Desorden en el Senado frena alza salarial a policías, maestros y personal de salud

Karla Alva

El aumento salarial a policías, maestros y personal de salud se ha quedado atorado en el Senado de la República, esto pese a que, por unanimidad, el Congreso de la Unión, en 2024, aprobó la reforma Constitucional correspondiente.

Dicha reforma, mediante la cual se modificó el apartado B del artículo 123 Constitucional, también obtuvo ya la aprobación de las 32 legislaturas estatales, sin embargo, la Mesa Directiva del Senado, que preside Gerardo Fernández Noroña, afirma que no se han entregado, de manera formal, los votos correspondientes para hacer la declaratoria de constitucionalidad, situación que impide la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), y por ende, la entrada en vigor.

La reforma establece que las remuneraciones para maestros, policías y personal de salud no puede ser inferior al salario que se registre ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo que deriva en que los servidores de estos sectores deben percibir un ingreso mínimo de 16,777 pesos.

El diputado Pablo Vázquez Ahued, de Movimiento Ciudadano, entregó, a la Mesa Directiva del Senado, 26 votos estatales, indicando que la reforma ya cuenta con la aprobación de los congresos estatales, necesarios; además de la aprobación unánime del Congreso de la Unión.

Contexto: En mayo de 2024, el Senado de la República aprobó una reforma constitucional que busca establecer como derecho que los trabajadores del sector público en seguridad pública, educación y salud perciban un salario mínimo mensual de al menos 16,777 pesos, monto equivalente al costo de la canasta básica urbana. Esta reforma se incorporaría al Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de garantizar condiciones laborales más dignas a sectores estratégicos para el desarrollo y bienestar del país.

El dictamen fue aprobado por unanimidad en el Senado, con 109 votos a favor, y ahora debe ser discutido y avalado por la Cámara de Diputados y, posteriormente, por al menos 17 congresos estatales para que pueda entrar en vigor.

Esta iniciativa surge ante la persistente precarización salarial que enfrentan maestros, policías y personal de salud, cuyas percepciones en muchos casos no cubren ni la línea de bienestar. Diversas organizaciones y especialistas han denunciado que estos trabajadores realizan tareas fundamentales para el Estado mexicano, pero con remuneraciones muy por debajo del promedio nacional, afectando no solo su calidad de vida, sino también la eficiencia y profesionalización del servicio público.

La reforma también incluye mecanismos para que los gobiernos federal y estatales, en coordinación, garanticen el presupuesto necesario para cumplir con este piso salarial, sin vulnerar la autonomía presupuestal de los estados ni comprometer otros programas sociales.

El retraso

El retraso en la entrada en vigor de esta reforma lleva a que todos los trabajadores del sector salud, policías y maestros tengan merma en sus ingresos. Este personal es considerado pilar fundamental para el funcionamiento social.

Lo que la reforma busca es establecer un piso mínimo salarial, lo que representaría una mejor económica.

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