La reactivación de la Ley de la Selva
Elisur Arteaga Nava
El licenciado Uriel Carmona Gándara, fiscal del Estado de Morelos, fue aprehendido; su detención fue con lujo de violencia y exceso de publicidad. Las condiciones en que se realizó, el arresto, tienen una posible explicación: medió una solicitud del gobernador Blanco y contó con la aprobación presidencial. Quienes lo ejecutaron lo hicieron en acatamiento de órdenes de quien podía darlas. No hay de otra.
El licenciado Carmona ya está en prisión y, seguramente, consciente de que lo está por lo que “sabe”, y no por lo que ignora. No digo que el detenido sea una blanca paloma. Sería una irresponsabilidad decirlo. No conozco su desempeño profesional ni su actuar como fiscal. Aludo al tema específico de su detención.
En el arresto hubo un número crecido de violaciones; son de diferente índole: constitucional, procesal y política. Se violentaron los derechos que asisten al detenido. Hago referencia a algunas violaciones. Las más graves.
Se habla de que en la aprehensión del señor Carmona intervinieron agentes de la policía del Estado de Morelos, de la Ciudad de México y elementos de la Secretaría de Marina.
De ser cierta la presencia de elementos policiacos del Estado de Morelos, ellos incurrieron en una violación a la Constitución Política de la entidad, por cuanto a que a nivel local el detenido goza de inmunidad. Los que intervinieron merecen ser encausados. No es dable a una autoridad alegar ignorancia: la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció la existencia de la inmunidad.
En cuanto a la intervención de los elementos de la Secretaría de Marina no puedo dejar de reconocer que, si bien era necesaria, dado el cuerpo de seguridad con que contaba el fiscal Carmona, debemos admitir que fue violatoria del artículo 111 constitucional; quien dispuso su intervención, puede ser acusado de haber incurrido en responsabilidad en el desempeño de sus funciones y de violar la Constitución general; hubo un abuso de autoridad.
Ignoro la calidad de la intervención de los agentes de la Ciudad de México en la aprehensión; ellos dejaron de ser autoridad al encontrarse dentro de los límites del estado de Morelos, su actuación en detención del señor Carmona raya los linderos del secuestro.
El señor Carmona goza de inmunidad local dentro del territorio de su estado y, por lo que toca a delitos federales, tiene inmunidad en toda la República, por ello, cosa diferente habría sido si la detención se hubiera practicado en la Ciudad de México. No fue el caso.
En el supuesto existe un problema competencial. Se acusa al fiscal morelense de haber obstaculizado la justicia, de haber alterado los resultados de la necropsia de la joven Ariadna Fernanda López Díaz. Al parecer los hechos, de ser ciertos, se realizaron dentro del territorio del estado de Morelos. Obvio: la necropsia no la realizó el licenciado Carmona. La Fiscalía de la Ciudad de México carece de competencia para conocer de esos hechos.
Algunos diputados locales, al saberse del arresto protestaron e invocaron la inconstitucionalidad del acto. Al pasar el tiempo, y, tal vez, al recibir “mensaje de que le bajaran”, su actitud cambió. De persistir en su protesta, el Congreso local tiene expedita la vía de la controversia constitucional para impugnar la ilegal detención.
El otorgamiento de una suspensión implicaría la libertad del señor Carmona y su regreso al cargo de fiscal hasta que concluya el periodo para el que fue designado.
En todo este embrollo hay muchas cosas que son ciertas:
Se ha iniciado la aplicación de la Ley de la Selva, que ya considerábamos derogada; eso significa que todos pueden hacer lo que les venga en gana, sin importar lo que dispongan la Constitución Política y las leyes.
Que la aplicación de la mentada ley la ha iniciado quien menos debió haberlo hecho: la fiscal de la Ciudad de México; ella no goza de ninguna inmunidad; no la tiene en el nivel federal, por cuanto a que, de conformidad con el artículo 111 de la Constitución de la República, para que ella este a salvo de la acción de la justicia, se requiere que en la Constitución local, la de la Ciudad de México, se le confiera inmunidad, y en este entidad, por disposición expresa de la Constitución local (art. 66, 1), nadie goza de ella.
De quedar libre el señor Uriel Carmona y reasumir el cargo para el que fue designado por el Congreso del Estado de Morelos, la fiscal de la Ciudad de México, por ejemplo, cuando quiera ir de vacaciones al Puerto de Acapulco, tendrá que hacerlo vía aérea o atravesando los territorios de los estados de Puebla y Oaxaca o del Estado de México y Michoacán. Ni se le ocurra hacerlo atravesando el territorio del estado de Morelos, puede ser aprehendida bajo la acusación de que, en agosto de 2023, ordenó ilegalmente privar de su libertad al señor Carmona.
Que la fiscal de la Ciudad de México hizo una apuesta muy peligrosa. Para el caso de que resulte electa para presidenta de la República alguien que no pertenezca a Morena, es evidente que lo que hizo es un abuso de poder del que tendrá que responder en su momento. No me gustaría estar en su lugar, ni tanto para acatar la orden de aprehender al señor Carmona ni de tener que responder por haberlo hecho.
El que la señora Claudia Sheinbaum, en su condición de “corcholata”, con fines electorales, haya aprobado la acción de la Fiscalía de la Ciudad de México, y la haya presentado como un logro en la lucha feminista a la que pertenece, es algo muy delicado. Es un indicio de que la acción ilícita se consultó con ella, no siendo autoridad; también es indebido que ella esté tratando sacar provecho de un ilícito.
El actual jefe de Gobierno, si no se desmarca de la ilegal acción de la fiscal de la Ciudad, de ganar la oposición la plaza, también pudiera quedar expuesto a que le sea aplicada esa Ley de la Selva. Tendrá que responder de esa ilegal detención.
En fin, el oficio de político y de gobernante tiene sus riesgos. El acatar órdenes o tomar determinaciones incomodas o peligrosas es inherente a la profesión que ejercen.
En Morelos se habla de que el señor Carmona le sabe algunas cosas ilícitas al actual gobernador de ahí que, para silenciarlo, ordenaron su detención y que será liberado en el momento en que dé la seguridad de que no hablará. Me niego a creerlo. De salir libre, sería conveniente que dijera algo de lo que hasta este momento ha guardado y, de no haber inconveniente legal, proceda contra quien corresponda, sin importar de quien se trate.
Lo ideal sería que lo hiciera un poco antes de las elecciones para gobernador. No sería remoto ver a Cuauhtémoc Blanco en prisión el año que entra. Amén, que así sea.
