El presidente embaucador
Héctor Tajonar
Sereno, seguro de su poder omnímodo, Andrés Manuel López Obrador decidió imprimir su imagen en el mural “La Epopeya del pueblo mexicano”, de Diego Rivera, justo abajo de Hidalgo y Morelos. Durante el mensaje del Cuarto Informe de Gobierno el manejo simbólico de su megalomanía quedó grabado para la posterioridad. Con menor eficacia, el mandatario intentó imponer una visión ilusoria de su gestión recurriendo a su machacona retórica basada en la tergiversación de datos y conceptos. Sin embargo, aun en tiempos de la posverdad la mendacidad ya no da para tanto.
López Obrador no sólo ha sido un mal gobernante sino un presidente embaucador. El DRAE define así el verbo embaucar: “Engañar o alucinar, prevaliéndose de la inexperiencia o candor del engañado.” Se cumplen todos los elementos de la definición. Por un lado, el deseo de engañar del mandatario, unido a su capacidad de simular y manipular; por el otro, aprovecharse de la ingenuidad y credulidad del engañado -el electorado mexicano-, proclive a creer en un líder carismático. Además, el embaucador alucina con sus mentiras.
El político tabasqueño supo aprovechar el hartazgo social frente a la podredumbre de la casta política para construir un personaje, un proyecto y una estrategia de comunicación política que fue capaz de sembrar esperanza en un 53% del electorado. Pero ha abusado y traicionado la confianza ciudadana. Detrás de su atractiva oferta de campaña se ocultaba un impostor invadido por una irrefrenable codicia de poder a la que los griegos llamaban hybris. A lo largo de cuatro años, la verdadera naturaleza del mandatario y de su gobierno se revela cada día con mayor nitidez. Ello conducirá a su némesis.
López Obrador insiste en que “no somos iguales”. La realidad es que él es una síntesis depurada del presidencialismo autoritario; ha perfeccionado todas y cada una de sus artimañas: Erosionar la división de poderes, adueñarse de la procuración e impartición de justicia, asegurar la lealtad de las Fuerzas Armadas mediante la cooptación de los altos mandos; intimidar a opositores y críticos, manipular a los medios informativos, así como implantar una política social basada en el clientelismo con fines electorales. A ello debe agregarse la opacidad y la simulación, instrumentos clave del autoritarismo
de ayer y hoy.
El mandatario en funciones es un maestro en el manejo de la propaganda política, en número de horas frente al micrófono supera a cualquiera. Haciendo un homenaje involuntario a McLuhan, López Obrador se ha convertido en el medio y el mensaje. Se ha adueñado del espacio comunicacional a través de una omnipresencia intrusiva que repugna a unos y hechiza a otros.
Su adaptación de la dictadura perfecta tiene algo de la vocación predicadora de Echeverría y su “necesidad fisiológica de hablar” (Cosío Villegas), del narcisismo petrolero de López Portillo, así como del maquiavelismo del “innombrable” Salinas de Gortari para construir su propia “mafia del poder”. También es una versión corregida y aumentada de su odiado Calderón, tanto por el pacto con el sindicalismo corrupto (SNTE y CNTE), como por su voluntarismo militarista. Asimismo, ha reproducido el ruin abuso de poder contra Carmen Aristegui a pesar de que en su campaña prometió que nunca lo haría.
En contraste, el macuspano ha traicionado la determinación del presidente Cárdenas de reducir el poder político de los militares. Cogobernar con las Fuerzas Armadas será el legado más regresivo y perdurable de la frustrada cuarta transformación.
El drama se torna tragedia. La barbarie criminal se extiende bajo el manto protector de un mafioestado (Buscaglia). Ciego ante el sangriento resultado de su estrategia, López Obrador se empeña en imponer la militarización del país para que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa; pasando por encima del mandato constitucional que lo impide, la seguridad pública quedaría en manos del Ejército. Su triquiñuela legislativa fue aprobada por la vía del mayoriteo express en la Cámara de Diputados. En el Senado se turnó a comisiones antes de su discusión en el Pleno. Si el Congreso aprueba la iniciativa, la Suprema Corte, hasta ahora omisa respecto a la creciente militarización, será la encargada de juzgar la inconstitucionalidad de la argucia.
Los fracasos de la 4T en materia de salud, educación, combate a la pobreza y la desigualdad; así como la falsedad de haber erradicado la corrupción y la impunidad son inocultables. Al desdén por el Estado de derecho se suma el creciente embate contra la normatividad y las instituciones democráticas.
