Autoridades estatales en la ilegalidad
Alfonso Carlos Ontiveros Salas
¿Qué sucede en el Gobierno de Sinaloa? La pugna legal por la Ley de Educación Superior del Estado ha desencadenado persecuciones políticas personales ¿Quién sanciona estos desvaríos?
Hacer uso de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica de Sinaloa, dependiente de la Fiscalía del Estado, debe justificar sus actuaciones con denuncia previa que funde y motive las presunciones de que una persona se beneficia o hace uso de recursos de procedencia ilícita.
Quien está sujeto a una relación laboral debe entenderse que sus ingresos se obtienen mediante la comprobación de los recibos de nómina que registra el salario percibido. La revisión del presupuesto de la Universidad Autónoma de Sinaloa está a cargo de la Auditoría Superior de la Federación y los ingresos propios que se obtienen, la Ley Orgánica de la propia Institución lo resuelve en relación a la Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria.
Por tal motivo, toda investigación criminal deberá llevarse a cabo por autoridades federales, pero no las del Estado. Los recursos con los que se paga el salario de los trabajadores universitarios o los jubilados de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ya se ha dicho que no son recursos estatales. Si la Fiscalía General Estatal quiere saber lo que hay en las finanzas universitarias que lo solicite a la Auditoría Superior de la Federación.
Los actos intimidatorios que se han venido realizando por la UIPES con su presencia en las instalaciones universitarias, constituyen actos de molestia que deben ser denunciados ante las autoridades competentes de la federación. En el Estado es difícil que haya una intervención imparcial de sus autoridades ante la evidente demostración persecutoria enrareciendo toda tranquilidad en la Casa de Estudios Rosalina.
Los actos de investigación de la UIPES se extienden también con la finalidad de tener acceso a registros presupuestales de la Universidad Autónoma de Sinaloa relacionados con las adquisiciones de bienes y servicios, porque es otro rubro que han filtrado a los medios de comunicación y cuya investigación no es de la competencia de esa dependencia de la Fiscalía estatal sino de las autoridades federales que auditan a la Universidad.
Los burdos procedimientos que se utilizan ponen al descubierto sus avisos fines. Tratan de eludir de esa manera las limitaciones impuestas por las suspensiones otorgadas en favor de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Recurrir a la UIPES quieren romper la protección constitucional con esos actos de investigación que deben ser denunciados y sancionados.
Un asunto grave de violación a la autonomía universitaria con la expedición y vigencia de la Ley de Educación Superior Estatal ha desencadenado una persecución sin precedentes en la historia de Sinaloa contra personas que han osado enfrentar el poder político estatal pero protegidos en todo momento con la constitución y en la ley.
La represión estatal contra funcionarios universitarios se enfrentará con toda la energía que les da la razón y la ley, cualesquiera que sean sus consecuencias. La Universidad tiene historia en la defensa contra el abuso gubernamental y la represión política que en el pasado se ha tenido que enfrentar. Hoy no será la excepción. Muertes y presos políticos nublan ese escenario rosalino ¿Se repetirá esa historia?
La diferencia política se degrada. Las autoridades gubernamentales se desesperan y recurren a la represión personal y familiar. Los golpes duelen, pero no desanimarán la voluntad de luchar hasta el final. La moral institucional y política se esfuma, para dar paso a la espiral autoritaria de un gobierno que ha perdido la capacidad de resolver el conflicto con apego cabal a la legalidad. Los que estamos al frente de las diferencias, por lo que se ve, somos blanco de esa represión estatal, y recuerdo aquella frase en los defensores de la Universidad. Hasta la victoria siempre.
