Lava volcánica salpica ¿a quién quemará?
Alfonso Carlos Ontiveros Salas
Molestó al gobierno la manifestación de la comunidad universitaria rosalina frente a la Fiscalía General de Justicia, que fue una pequeña muestra-respuesta ante la cerrazón y la arbitrariedad de un gobierno empeñado en violar la autonomía universitaria de la Universidad Autónoma de Sinaloa
Rechazar la Ley de Educación Superior de Sinaloa es la causa de la persecución política contra el Rector y otras autoridades de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Faltan a la verdad de que cuando argumentan que el acoso del gobierno es por no permitir que la Auditoría Superior del Estado audite a la Casa de Estudios Rosalina.
Falsean, le mienten al pueblo de Sinaloa al difundir que en la Universidad Autónoma de Sinaloa se maneja su presupuesto con oscuridad y favoreciendo intereses particulares o de un partido político. La Auditoría Superior del Estado no tiene competencia para realizar revisiones presupuestales de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Falsean a la sociedad sinaloense al calificar que el Subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública Luciano Concheiro y a la Directora General de Educación Superior e Intercultural de la propia Secretaría, litigan en favor del Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y que son socios en el conflicto que enfrenta la UAS con el gobierno del Estado.
Graves calificativos de un gobierno que debe caracterizarse por el respeto hacia funcionarios que de manera periódica y permanente tienen que participar en actos en los que la federación y el estado participen como es el caso de la celebración y firma de los convenios de transferencias de recursos federales para la educación superior.
Ni socios ni defensores ante los tribunales los mencionados funcionarios federales, en el conflicto que el estado ha propiciado contra la UAS, son sólo funcionarios federales interesados y preocupados en resolver un conflicto cuyos orígenes es una ley que viola la autonomía universitaria y que debe armonizarse con la Ley General de Educación Superior si se quiere resolver esa controversia.
La actitud gubernamental ofende la buena fe y la disposición de las autoridades federales que han intervenido activamente proponiendo soluciones al problema mismas que lamentablemente han sido rechazadas absurdamente por la autoridad estatal.
Ese rechazo a la Ley de Educación Superior de Sinaloa es la causa de haber utilizado a la Auditoría Superior del Estado para que sin tener competencia llevara a cabo una serie de avisos para auditar a la Universidad Autónoma de Sinaloa con la complicidad de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado y de este mismo Poder.
Mucho han tenido que ver con la tozudez gubernamental los Diputados Feliciano Castro y Sergio Mario Arredondo, que sin pudor alguno se han prestado como instrumentos voceriles para sostener falsedades afirmando atribuciones de las que carece la ASE para auditar a la Universidad Autónoma de Sinaloa.
La plataforma de falsedades auspiciadas por el uso abusivo del poder público, llevaron a sacar de su confort a la Fiscalía General del Estado para que simulara la integración de carpetas de investigación prefabricando delitos contra el Rector y otras autoridades universitarias y llevarlas ante la autoridad judicial con el acuerdo de dictar todas las medidas necesarias para destituir al Rector de su posición nombrada por el H. Consejo Universitaria.
Esas arbitrariedades constituyen una verdadera coalición o asociación de servidores públicos constituida para delinquir y asestar el golpe demoledor en contra del dirigente universitario. La comunidad universitaria se apresta a rechazar esa agresión gubernamental con toda su fuerza. La lava volcánica podría quemar, no salpicar, a los enemigos de la Universidad. Basta de amenazas y persecución política en contra de los directivos universitarios y basta de ofensas a la comunidad universitaria. No a la Ley de Educación Superior de Sinaloa.
