Santiago Nieto contrató a despacho de abogados en EEUU por caso García Luna
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) cuando aún estaba a cargo de Santiago Nieto, firmó un contrato -sin ninguna licitación de por medio- con una firma de abogados de Estados Unidos para recuperar recursos relacionados con delitos de desvío y lavado de dinero cometidos en México.
A cambio, el despacho Krupnick Campbell Malone Slama Buser Hancock, PA, conocido como KCM, se quedaría con el 30% de los montos recuperados en cada litigio, así lo reveló este miércoles el portal Animal Político.
De esta manera -destacó el medio- los contratos impulsaron a nombre de México, un juicio en Estados Unidos para reclamar bienes del exsecretario de Seguridad Genaro García Luna, por más de 250 millones de dólares en ese país.
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En caso de que se gane el caso, 75 de los 250 millones quedarían en manos del despacho y el resto regresaría a las arcas públicas, resaltó el portal.
Pero de acuerdo con la investigación que ya realiza la Fiscalía General de la República (FGR) a partir de una denuncia, el contrato con el despacho es ilegal y Santiago Nieto es probable responsable del delito de uso ilícito de atribuciones, confirmaron autoridades federales al medio.
KCM fue contratada por Santiago Nieto el 14 de julio de 2020 y su “primera misión” fue promover una demanda civil ante la Corte del Onceavo Distrito Judicial del Condado de Miami, Florida, contra Genaro García Luna.
La demanda, presentada el 21 de septiembre de 2021 —mes y medio antes de la renuncia de Nieto a la UIF—, señala que se busca “recuperar al menos 250 millones de dólares robados al gobierno de México por García Luna” y los personajes que conspiraron con él, entre los que se encuentran otros exfuncionarios mexicanos, empresarios pertenecientes a la familia Weinberg y compañías fachada.
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De acuerdo al contrato entre la UIF y KMC, del cual el medio tiene copia, si la demanda civil prospera, la firma estadounidense obtendría un pago de honorarios por 75 millones de dólares, correspondientes al 30% de los recursos recuperables.
El pasado 4 de julio, la FGR inició, a través de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, una carpeta de investigación en contra de Santiago Nieto por el presunto delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, pues, según la indagatoria, el exfuncionario no tenía facultades para representar al Estado mexicano ni otorgar a terceros poderes de representación, además de que se violó presuntamente la Ley de Adquisiciones.
En un posicionamiento enviado al medio de comunicación, Santiago Nieto aseguró que tenía facultades legales para efectuar la contratación del despacho de abogados, que contó con el permiso de todo el gabinete de seguridad, y que, incluso, su sucesor en la UIF, Pablo Gómez, dio su “autorización expresa” para continuar con el acuerdo, aunque no presentó pruebas de estas afirmaciones, precisó el portal de noticias.
Argumentó que, debido a que el Estado mexicano no cuenta con una representación jurídica para procesos de este tipo, se suscribió un contrato con KCM mediante una “cuota litis”, es decir, sin posibilidades de cobro a menos que se obtenga la victoria legal.
De acuerdo con la FGR, el contrato con el despacho es ilegal y Santiago Nieto es probable responsable del delito de uso ilícito de atribuciones. Foto: Santiago Nieto y Alejandro Gertz Manero, titualr de la Fiscalía General de la República. (Foto: Andrea Murcia / Presidencia de la República Cuartoscuro)
Pero además, aseguró que el ningún proceso legal encabezado por el despacho generaría costo para las finanzas públicas, debido a que los gastos se cobrarían del 30% de los montos que se recuperaran.
Santiago Nieto, quien ahora es el fiscal interino en el estado de Hidalgo, aseguró que las indagatorias de la FGR ponen en riesgo los avances en el “sólido” proceso de recuperación de activos en el caso de Genaro García Luna.
El medio aclaró que mediante el acuerdo signado entre la UIF y KCM, también fueron contratados varios despachos asociados a la firma legal, por lo que en caso de ganar ese 30%, los honorarios deberán ser repartidos entre todos ellos.
Destacó que entre los despachos, pero del lado mexicano, se encuentra el Bufete Alanís Figueroa Abogados, que dirige Gonzalo Alanís Figueroa, hermano de la exmagistrada del TEPJF María del Carmen Alanís Figueroa, en cuya ponencia trabajó, como secretaria de Estudio y Cuenta, Carla Humphrey, actual consejera del INE y esposa de Santiago Nieto.
Infobae