Gobiernos de coalición
Guillermo Buendía
El 19 de diciembre el presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas presentó la iniciativa de Ley del Gobierno de Coalición para reglamentar los artículos constitucionales 76 y 89. A finales de enero, Manlio Fabio Beltrones retomó el asunto. Si damos crédito a las revelaciones de Beltrones hechas en la plenaria de diputados y senadores del PRD, llevada a cabo en Ixtapa de la Sal, Estado de México, que al inicio del sexenio Felipe de Jesús Calderón Hinojosa ofreció posiciones en su gobierno a Mariano Palacios Alcocer para integrar un gobierno de coalición -ofrecimiento rechazado bajo el argumento de que no había legislación alguna al respecto- el entonces titular del Ejecutivo no hizo ninguna modificación constitucional al artículo 76.
El 10 de febrero de 2014 aparecieron publicadas en el Diario Oficial de la Federación las reformas a este artículo hechas por la LXII Legislatura, las cuales facultan al Senado para ratificar los nombramientos de los titulares de las secretarías de Estado que haga el Ejecutivo Federal en el supuesto de que exista un gobierno de coalición. Entre los cargos contemplados están los de la Defensa Nacional, Marina, Relaciones Exteriores, embajadores, cónsules y titulares de los órganos autónomos en telecomunicaciones, energía, competencia económica. En el marco de las reformas politico-electorales del presidente Enrique Peña Nieto, en la misma fecha, también aparecían las adiciones al segundo y tercer párrafo de la fracción segunda del artículo 89 para regular la entrada en funciones de los secretarios de Estado de acuerdo a los supuestos previstos en el artículo 76.
Este asunto, en las actuales circunstancias políticas del país, debe estar en el debate público ya que no solo es un procedimiento normativo, sino de un tramado institucional y recomposición de fuerzas políticas para constituir gobiernos de coalición con la interacción de los partidos que encuentren, en estos gobiernos, la figura garante de la gobernanza. En 2012, con el retorno del PRI a la presidencia de la República, el Pacto por México fue la expresión informal de un gobierno de coalición. El documento suscrito por PRI-PAN-PRD posibilitó, más allá de las reformas estructurales para reconfigurar al Estado de acuerdo con los esquemas de privatización del modelo neoliberal, inéditos mecanismos políticos metaconstitucionales para operar alianzas de gobierno entre los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional.
Antecedentes ha habido en la historia contemporánea. En 1988, el gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari -para legitimar el gobierno de facto, así lo calificó Luis H. Alvarez- requirió el reconocimiento del PAN y el involucramiento de este partido en posiciones de gobierno. Ernesto Zedillo Ponce de León nombró a Antonio Lozano Gracia procurador General de la República, cercano colaborador de Diego Fernández de Ceballos, ambos militantes del PAN. Antecedentes y concertaciones políticas han dado las condiciones para establecer mecanismos constitucionales y regulación secundaria sobre cómo se ha de dar la conformación del gobierno de coalición en el contexto del desarrollo democratico de nuestro país. La interrelación de uno o más partidos con el Ejecutivo, términos y alcances de planes y programas de gobierno, métodos de designación y nombramiento de integrantes del gabinete presidencial, entre otros aspectos sobresalientes de las relaciones de poder, son aspectos torales de los gobiernos de coalición.
No es un problema estrictamente relacionado con los sistemas de partidos y electoral por sí mismo, aunque sin éstos no se podrían conformar gobiernos de coalición. De ahí la pertinencia de un debate amplio al respecto. La confrontación política actual ha definido dos bloques partidistas que hace imprescindible establecer una legislación en materia de gobiernos de coalición con el fin de evitar escenarios de ingobernabilidad, tentaciones golpistas, guerras sucias o parálisis legislativa.
La propuesta legislativa priista evidencia el interés politico de establecer un marco legal para sujetar las relaciones y lucha por el poder público en coalición. En este sentido, el rezago propositivo del PAN es notorio. Ni Santiago Creel, quien fuera secretario de Gobernación del gabinete de Vicente Fox y uno de los aspirantes a la candidatura presidencial del PAN, se ha pronunciado al respecto cuando, precisamente, desde el empresariado se impulsa una coalición de derecha que rebasa la esfera electoral y apunta hacia una gobierno de esta naturaleza, con la interacción del PRI y otras fuerzas.
