Desaparición de personas: Un paradigma del crimen perfecto
Isabel Beltrán Gil/ GIASF*
El Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas (RNPDNO) [1], contabiliza víctimas desde el año 1964 (momento aproximado en el que inicia el periodo de la llamada “guerra sucia” en México), hasta la actualidad. En este periodo el número de personas desaparecidas ha oscilado significativamente, pero siempre ha predominado una tendencia al alza. Así, las cifras oficiales actuales señalan que existen más de 100 mil personas desaparecidas en México [2,3,4]. El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) señaló en su informe que entre 2006 y 2021 el crecimiento exponencial de las desapariciones encarna un 98% de las víctimas reflejadas en el RNPDNO [5,6].
Estos datos reflejan no solo una relación entre las desapariciones y la llamada “guerra contra el narcotráfico”, también son síntoma de la impunidad que permea en el país, además del incumplimiento de las políticas públicas propuestas para paliar esta situación y dar una pronta respuesta a las familias que buscan a sus “Tesoros”. Esto implica que las instituciones gubernamentales no tienen la capacidad ni recursos suficientes para poder buscarles con eficiencia y eficacia.
Los procesos de búsqueda y de identificación convergen en un mismo punto débil que incrementa el problema de la crisis forense que vive México: una incorrecta recuperación del cuerpo. Entre los ejemplos de malas prácticas que lo ilustran, se pueden mencionar dos: que el levantamiento de los restos humanos no se realiza de manera individualizada o que no se recupera la totalidad de los restos biológicos.
Los testimonios narrados por integrantes de distintos colectivos y familiares en búsqueda coinciden en este diagnóstico, pues expresan su indignación al señalar que los procesos de búsqueda y exhumación en fosas clandestinas no siguen los procedimientos adecuados. En el caso concreto de las exhumaciones, se debe a que el levantamiento de los restos humanos no se apoya en una metodología adecuada, ya que los familiares reportan que, al retirarse las autoridades y el equipo de personas peritas que intervienen en los referidos procedimientos, con frecuencia quedan presentes en el lugar de intervención, objetos y muchos restos óseos humanos [2].
Todo ello entraña una dificultad añadida al momento de realizar los análisis pertinentes para la identificación. Por tanto, la identificación incorrecta de los cuerpos recuperados se convierte en un componente del engranaje que nutre las cifras de personas desaparecidas.
El hecho de que las víctimas directas de la desaparición no sean identificadas o localizadas implica que la o las personas culpables de ello tampoco puedan ser encontradas. En este sentido, la desaparición es un crimen perfecto porque sin cuerpo no hay culpables. La horrenda “perfección” que representa la desaparición, corresponde a un espejismo enmarcado por una investigación imperfecta, que solo podrá ser subsanada con la integración de especialistas y profesionales que no estén subyugados por un sistema institucional y de justicia permeado por la corrupción y la coadyuvancia frente a este delito.
Según señala el CED, hay más de 52 mil cuerpos no identificados que se encuentran ubicados en fosas comunes de panteones municipales, universidades, centros de custodia, almacenamiento forense y en las instalaciones de los servicios forenses [6]. Estos cuerpos, que quedan doblemente desaparecidos gracias a la burocracia y el olvido institucional, siguen sumándose a las cifras presentes en el RNPDNO. Es decir, mientras no se pueda hallar la identidad de esos cuerpos recuperados de fosas clandestinas y no se proporcione una restitución digna a las familias, el número de personas desaparecidas junto al de los restos humanos no identificados, seguirá creciendo.
Por esta razón, el CED recomienda a México que elimine todos los obstáculos que limitan la persecución penal y el acceso a la justicia de las víctimas [6,7]. Lograr este objetivo requiere la contratación y participación de especialistas cualificados en los métodos técnico-científicos que sustentan a toda ciencia forense y criminalística. También supone asignar los recursos e infraestructuras necesarios para que se pueda desarrollar correctamente el trabajo forense, junto a la consolidación de políticas públicas robustas. Un ejemplo de estas podría ser la inversión económica destinada al mantenimiento de las cámaras frigoríficas. En muchos SEMEFOS estas han registrado un mal funcionamiento y ello repercute en la conservación de los cuerpos y, por ende, en su identificación.
Conviene recordar que, si bien por el momento la principal demanda de las familias en búsqueda es la de encontrar y recuperar los cuerpos de sus seres queridos desaparecidos, sigue siendo responsabilidad del Estado procurar la no repetibilidad del delito. Sin embargo, la única manera de alcanzar de forma integral este fin, es implementar políticas de prevención, así como desarrollar una actuación diligente por parte de las autoridades involucradas en la procuración de justicia en los casos de personas desaparecidas así como en su búsqueda. Solo así se podrá llevar una investigación satisfactoria que dé como resultado el encarcelamiento de los victimarios.
La desaparición de personas debe dejar de ser un paradigma del crimen perfecto, solo así México dejará de sumar más de 100 mil personas desaparecidas y se podrá hablar de justicia, verdad y reparación.
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* Isabel Beltrán Gil es doctora en antropología sociocultural y especialista en antropología forense. Orientó su perfil profesional hacia la recuperación e identificación de restos humanos, el análisis crítico de la muerte violenta en contexto de Derechos Humanos y la dimensión epistemológica de la antropología forense. Es integrante del Comité Investigador del GIASF.
El Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense (GIASF) es un equipo interdisciplinario comprometido con la producción de conocimiento social y políticamente relevante en torno a la desaparición forzada de personas en México. En esta columna, Con-ciencia, participan miembros del Comité Investigador y estudiantes asociados a los proyectos del Grupo (Ver más: www.giasf.org)
La opinión vertida en esta columna es responsabilidad de quien la escribe. No necesariamente refleja la posición de adondevanlosdesaparecidos.org o de las personas que integran el GIASF.
REFERENCIAS
[1] Se trata de un registro oficial alimentado constantemente por diferentes instancias y que es construido por la CNB (Comisión Nacional de Búsqueda). Su página web oficial es: http://suiti.segob.gob.mx/busqueda
[2] https://elpais.com/mexico/2022-05-18/el-pais-de-los-100000-desaparecidos.html
[3] https://www.animalpolitico.com/2022/05/mexico-100-mil-desaparecidos-impunidad/
[6] Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas. “Informe del Comité contra la Desaparición Forzada sobre su visita a México en virtud del artículo 33 de la Convención”. https://bit.ly/3a3EmbR
*Foto de portada: dos mujeres observan el trabajo de una retroexcavadora que se utiliza para buscar indicios de personas desaparecidas. Crédito: Lucía Flores
