La Pax Narca: lo que está por venir tras la detención de Ovidio Guzmán
Álvaro Aragón Ayala
La irrupción de fuerzas militares artilladas, en la que circunstancialmente intervino la Policía Estatal Preventiva, que derivó en el arresto de Ovidio Guzmán López, rompió cuando menos por un día la Pax Narca en Sinaloa por la resistencia violenta del grupo delictivo a raíz de la detención del capo di tutti capi, reacción que paralizó las actividades sociales, económicas y políticas y generó pánico en la sociedad sinaloense.
Los regímenes del PRI impusieron la Pax Narca como modelo de seguridad al reducir la ofensiva gubernamental para permitir a las bandas criminales empoderase en actividades del narcotráfico y repartirse los territorios en los que prevalece una hipotética calma. El sistema fue retomado por el gobierno federal morenista que había optado por la tolerancia y la disminución de la persecución oficial a los cabecillas de los cárteles de la droga.
En la última década, únicamente en dos ocasiones se alteró la Pax Narca en Sinaloa: el 17 de octubre del 2019 cuando se detuvo en Culiacán a Ovidio Guzmán, quien horas después fue liberado a raíz del estallamiento de la violencia urbana y la amenaza de ataques a familias de un conjunto habitacional militar; El pasado jueves 5 de enero en la que fue detenido y consignado Ovidio Guzmán.
El arresto del capo desató balaceras, bloqueos, robos y saqueos de comercios e incendios. La crudeza de los enfrentamientos entre militares y narcos desencadenó la muerte de elementos de seguridad, soldados y delincuentes. La jornada sangrienta dejó como saldo 29 fallecidos, 35 heridos y 21 detenidos, 250 vehículos robados, 60 de ellos quemados, y el incendio de camiones recolectores de basura en Culiacán.
Entendida como un cambio en la lógica de la estrategia de la lucha contra el narcotráfico, la detención del capo de tutti capi, ofrece la lectura de la posibilidad de que se desaten actos terroristas reactivos y selectivos en los próximos días y semanas en la zona de influencia del cártel diezmando, bajo la deducción de que al grupo delictivo le urgiría dar una demostración de poderío y dominio de las plazas en su poder.
La hipótesis de seguridad nacional direcciona la vertiente, dada la intervención en los operativos de la Policía Estatal Preventiva, de que, luego de una recomposición interna del cártel, los viejos y nuevos liderazgos del crimen podrían provocar un acercamiento conciliador o violento con los cuerpos policiacos locales para dejar asentado quien manda, la advertencia de no se metan en sus territorios y que la bronca es con los militares o el gobierno federal.
La caída de Ovidio Guzmán ofrece la lectura de que el gobierno desechó la estrategia de abrazos y no balazos en el combate al crimen organizado, que el presidente Andrés Manuel López Obrador higienizó su imagen con el golpe a una figura del narco con el que lo ligaban sus detractores y que cuando menos Morena no pactará con el crimen en las elecciones de Coahuila ni en los comicios presidenciales del 2024.
Los sinaloenses son realistas. Criados en pleno corazón del narcotráfico, entienden de que mientras el gobierno-Estado mexicano carezca de la fuerza para imponer orden y para evitar los daños colaterales a civiles, la Pax Narca pervivirá como modelo de seguridad. Lo más grave es cuando, dado su poderío, los narcos inciden dictando las reglas del juego de la convivencia social y la competencia política.
