Una legislación de telecomunicaciones antidemocrática y antieconómica
Gerardo Gutiérrez Candiani
Afortunadamente hubo una respuesta favorable en la Presidencia de la República ante el rechazo que generó su propuesta de legislación de telecomunicaciones y radiodifusión. No sólo solicitó pausarla, sino revisar disposiciones que, dijo, pudieran dar una impresión de que se buscan poderes arbitrarios de censura, inclusive en las plataformas digitales.
Sin embargo, subsiste la inquietud.
Si se lee puntualmente lo presentado, y dado el contexto político, es complicado aceptar que estamos ante una “impresión” por exceso de suspicacia o defectos de redacción. Efectivamente, ésta concede dichos poderes, incluyendo suspender sitios de Internet sin orden judicial, a través de una nueva dependencia dotada de amplias facultades de intervención en toda la industria de telecomunicaciones y, lo que eleva más la preocupación, en el espacio digital.
No hay ambigüedad: “las autoridades competentes”, es decir, la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, sujeta jerárquicamente al Ejecutivo, podría hacer eso en caso de incumplimiento de leyes o normas. ¿Cuáles? Las que ella misma dicte, con un solo tomador de decisiones subordinado al máximo poder político. Y tampoco se define qué plataformas quedan bajo este control, pudiendo, por omisión en el texto, ser cualquiera, incluso una cuenta de redes sociales.
Como señalan especialistas, esto ni siquiera debería estar en la ley de telecomunicaciones y radiodifusión, pues la Constitución no prevé que el regulador de este sector y de los bienes públicos involucrados (el espectro radioeléctrico) tenga jurisdicción sobre Internet.
Esto es muy riesgoso, porque, como han señalado especialistas desde la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (Amedi), al darse a la referida Agencia tal poder, con éste no solo podría vulnerar el derecho de libertad de expresión, sino incluso los de educación, movilidad y otros, dado el papel que hoy tiene el medio digital en nuestras vidas.
Además, la iniciativa contiene otras disposiciones lesivas, lo mismo contra el Estado democrático de derecho que en menoscabo de la inversión en el sector.
Sigue a una directiva impulsada en el Gobierno del sexenio pasado en esta área y otras: en esencia, de retroceso o demolición de la apertura tanto política como económica que se ganó en las últimas décadas, a cambio de más concentración de poder político e intervención gubernamental sin contenciones.
Hay que ver el trasfondo, desde el desmantelamiento del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que está siendo sustituido por la citada Agencia, ya no con independencia constitucional y sin estructura de deliberación y decisión colegiada.
No por nada se ha advertido que incluso se vulnera al TMEC con este proyecto de legislación, reglamentaria a la reforma constitucional con que se extinguió al IFT: da un poder de juez y parte a la Agencia, debido, entre otras razones, a los otros papeles que se asignan, junto con el de otorgar, revocar y renovar concesiones.
¿Cómo impedir la arbitrariedad y la discrecionalidad con esta legislación? Más aún si, como legado de la reforma de 2024 al Poder Judicial, éste deja de ser un baluarte de la división de poderes y recurso efectivo para la defensa de derechos.
Como dice Jorge Fernando Negrete, experto en telecomunicaciones y redes: conculca el derecho de acceso al Internet y otros básicos cualquier ley que dé facultades para suspender plataformas digitales o castigue las inversiones en conectividad. Eso incluye el permitir la creación de empresas públicas para competir deslealmente.
Esta es una ley anti inversión, como ha advertido Irene Levy, Presidenta de Observatel: la discusión pública por la censura en Internet puede hacer que se pierda de vista otra amenaza, con un cambio profundo de las reglas del juego del sector que, efectivamente, apunta a consolidar una idea de “Estado-operador” del sexenio pasado, alterando radicalmente el marco de inversión para los operadores privados.
Se habilita al Estado a competir con éstos con concesiones comerciales, pero en condiciones preferenciales: por asignación directa, sin necesidad de licitar, y con espectro gratis. Además, exento de regulación. Contra con empresas sujetas al poder sin contrapesos de una dependencia.
En efecto, como anota Levy, todo esto va en contra de la neutralidad competitiva, tratados internacionales y, peor, deja un precedente para que esas condiciones se extiendan a otros sectores.
Así, de seguir con este tipo de legislaciones contrarias a la certidumbre jurídica y la competencia, estaremos elevando más y más el peso de una losa contra las inversiones en México.
Lo opuesto a lo que se logró con la anterior reforma de telecomunicaciones y el IFT: aunque tenía áreas de oportunidad, éste, como toda institución, ayudó a que llegaran grandes inversiones y a incentivar una competencia que acabó por reducir significativamente los costos de los servicios para los consumidores.
¿Por qué? Por lo inverso a lo que ahora se propone: por el énfasis en la independencia técnica y de las decisiones regulatorias del regulador, buscando aislarlo del poder político y del económico. Como resume la especialista citada: un órgano constitucional autónomo, con gobierno colegiado de comisionados profesionales, transexenales, con transparencia y rendición de cuentas.
Ahora, vamos a una dependencia con un solo titular que reporta al máximo poder político.
Otro riesgo más: como alerta la Red en Defensa de los Derechos Digitales, esta legislación prevé, asimismo, que la Agencia tenga la facultad de expedir los lineamientos para un registro de usuarios de servicio móvil de observancia obligatoria. Otro intento para algo similar al Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), que generó tanta controversia por la seguridad de los datos personales.
Los mexicanos, sin duda, debemos pensar en una inevitable transformación digital. Pero no una como la que hoy se está planteando, y no por necesidades y preferencias de la sociedad.
Con información de El Sol de México
