Birmex, desastre y corrupción
Agustín Castilla
La salud es de lo más valioso que puede tener una persona –aunque muchas veces no estemos conscientes de ello–, es un derecho humano fundamental que debe ser garantizado por las autoridades –con mayor razón tratándose de un gobierno que se asume como humanista– por encima de ideologías, partidos o de cualquier cálculo político, proporcionando a la población servicios de salud de calidad, lo que implica el acceso a una atención oportuna y con sentido humano, a un diagnóstico certero para lo cual es necesario que se puedan realizar los estudios que se requieran, así como a un tratamiento adecuado que incluya medicamentos, cirugías, quimioterapias, diálisis etc.
Sin embargo, los errores y omisiones del anterior gobierno han tenido enormes consecuencias para nuestro sistema de salud pública con la desaparición del Seguro Popular y el fracaso del INSABI, la caída en la vacunación de niñas y niños o el grave desabasto de medicamentos. De acuerdo con datos del extinto CONEVAL, de 20 millones de personas que tenían carencias por acceso a servicios de salud al iniciar el sexenio, para 2022 se había incrementado a 50 millones. Otro dato que evidencia la poca importancia que se le ha dado en los últimos años, es que el gasto en salud es de apenas 2.7% del PIB mientras que la Organización Mundial de la Salud recomienda que por lo menos sea del 6%.
En este complicado y penoso escenario, la presidenta Claudia Sheinbaum se comprometió desde el inicio de su gobierno a transformar el sistema de salud a partir de tres ejes: la regulación sanitaria, el fortalecimiento del modelo de atención preventivo, y el abastecimiento de insumos y medicamentos señalando que para marzo se comenzarían a distribuir a todos los hospitales y centros de salud. Sin embargo, a mediados de ese mes se informó que se detectaron casos de corrupción en la compra de medicamentos para 2025-2026 a cargo de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) con un sobreprecio de 13 mil millones de pesos, por lo que se tuvo que cancelar la licitación.
Es decir, esta empresa estatal que es la responsable de comprar y distribuir medicamentos y vacunas con los resultados ya conocidos durante la administración del presidente López Obrador –por ejemplo en 2023 se dejaron de surtir más de 7 millones y medio de recetas–, y que además participó en la creación y operación de la Megafarmacia que a la fecha sigue siendo un elefante blanco, volvió a dejar a la gente sin las medicinas que requiere para atender sus problemas de salud, con lo que incluso se puede poner en riesgo su vida como es el caso de pacientes con cáncer.
A la improvisación y falta de personal calificado –en noviembre de 2024 el Órgano Interno de Control señaló irregularidades en la contratación de personal por duplicidad de cargos, falta de documentos para comprobar nivel de estudios y por no contar con el perfil–, ahora se suma un escándalo de corrupción que es equiparable al desfalco de Segalmex. Cuando menos en este caso se dieron a conocer los hechos desde el mismo gobierno, se destituyó al titular de Birmex, así como a otros funcionarios y se anunciaron investigaciones para sancionar a los culpables, lo que marca una diferencia importante respecto al sexenio anterior en que se protegió a Ignacio Ovalle a quien solo cambiaron de puesto. Esperemos que en esta ocasión no haya impunidad, y de una vez por todas se tomen las medidas necesarias para que efectivamente lleguen los medicamentos a quienes los necesitan en el menor tiempo posible. Con la salud no se juega.
Con información de La Silla Rota