Encubrir la evidencia del desastre se ha convertido en prioridad de la estrategia política e informativa del supremo demagogo. ¿Cómo hacerlo? ¡Con más simulación y mayor opacidad! El Cuarto Informe lo muestra, tomo como ejemplo dos temas: seguridad y educación.
Para el mandatario, el caso Ayotzinapa es una prueba de que no se admiten relaciones de complicidad con nadie y de que se combate la impunidad. Si bien es cierto que frente a la “verdad histórica” se declaró que la desaparición y asesinato de los 43 estudiantes fue responsabilidad del Estado, haber exculpado nuevamente al general Cienfuegos confirma la vigencia de la impunidad selectiva y la complicidad con la élite militar. Además, la desaseada captura y encarcelamiento de Murillo Karam ratifican el uso político de la prisión preventiva como arma de la facciosa justicia presidencial.
La responsabilidad de Peña Nieto en el caso Ayotzinapa se suma a las investigaciones contra el ex presidente por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, a cargo de la Fiscalía. Ello será utilizado por el zorro tabasqueño en el momento más favorable para lograr sus fines político-electorales. Recordemos que el resultado de la controvertida consulta popular para juzgar a los expresidentes fue del 90% a favor del “sí”.
La autocomplacencia presidencial respecto a su política de seguridad revela no sólo cinismo sino una total falta de compasión frente a las víctimas y deudos de la violencia creciente. El resultado de su imperdonable falta de responsabilidad es aterrador: Más de 121 mil 655 muertes dolosas en los primeros 42 meses de su gobierno (frente a los 120 mil 463 de todo el sexenio de Calderón); más de 105 mil personas desaparecidas (23 mil desde diciembre de 2018), cada día “desaparecen” 25 personas en el país. Aumento de los feminicidios (1,004 en 2021; 2% más que en 2020), diariamente son asesinadas 10 mujeres en México. Somos uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, así como para los defensores de derechos humanos (Human Rights Watch, Reporte Mundial 2022).
Durante los últimos tres meses, la violencia del crimen organizado se ha dirigido también contra la población civil, lo cual es considerado como terrorismo por Amnistía Internacional y por las leyes mexicanas. Once personas inocentes fueron asesinadas por grupos armados en Ciudad Juarez el 11 de agosto y un mes antes quince en Reynosa. En los estados de Jalisco, Guanajuato y Baja California la delincuencia organizada creó un estado de caos y terror al quemar vehículos particulares en las calles e incendiar farmacias y tiendas de conveniencia. En su Informe, el mandatario calificó a la cobertura periodística de la brutalidad criminal como “campaña amarillista” y dijo estar “absolutamente convencido (de que) estamos reduciendo la incidencia delictiva”. Hipocresía absoluta.
El fracaso de la estrategia de seguridad del presidente embaucador es patente e injustificable. Existe amplia evidencia en México y el mundo de que la militarización no resuelve sino agrava el problema. De acuerdo con la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, “la creciente militarización supone un debilitamiento de la institucionalidad democrática”. Militarizar la seguridad pública no sólo aumenta la violación de los derechos humanos sino da lugar a lo que he llamado el triángulo de la narcorrupción, formado por la presunta complicidad entre los capos del crimen organizado con la élite militar y el Poder Ejecutivo.
El gobierno de la 4T ha hecho caso omiso del que acaso sea el mayor desafío para la seguridad y la justicia en México. Dos datos lo ilustran de manera contundente: El 94.8% de los delitos denunciados quedan impunes, y una de cada cuatro detenciones en el país es ilegal (México Evalúa, 5/X/21). Avergüenza, pero no extraña, que el sistema de justicia penal de México esté catalogado entre los peores diez del mundo de acuerdo con la investigación de World Justice Project, la institución internacional de mayor rigor y prestigio en la materia (Informe 2020, p. 29). ¿Se ignora esta deplorable realidad en Palacio Nacional? ¿Qué se hace para remediarla?
Existe otro tipo de crimen que se comete en México con total impunidad: el crimen contra la educación. Bajo la 4T, la educación enfrenta una situación trágica, sin precedente; el mandatario la ocultó en su Informe.
