Redes, debate y democracia
Luis Octavio Vado Grajales
Debido a una restricción temporal, nos dimos cuenta que la plaza pública digital por excelencia, Twitter, en cualquier momento dejará de serlo. Ya sé. Es propiedad de una empresa que, dada la libertad económica, puede tomar las decisiones que considere adecuadas.
Pero, ¿esto debe ser así?
La discusión pública es un requisito de la democracia; sin el calor del debate, ¿cómo formarse una opinión? ¿cómo decidir entre las diversas opciones?
Te pregunto: ¿dónde participas en la discusión política?, ¿en un círculo de lectura?, ¿en una plaza física escuchando discursos? Probablemente respondas que no, que es en las redes en donde te informas, recoges opiniones y, sobre todo, participas.
Este último es un rasgo distintivo de las redes, la interacción inmediata, algo que solo habíamos experimentado en la conversación cara a cara. ¿Has regulado o construido una decisión política a partir de lo que viste en redes?
Cada empresa propietaria de una red fija los criterios para permitir el diálogo. Por ejemplo, proscribe ciertas palabras o limita las imágenes que se puedan subir; este control es necesario, de hecho debería afinarse para evitar difamaciones, violencia de género, etc.
Aceptando lo anterior, ¿deben ser las propias empresas las que tengan la última palabra acerca de lo que puede o no publicarse? Dicho de otra forma, el diálogo público y democrático, ¿debe ser controlado de manera soberana por quienes tienen fines esencialmente mercantiles?
Hay razones para contestar afirmativamente; primera, se trata de negocios en los cuales su propietario/a puede disponer; segunda, porque darle algún tipo de control al gobierno podría permitirle coartar la libertad de expresión, lesionando la discusión democrática en lugar de protegerla.
Pero también hay argumentos para proponer una limitación del poder decisorio de las empresas. Frente a la afirmación de la propiedad privada, debe reconocerse que esta se limita en razón de del respeto de los derechos de terceras personas, o por la utilidad pública.
El miedo a un actuar indebido del gobierno parte de la esencia del constitucionalismo liberal, que lo ve como un mal que debe tolerarse por necesario, pero limitarse lo más posible. Reconociéndolo, cabe pensar en una regulación adecuada, diseñada por el Legislativo teniendo a la vista la finalidad de proteger derechos, así como la aplicación de tales normas por conducto de una judicatura imparcial y especializada en la tutela de derechos.
Dejo aquí la propuesta. ¿Sería algo mejor que lo que tenemos hoy? ¿protegería eficazmente la libertad de expresión en redes, indispensable en nuestra democracia actual?
