Elecciones 2027: el reto de preservar la confianza ciudadana

Rumbo a 2027, el INE debe enfrentar uno de los retos más importantes: preservar la credibilidad en los procesos electorales a través de dar certeza de que los actores políticos se conduzcan conforme a la normativa electoral.

Carla Humphrey Jordan

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) estará dando el banderazo de salida al proceso electoral federal 2026-2027 el próximo 10 de septiembre que concurre con múltiples elecciones locales: en 17 entidades se renovará la gubernatura; en 31 estados los congresos locales y en 30 entidades federativas las autoridades de los distintos ayuntamientos y alcaldías de la Ciudad de México.

El reto no es menor, sobre todo si pensamos en poco más de 100 millones de personas podrán ejercer su derecho al voto, así como las y los mexicanos residentes en el extranjero que así lo manifiesten para distintos cargos de elección popular de acuerdo con las normativas electorales locales.

La responsabilidad del INE será llevar a buen puerto la organización y desarrollo de las elecciones federales por el que se renovará la Cámara de Diputadas y Diputados, así como este cúmulo de elecciones locales en coordinación con los Organismos Públicos Locales Electorales.

No obstante, el INE tiene otro gran desafío que no se circunscribe a la instalación de las casillas electorales, a la contabilización de los votos depositados en las urnas, a la entrega de resultados, entre otros, sino lograr que la ciudadanía tenga la certeza de que su voto será contabilizado por el partido político, coalición o persona candidata de su preferencia.

La ciudadanía espera que las autoridades electorales tanto administrativas como jurisdiccionales actúen con apego a la ley, con plena autonomía a su gestión y a sus decisiones las que invariablemente, la población espera estén apegadas a derecho.

La confianza ciudadana en las elecciones y, en particular en las autoridades electorales no se construye en un día, es un esfuerzo permanente que se desarrolla en que la ciudadanía sea partícipe y testigo del andamiaje cotidiano de la autoridad electoral.

La falta de confianza en las autoridades electorales o bien, a los procesos electorales tiene varias consecuencias, entre otras, refiero las principales: baja participación ciudadana por apatía, desinterés o, de plano por desconfianza de los actores políticos participantes, de las autoridades electorales o, incluso, de las reglas del juego.

Por ello, rumbo a 2027, el INE debe enfrentar uno de los retos más importantes: preservar la credibilidad en los procesos electorales a través de dar certeza de que los actores políticos se conduzcan conforme a la normativa electoral; generar información permanente sobre las principales actividades relacionadas con la organización de las elecciones; indicadores de las principales actividades y el ejercicio del gasto como una política permanente de transparencia y rendición de cuentas; esquemas para combatir la desinformación que se ha presentado como un cáncer que gangrena nuestra democracia;  ser el pilar institucional que combata la polarización política; ejecutar todas y cada una de sus actividades conforme al marco legal, eficientando sus resultados en la búsqueda permanente de que la población sienta suya cada elección; emitir acuerdos y resoluciones apegadas a derecho para que la población vea una institución firme a sus atribuciones legales y que no deje duda de su actuar, entre otras más.

La confianza ciudadana debe ser en esta elección el principal ingrediente que de vida y sustente una fiesta cívica democrática en donde la población tenga la última palabra sobre el rumbo que le impregnará al poder público por los próximos años.

Estoy segura de que, el INE tal cual lo ha venido realizando por más de 30 años, entregará una vez más, las cuentas que le den esa confianza a la ciudadanía de su sistema democrático.