Este es un resumen en cifras de la catástrofe educativa: Durante los cuatro primeros años de la actual administración la deserción escolar en educación básica y media superior alcanzó una cifra inédita: un millón 698 mil alumnos abandonaron la escuela, principalmente a causa de la pandemia. El rezago educativo es gigantesco: 30 millones de personas de 15 años o más no han terminado la educación básica. Una de cada tres personas en edad escolar, entre 3 y 29 años, no estudia. Antes del Covid, el 40% de los estudiantes de 15 años no comprendía lo que leía y el 60% no podía hacer operaciones aritméticas indispensables como una multiplicación de dos dígitos. El gobierno se ha negado a investigar el impacto negativo sobre el aprendizaje causado por la pandemia. (Entrevista a Eduardo Backkhoff y Carlos Mancera, Aristegui Noticias, 14/VIII/22)
En lugar de abocarse a resolver la crisis de aprendizaje y la caída de la matrícula, la Secretaría de Educación Pública (SEP) decidió desaparecer el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y elaboró un nuevo proyecto de planes de estudio para la educación básica llamado Marco curricular 2022, cuyo propósito es imponer un “cambio radical de paradigma”.
De acuerdo con Marx Arriaga, responsable del proyecto, se pretende eliminar por completo el modelo educativo vigente al que califica de “neoliberal, meritocrático, conductista, punitivo, patriarcal, racista, competencial, eurocéntrico, colonial, inhumano y clasista.” La catarata de epítetos revela claramente la intoxicación ideológica que invade al personaje, misma que pretende inocular a 18 millones de niños mexicanos. El acto de barbarie educativa no sólo es avalado por el presidente López Obrador sino promovido por él como parte de su alucinada “revolución de las conciencias”.
El nuevo marco curricular no define con claridad lo que se va a enseñar ni el método pedagógico que tendrán que aplicar los maestros para transmitir ese conocimiento. Tampoco se sabrá lo que aprendió el alumno ni su grado de comprensión del aprendizaje. No existe un plan de estudios bien estructurando ni libros de texto que lo sustenten. Pero, eso sí, se busca “desdisciplinar el currículum” y promover una “interculturalidad crítica”. Los señores Marx y Andrés se han propuesto borrar por completo la tradición educativa de México representada por Justo Sierra, José Vasconcelos y Jaime Torres Bodet; así como el legado humanista, científico y pedagógico de la cultura occidental. Nada menos. Ellos buscan implantar un modelo educativo “decolonial” (sic). Ante todo, destruir.
La 4T ha condenado a 33.6 millones de estudiantes a la mediocridad educativa y a permanecer estancados en la pobreza y la desigualdad social. La oportunidad de que la educación sea un factor de movilidad social que ofrezca a niños y jóvenes la posibilidad de tener un futuro promisorio para su crecimiento personal y profesional en el contexto de la sociedad del conocimiento, ha sido cancelada por este gobierno. Ello representará un freno para el desarrollo del país.
La prioridad presidencial es el clientelismo, la calidad de la educación es irrelevante. Lo único que le importa es cooptar a las dirigencias sindicales a fin de controlar el potencial desestabilizador mostrado por sectores radicales de la CNTE y, sobre todo, asegurar el apoyo del magisterio en las elecciones de 2023 y 2024. Para eso sí están capacitadas la nueva secretaria de Educación y su antecesora. Quien dude de la idoneidad de “Lety” para el cargo que le asignó su amigo y jefe de dos décadas, no puede perderse el fragmento de la entrevista exclusiva que la flamante secretaria concedió a Televisa; circula en redes sociales. Es un testimonio conciso e irrebatible del respeto que tiene el presidente López Obrador por la educación, los alumnos, los maestros y los padres de familia de México.
El presidente embaucador ha llevado la mendacidad, el cinismo y la demagogia a extremos inéditos incluso en la época dorada del presidencialismo autoritario. El fracaso de su gobierno en prácticamente todos los ámbitos de la política pública es patente a pesar de la opacidad y la simulación practicadas por López Obrador con destreza sin igual.
El mandatario cuatroteísta es hombre de certezas inamovibles. A pesar de la evidencia de los hechos, está convencido de la bondad, viabilidad, y permanencia de su proyecto: “Creo con racionalidad, mística y optimismo, que triunfará la Cuarta Transformación de México.” Su poderío le produce un placer extático: “Estoy feliz porque la revolución de las conciencias ha reducido al mínimo el analfabetismo político.” Alucinar es embaucar; también ofuscarse y confundir la ficción con la realidad.
Ya lo advirtió en una mañanera: “Lo mejor es lo peor que se va a poner”. Prevalecerá la vesania del poder. Continuará la destrucción y la arbitrariedad. El autoritarismo presidencial se radicalizará. El embaucador no está dispuesto a que nada ni nadie frene sus propósitos. Uno de ellos, acaso el más importante, es nunca separarse del más grande, el único amor de su vida: el Poder.
Aristegui Noticias
