilizarse un total de 287 casos documentados el año pasado y que representa el 44.91% del total de denuncias. En años anteriores, organizaciones civiles han alertado de una escalada de violencia contra las personas que se dedican a informar sin que el gobierno se pronuncie al respecto.
A esto se suma la falta de justicia que padecen la mayoría de las víctimas de estas agresiones, ya que más del 80 por ciento de los casos de violencia presentados ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión quedan impunes.
Para dimensionar el problema de violencia que enfrentan los periodistas en México, es importante recordar que a nivel mundial se han reportado mil 752 asesinatos de comunicadores, desde 1993 hasta la fecha, mientras que en el país se tiene registro de 169 casos, que representa casi un 10% del total de registros.
Critican desaparición del INAI
Durante la presentación del informe anual, expertos y especialistas en Derechos Humanos y acceso a la información se pronunciaron en contra del Gobierno federal por desaparecer al INAI, pues afirmaron que este organismo autónomo ha servido para destapar actos de corrupción y seguir la pista a los recursos públicos.
“La desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) fue el inicio de un apagón democrático reflejado en la destrucción de otros contrapesos como el Poder Judicial”, lamentó el director general de Artículo 19.
En marzo pasado, el INAI vivió sus últimos días como organismo autónomo debido a la Reforma Judicial que aprobó el partido oficialista en el Congreso de la Unión, lo que generó una reacción en cadena de organizaciones civiles, las cuales afirmaron que esto fue un retroceso en materia de transparencia y rendición de cuentas.
Con información de Reporte índigo
